El Consejo de Ministros aprueba este martes una ley para endurecer los criterios para la creación de nuevas universidades privadas. Pedro Sánchez, este lunes, ha calificado a varias de ellas como “chiringuitos educativos”, por lo que su Gobierno se ha lanzado a reformar por vía de urgencia la legislación vigente de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios.
El Gobierno de España, de este modo, quiere atajar un problema que sólo afecta al 25 % de los títulos ofertados en el Sistema Universitario Español (SUE). Y es que de los 9.765 que se ofertaron en el curso 2023-2024 –el último año con datos públicos y consolidados–, 7.012 son impartidos en la universidad pública. Es decir, “casi tres cuartas partes” de los títulos de universidad se enseñan en la pública, según un documento publicado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Por tanto, resulta llamativa la tramitación por vía urgente de una normativa vigente desde 2021 y que afecta en mayor medida a la universidad privada, la cual imparte algo más del 25 % de los títulos universitarios (grados, másteres y doctorados) en España. El Ejecutivo, en consecuencia, le está declarando la guerra al sector de la educación superior privada por la vía del real decreto sin llegar a acuerdos parlamentarios.
“Es un apoyo a la universidad pública para combatir el avance de chiringuitos privados que no cumplen con los criterios y dañan al conjunto del sistema universitario”, ha explicado Sánchez durante el acto En defensa de una universidad de calidad, clave para el ascensor social celebrado en la sede de Escuelas Pías de la UNED. Allí, el presidente del Gobierno ha adelantado los nuevos criterios para la creación de nuevas universidades que aprobará el Ejecutivo.
Lo hace con el objetivo de “perseguir las prácticas que atentan contra el prestigio de nuestras universidades”, ya que, a juicio del Gobierno, muchos centros privados no cumplen los “estándares mínimos de calidad”, convirtiéndose en “una máquina expendedoras de títulos”.
Entre estos nuevos criterios que se publicarán este martes destaca que el Gobierno quiere que sean vinculantes y preceptivos los informes que deben emitir las agencias como la ANECA –órgano encargado de realizar actividades de evaluación, certificación y acreditación del sistema universitario español– o de evaluación autonómicas para la creación de nuevas universidades privadas. También que estos centros deberán llegar a una masa crítica de, mínimo, 4.500 estudiantes en cinco años.
La Rioja no lo cumple
Resulta llamativo que hay algunas universidades públicas que no llegan a esos 4.500 estudiantes. Ejemplo de ello es la Universidad de La Rioja, con más de 30 años de trayectoria, que durante el curso 2023-2024 sólo contó con 4.426 alumnos matriculados. El mismo caso salpica a las universidades Internacional de Andalucía e Internacional Menéndez Pelayo, las cuales tenían 559 y 1.243 alumnos, respectivamente. Aun así es cierto que en ambos casos estos dos últimos centros son “especiales”, además de públicos.
A nivel privado, más de la mitad de las universidades privadas sí cumplen con este nuevo requisito de masa crítica (mínimo 4.500 estudiantes). Es más, 19 de las 41 privadas de España duplican o triplican el alumnado requerido por el Gobierno. Ejemplo de ello es la Universidad Camilo José Cela, con 14.586 estudiantes en el curso 2023-2024, o la Universitat Oberta de Catalunya, que alcanzó aquel año las 72.915 matrículas.
Otras, como la Universidad San Pablo-CEU, ya tienen más del doble de alumnos que los que plantea como mínimo el Gobierno en su nueva ley. Pese a ello, hay otro grupo de centros privados como, por ejemplo, la Universidad Euneiz, en el País Vasco, que tienen la suerte de estar ya creadas. El motivo: en su caso tiene 108 alumnos, quedando muy lejos de los que requerirá la ley a partir de ahora.
Otros requisitos adelantados por el presidente Sánchez al cierre de esta edición para crear nuevos centros tienen que ver con garantizar la solidez económica de la institución o empresa que los crea; ser más estrictos con los centros en materia de investigación; y obligar a que las universidades online se creen bajo el ámbito nacional y no de las comunidades autónomas “y sólo podrán ser aprobadas por las Cortes Generales”.
EL ESPAÑOL
El actual Sistema Universitario
Pese a todo, esta nueva normativa de creación universitaria no debería afectar a los centros ya creados. Según la última Estadística de Universidades, Centros y Titulaciones, construida con los últimos datos consolidados, los del curso 2023-2024, “el Sistema Universitario Español (SUE) cuenta con un total de 91 universidades impartiendo docencia, 50 públicas y 41 privadas. Siete de estas universidades son no presenciales, de las cuales, seis son privadas y una pública”.
A nivel de alumnos, aquel año académico el total de estudiantes matriculados oficialmente en el Sistema Universitario Español (SUE) fue de 1.762.459. “Los estudiantes de Grado representan el 78,2 % de los estudiantes matriculados, los de Máster el 16,4 % y los de Doctorado el 5,4 %”, reza el informe. Todos ellos, como se ha explicado, cursaron 9.765 títulos. Pero los que quedan bajo el foco de la duda, según el Gobierno, son los privados, que son poco más del 25 % de toda la oferta de la educación superior española.
