Los fiscales anticorrupción de Sevilla entienden que el caso de los ERE no debe ir a la Justicia Europea. Así lo señalan en un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y donde señalan que el asunto se puede resolver en la Audiencia Provincial hispalense.
Esto contraviene el deseo expresado por dicho órgano de elevar al Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) la conocida como ‘pieza política’ del caso de los ERE fraudulentos donde están involucrados los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Cabe recordar que los tres jueces de la Audiencia Provincial de Sevilla habían planteado elevar el caso a la Justicia europea al entender que el Tribunal Constitucional -última instancia que se había pronunciado sobre el caso- se extralimitó en sus funciones al corregir una sentencia previa del Tribunal Supremo.
Así, los fiscales contra la corrupción establecen que las dudas sobre el caso, cualesquiera que sean, pueden solventarse desde la misma Audiencia Provincial. Este órgano está obligado a juzgar de nuevo a Chaves y Griñán por el caso de los ERE tras la sentencia del Constitucional que les amparó.
Además, los fiscales establecen que la superioridad del Derecho europeo no es dispensa para que la Sala cumpla con el principio de legalidad en las nuevas sentencias sobre el caso de los ERE que habrá de dictar cuando se repita el juicio.
«Legalidad penal»
Así, el escrito de los fiscales señala que «la primacía del Derecho de la Unión no dispensa a los órganos jurisdiccionales de la obligación de respetar el principio de legalidad penal»
Esto se produce, además, mientras la propuesta de acudir al TJUE de la Audiencia de Sevilla levantó una polvareda política y judicial. Así, desde el PP se aplaudió la idea, que ellos, como acusación particular personada en la causa, ya habían propuesto.
En lo judicial, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, se tomó un desafío con la propuesta de ir a Europa de la Audiencia Provincial de Sevilla. Entendía el jurista que eso podría contravenir lo que había dicho el Constitucional.
