El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa abierta al diputado y exdirigente del PSOE José Luis Ábalos, ha pedido «sinceras disculpas» por el error cometido por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el precio de una finca adquirida en 2003 por el exministro de Transportes.
En un informe preliminar sobre el patrimonio de Ábalos, la UCO incluyó un terreno en el municipio colombiano de Tuluá que el investigado vendió a los 10 años de adquirirlo.
Los agentes confundieron el símbolo del peso colombiano con el del dólar americano -que son muy similares- y atribuyeron a esa compra un precio de 2,1 millones de euros, cuando la cifra correcta era 751,23 euros.
En una resolución conocida este martes, el instructor defiende el trabajo de la UCO ante las críticas vertidas en un recurso de la defensa de Ábalos.
«Nada se advierte en el informe [de la UCO] que pueda significar extralimitación alguna en relación con lo ordenado. Al contrario, al parecer de este instructor, de forma diligente y concienzuda, informa la fuerza actuante de los depósitos bancarios, bienes muebles e inmuebles y vehículos, que figuraban, tras la consulta en fuentes abiertas y tomando en cuenta el resultado de las evidencias digitales obrantes en las actuaciones».
El informe policial «es expresivo de una ágil y diligente investigación que en ningún aspecto sustantivo merece ser censurada», dice el juez en otro momento.
«Contiene, es verdad, un error», admite. Y añade: «Actuando los agentes bajo mis órdenes y en el estricto cumplimiento de aquéllas, me corresponde asumirlo en mi condición de responsable máximo de la investigación emprendida».
Puente explica que, a los pocos días, los investigadores policiales elaboraron un nuevo informe rectificando el precio del terreno colombiano y aclarando la confusión de la moneda.
«Advertido el error, solo queda, después de admitirlo, rectificarlo, explicar sus razones y disculparse por ello», indica el juez del Supremo.
«Sinceramente me disculpo también por ello», añade en un gesto que no se suele plasmar en una resolución judicial.
«Pero destaco igualmente que es un error que carece, afortunadamente, de consecuencia alguna en esta causa«, indica Puente, que explica que todos los ciudadanos son titulares de bienes «sin que ello comporte, en sí mismo, signo o indicio alguno de conducta delictiva fuera uno u otro el valor de aquéllos».
Indica, además, que es muy posible que esa finca u otras estuvieran en el pasado a nombre de Ábalos y ya no le pertenezcan. «Tiempo habrá de determinarlo», señala.
En todo caso, lo que se ordenó a la UCO fue que identificara, a través de fuentes abiertas y a partir de las evidencias digitales que obran en su poder, los bienes y depósitos bancarios que aparecían a nombre de Ábalos para proporcionar «una suerte de foto fija, macroscópica, de su situación patrimonial».
El instructor acordó después una investigación patrimonial del exministro socialista mucho más detallada. Y ahora se ratifica en esa decisión, desestimando el recurso de la defensa.
No sólo las mascarillas
Como ya ha hecho en anteriores resoluciones, Puente vuelve a indicar que la causa contra Ábalos no se limita a los contratos de mascarillas contra la Covid-19 que su Ministerio otorgó a empresas a favor de las cuales actuó como intermediario el empresario Víctor de Aldama. Este asunto que fue el origen de la investigación iniciada por la Audiencia Nacional y que ahora se encuentra en el Tribunal Supremo debido al fuero de Ábalos por ser diputado.
«Parece llegado ya el momento de que el sr. Ábalos Meco y su defensa comprendan, por mucho que pudiera no ser de su agrado, que el objeto de esta causa especial no se limita, frente a lo que con particular insistencia proclama, a su intervención en la contratación de las mascarillas en el marco de la crisis sanitaria del Covid-19″, indica.
«Se entenderá tal vez más fácilmente si se repara, por ejemplo, en que uno de los beneficios económicos que aquí se le atribuyen se refiere al pago por parte de Aldama (…) de la cuantiosa renta del piso en el que residía quien era entonces la pareja sentimental del ministro», Jésica Rodríguez.
Esos pagos comenzaron en marzo de2019 y se prolongaron hasta septiembre de 2021, es decir, mucho antes de la pandemia del coronavirus.
El instructor vuelve a manifestar que la investigación se refiere, además de a los contratos de material anti-Covid, a «otros contratos de empresas y particulares con la Administración Pública» en los que Ábalos y su asistente, Koldo García, pudieran haber obtenido comisiones.
Aldama ha asegurado que esa situación se dio en la adjudicación de contratos de obras en carreteras en la época en la que Ábalos era titular de Transportes.
