El futuro real decreto que endurecerá los requisitos para la apertura de nuevas universidades privadas ha caído como una bomba en la escena política, con durísimos cruces entre el PSOE y el PP, que acusa al partido del Gobierno de actuar por motivos ideológicos. Sin embargo, en la escena académica no hay polémica. Algunas universidades privadas, como Deusto (con 140 años de historia en Euskadi), Abat Oliba CEU (en Catalunya y con un origen que se remonta a los años 70) y Camilo José Cela (inaugurada en el año 2000 en Madrid), se limitan a no comentar la nueva normativa. También declina valorar el texto UNIE (Madrid), que comenzó su actividad en el curso 2022-2023. Otras, como las catalanas Ramon Llull y la Oberta de Catalunya (UOC), sí lo hacen y aseguran que están de acuerdo con el espíritu del decreto. Los campus privados históricos piden no meter a todos en el mismo saco y recuerdan que no todas las privadas son iguales. “La titularidad, ya sea pública o privada, no es importante. Lo relevante es la calidad”, coinciden los rectores de la Ramón Llull, Josep Antoni Rom Rodríguez, y la UOC, Àngels Fitó.
España tiene, en la actualidad, 50 universidades públicas y 46 privadas. Las segundas han experimentado un crecimiento en la última década, con la autorización de 10. Muchas han abierto sus puertas, incluso, a pesar de tener un informe negativo por parte de la Conferencia General de Política Universitaria. La nueva normativa, entre otros requisitos de número de alumnos, labor de investigación y experiencia en gestión educativa, hará obligatorio tener luz verde de ese organismo y de las agencias estatales y autonómicas de calidad y acreditación.
“Todo proyecto universitario tiene derecho a existir, pero bajo unos parámetros que aseguren la calidad”
«Lo importante es la calidad y que los estudiantes tengan plazas suficientes. Luego ya, que elijan el centro que prefieran»
“Todo proyecto universitario tiene derecho a existir, pero bajo unos parámetros que aseguren la calidad”, sentencia el rector de la Ramón Llull, que admite su desconcierto ante la aparición de tantos campus privados en los últimos años que no parten de una iniciativa social. “Nosotros no nos sentimos identificados con determinados proyectos”, asegura.
La rectora de la UOC aplaude que el real decreto cubrirá la actual laguna legal que permite la apertura de campus dado que el informe de las agencias de calidad, hasta ahora, no es preceptivo ni vinculante. “Lo relevante no es la titularidad, ya sea pública o privada. Lo importante es la calidad y que los estudiantes tengan plazas suficientes. Luego ya, que elijan el centro que prefieran”, concluye Fitó, que pide no politizar la formación superior y defender el valor público de la educación.
Varios campus privados han trabajado junto al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la CRUE (el organismo que agrupa a las rectoras y rectores universitarios) en la redacción de la norma, que mañana saldrá en audiencia pública y que será tramitado por la vía de urgencia cuando el Gobierno lo ratifique definitivamente.
