El real decreto anunciado el lunes por Pedro Sánchez para endurecer los requisitos previos a la apertura de nuevas universidades privadas (mínimo de 4.500 estudiantes el primer año y un informe positivo y vinculante de las agencias de calidad) no se ha aprobado todavía. Mañana saldrá en audiencia pública y, una vez que tenga el visto bueno definitivo del Gobierno, se tramitará por la vía de la urgencia para acortar los plazos, según ha decretado esta mañana el Consejo de Ministros. A raíz de polémica generada entre las filas del PP tras la defensa a ultranza de la universidad pública que hizo el presidente Sánchez, la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, ha destacado que la decisión del Ejecutivo no responde a una guerra entre las universidades públicas y las universidades privadas. “Esto va de universidades buenas contra universidades malas”, ha destacado recordando que, en EEUU, los campus malos están muy identificados han sido bautizados con un nombre propio: universidades de garaje.
“Estamos hablando fundamentalmente de centros privados que lo único que tienen de universidad es el nombre, que suelen ser de fondos de inversión que lo único que buscan es generar negocio. Hablamos también de centros privados que tienen un número muy escaso de estudiantes que prácticamente no ofertan un número claro de grados universitarios ni de máster. En definitiva, es sencillamente un negocio para extender títulos”. “Hay magníficas universidades públicas y magníficas universidades privadas”, ha matizado.
Auge de las privadas
España tiene 50 universidades públicas y 46 privadas. Desde 1998 se han creado 26 universidades privadas y ninguna pública y solo en la última década se han autorizado 10 mientras que otras nueve están esperando la evaluación para la apertura. El número de estudiantes en camus privados se ha incrementado un 368% desde 1999.
Cuando la nueva normativa entre en vigor, las universidades de nueva creación deberán contar con un informe preceptivo del Consejo General de Política Universitaria, como hasta ahora, y también con otro por parte de ANECA (agencia nacional de evaluación y acreditación) o la agencia autonómica correspondiente, que será vinculante. Las empresas que quieran inaugurar facultades deberán garantizar una determinada solidez económica y experiencia en gestión universitaria, así como cumplir requisitos de investigación, la otra gran pata universitaria además de la formación. También deberán ofertar un 10% de plazas de alojamiento universitario. Mientras, las facultades ‘on line’ se crearán bajo el ámbito nacional y no de las comunidades autónomas dado que su creación solo podrá ser aprobada por el Parlamento.
“Las administraciones públicas tenemos que garantizar que todos aquellos estudiantes que hoy se están formando en las universidades en nuestro país reciban un título que cumpla con esos mínimos requisitos de calidad”, ha añadido.
Alegría también se ha referido a la Comunidad de Madrid, que tiene los segundos precios más altos de toda España y ha dado luz verde a muchos campus privados mientras ha recortado un 30% la financiación de los públicos desde 2016.
