Los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox en las Corts han pactado permitir todo tipo de usos terciarios, instalaciones comerciales, de ocio u oficinas, en suelo no ubanizable (SNU) común a través de la figura urbanística de las declaraciones de interés comunitario (DIC). La iniciativa parte de la formación de ultraderecha que presentó una enmienda de adición en la tramitación como proyecto de ley del decreto de medidas urbanísticas urgentes para favorecer las tareas de reconstrucción tras los daños producidos por la dana, en vigor desde el 2 de enero.
La enmienda de adición la suscriben el portavoz adjunto del grupo parlamentario de Vox, David Muñoz Pérez, y la portavoz en la comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio, Ana María Bellver, para modificar no el decreto de reconstrucción, sino la ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup) de 2014.
En el debate de las enmiendas al decreto de reconstrucción tras la dana, la portavoz de Vox en la comisión, Ana María Bellver, se jactaba de haber impulsado esta enmienda, que ha aceptado el Partido Popular. «Es difícil hablar de reconstrucción sin inversión privada. De ahí nuestra apuesta por el sector privado para incluir las actividades terciarias en suelo no urbanizable que cumplan con los requisitos. Ya existía para actividades industriales, pero ahora se permiten también las terciarias», se ufanó la diputada de ultraderecha.
Desde la oposición, tanto el PSPV como Compromís, las portavoces de ambos partidos, Maria José Salvador y Paula Espinosa, alertaron durante el debate de las enmiendas (sólo salieron adelante las de PP y Vox) que esta medida es un arma de doble filo. «Los planes de ordenación detallada o las actividades implantadas a través de DIC deben estar supeditadas a la revisión de la cartografía en los municipios a afectados por la dana», reivindicó María José Salvador (PSPV). «Las DIC que afectan al suelo no urbanizable (SNU) podrán ser construidas en suelo inundable. Se trata de una figura que ha permitido construir en 14.000 hectáreas de suelo rústico», advirtió Paula Espinosa (Compromís).
La declaración de interés comunitario (DIC) es una figura urbanística creada en 1992 para permitir urbanizar en «casos excepcionales» suelo no urbanizable (SNU) común. Desde ese año hasta 2020 a través de esta figura urbanística se ha facilitado la ocupación de 14.000 hectáreas de terreno rústico. Una superficie similar a la del término municipal de la ciudad de València (139,31 km² o 13.931 hectáreas) o la de l’Horta Nord (140,53 km² o 14.053 hectáreas de suelo), según los datos recopilados por el catedrático de Geografía, Eugenio Burriel, en el artículo académico «Los usos urbanísticos en el suelo no urbanizable. Tres décadas de aplicación de la declaración de interés comunitario de la Comunitat Valenciana».
En el periodo temporal que va de julio de 1992 a febrero de 2020 se autorizaron un total de 2.056 DIC, según la recopilación publicada por Burriel y que adelantó Levante-EMV en un artículo publicado el 27 de septiembre de 2021.
Una figura pensada en 1992
El recurso a esta figura urbanística excepcional (ideada en 1992 para casos concretos y especiales) revela que «se prefiere impulsar un crecimiento urbanístico sin límites con una praxis deslegitimadora del planeamiento -mediante reclasificaciones puntuales masivas de suelo no urbanizable- y tolerancia con las infracciones de este suelo- y una deliberada ausencia de planes de ordenación territorial», según reflexionaba el catedrático de Geografía, Eugenio Burriel, en el artículo publicado por este periódico.
De hecho, las DIC se convirtieron en un «coladero» para las reclasificaciones de suelo urbanizable «gracias a una interpretación laxa de esta figura legal que servía para una vía barata y rápida -y con apariencia de legalidad- en un periodo de fuerte expansión económica». El nivel máximo de declaraciones de interés comunitario «coincide con el apogeo de la burbuja inmobiliaria» entre los años 2000 y 2007. Una «política permisiva» que permitía implantar industrias en suelo rústico mientras «el 30% del suelo urbanizable industrial en la Comunitat Valenciana estaba sin ocupar en 2009», según señalaba Burriel en el citado artículo académico.
La querencia por las DIC tiene su explicación. Permite implantarse en suelo no urbanizable común mediante una instalación «más fácil y rápida, inexistencia de cesiones, mínimas exigencias urbanísticas y un coste inferior del suelo».
Además, al contrario de lo que afirmaba la diputada de Vox Ana María Bellver, la figura urbanística de las DIC sí que prevé desde 1992 la instalación de actividades terciarias: establecimientos de restauración y hoteleros, actividades deportivas, recreativas o de ocio o campamentos de turismo o asimilados. Pero con un componente de «interés para el desarrollo turístico rural» o que permitiera «la recuperación del patrimonio arquitectónico». Una figura pensada para potenciar los entornos rurales pero cuyo abuso puede desvirtuar el fin para el que se ideó hace casi treinta y tres años.
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