El Gobierno se afana en explicar, pero evita rectificar, las polémicas palabras de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, tras señalar en un mitin el pasado fin de semana que era una «vergüenza que la presunción de inocencia esté por delante de mujeres por el caso Alves. Sin detrimento al respeto sobre la presunción de inocencia, en el que se basa la absolución del exfutbolista Dani Alves de un delito de agresión sexual, fuentes de Moncloa defienden que se puede valorar la sentencia, tratando de cerrar filas frente a la ambigüedad mostrada este lunes por Ferraz.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha recalcado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el “respeto de este gobierno por la justicia y las distintas sentencias”, pero exculpando a la número dos del Ejecutivo porque esta posición “no es antagónica con el respeto a opinar” sobre las mismas. Tanto es así que puso en duda que en el margen de «un año» se hayan producido dos sentencias «radicamente diferentes», en referencia a la primera de la Audiencia de Barcelona y a la del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona.
A modo de respaldo, la también ministra de Educación y Deportes subrayó que todavía queda “camino por recorrer” y abundó en que “es más necesario que nunca seguir haciendo un llamamiento a las víctimas para que sigan denunciando”. “Porque nos siguen violando y matando”, concluyó para lanzar a las víctimas el mensaje de que “no están solas”.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha respondido con un comunicado en el que recuerda que es responsabilidad de los políticos preservar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y que el apoyo a las víctimas, especialmente las de violencia sexual, no implica renunciar al principio de presunción de inocencia, que es un derecho fundamental. «A la vista del debate suscitado en los últimos días» sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el órgano de gobierno de los jueces afirma que «la protección y apoyo a las víctimas, en especial de delitos contra la libertad sexual, no implica renunciar a la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental».
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su doble condición de miembro del Gobierno y magistrado, ha deslizado cierta crítica a este correctivo del CGPJ que, además del poder ejecutivo y el legislativo, el judicial también “debe explicar muy bien las resoluciones y por qué se llega a determinadas conclusiones”. Principalmente, cuando se refieren a asuntos de “sensibilidad máxima” para la sociedad” con el objetivo de que las víctimas de violencia de género “no se sientan desprotegidas”. “Respeto todas las resoluciones, pero en materias de sensibilidad social deben explicarse muy bien para que las víctimas no pierdan confianza en las instituciones, que están para protegerlas”, reiteró sin mencionar directamente el comunicado del órgano de gobierno de los jueces.
Desde el CGPJ se señala asimismo que «es responsabilidad de los representantes políticos, cuando discrepan de una resolución judicial, compatibilizar su legítimo derecho a la crítica con la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones» y que la revisión por tribunales superiores de lo resuelto por tribunales inferiores forma parte de la normalidad del Estado de Derecho». El sistema de recursos se establece para buscar el acierto de la decisión última» y «la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no escapa a este principio y también está sujeta a los procedimientos de revisión previstos en las leyes procesales», añade.
El Gobierno trata de cerrar filas con Montero e incluso se manifiesta que en Moncloa se comparte la frustración de sus palabras. Se entiende que lo expresado por la también candidata del PSOE a las próximas elecciones andaluzas no buscaba poner en cuestión la presunción de inocencia, sino en alentar a la máxima protección a las víctimas de violencia de género para que se sigan denunciando. De este modo, critican que se traten de hacer otras interpretaciones, ya sea para fomentar la polémica o, peor aún, la polarización al intentar jugar con sus palabras para barrer a favor de los postulados de la ultraderecha frente a normas como la del ‘solo sí es sí’.
