58 menores, agresiones, 14 trabajadores de baja y pulseras antipánico

No es fácil encontrar el Centro de Menores Zambrana. Ubicado en el barrio de Las Delicias, en la calle Miguel Ruiz Tremiño, hay que conocer bien la zona para encontrarlo. Un centro que siempre ha estado en el foco de la polémica debido a diversos problemas relacionados con su funcionamiento y seguridad, pero que ahora mismo vive su momento más duro.

No lo piensa así la Junta de Castilla y León de su único centro de régimen cerrado de la Comunidad, aunque sus trabajadores tienen otra versión y algunos llegan a calificar el tener que ir a trabajar como “un infierno”. El centro, gestionado por la empresa Meridianos pero bajo la tutela de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, está aumentando sus medidas de seguridad para sus empleados.

El centro de menores Zambrana (Valladolid) funciona “con normalidad”. Es el mensaje que se envía desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pese a incidentes como el ocurrido la pasada semana o a que un 16% de los trabajadores se encuentran de baja.

Sin embargo, hay que poner sobre la mesa lo que se denuncia desde los empleados y lo que ha ocurrido en los últimos meses. «Me lanzó una patada al montar en cólera»: el duro testimonio de un vigilante tras una nueva agresión en el Zambrana, contaba este medio el pasado 12 de febrero. Más reciente, hace dos semanas, denunciaron dos nuevas agresiones en el Zambrana con el personal educativo «en mínimos».

 “Una al personal de seguridad en el que hubo intentos de mordiscos, puñetazos y puntapiés y la otra a una educadora a la que se propinó una fuerte patada”, aseguraron los educadores del centro.

Pero, ¿cuántos menores residen allí? ¿cómo es el día a día? ¿qué sucede cuando hay una agresión en esas paredes? ¿pueden salir los menores? ¿qué medidas de protección tienen sus empleados? EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León hace una radiografía para conocer cómo es el funcionamiento en el día a día, sobre todo para los trabajadores.

En la actualidad, en el centro Zambrana hay 58 internos, de los que 16 están en régimen cerrado y el resto, semiabierto. Es decir, casi 42 menores tienen permisos ordinarios de salidas durante los fines de semana, programadas o por razón de estudios o de formación, que son en su mayoría.

La evolución de los nuevos ingresos va a la baja en los últimos años. Por ejemplo en 2015, hace una década, hubo 151 altas, en 2019, último año prepandemia, fueron 108. Así, en 2023 hubo 119 y en 2024, 98 ingresos.

El perfil de los menores, que han sido derivados por orden judicial, por diferentes motivos como quebrantamiento de condena, contra el orden público, daños, robo con fuerza e intimidación, hurto, contra la libertad y la dignidad sexual, lesiones e, incluso, homicidio. No se ofrecen datos de nacionalidad o edad por cuestión de privacidad.

Sin embargo, la Junta matiza que esta privacidad y protección del menor no influye a la hora de informar de lo que pasa en los centros, pero en este caso a los jueces, a los que se avisa de las situaciones de conflictos y de la evolución de los menores.

Trabajadores

Por su parte, en el centro hay 84 trabajadores, 70 de manera permanente y 14 personas de apoyo para cubrir las bajas laborales. Además hay nueve coordinadores.  En la actualidad, hay catorce bajas de larga duración, que están todas sustituidas, puesto que la empresa tiene un periodo de 24 horas para cubrir ese puesto. 

La jornada ordinaria para el área educativa queda establecida en ocho horas, por lo que hay tres turnos: mañana, tarde y noche.

Los problemas en el centro vallisoletano han provocado que en los últimos años se están incrementando las medidas de seguridad. Allí hay un circuito cerrado de televisión con videovigilancia en cada planta del inmueble y en todo el perímetro. También hay  un nuevo sistema de pulsadores antipánico, se ha incrementado la plantilla de vigilantes,

También se ha instalado un nuevo puesto de control de cámaras en la parte central del edificio de reforma para reducir los tiempos de respuesta, el equipo de seguridad lleva pinganillos para informar de cualquier problema. Además, estos profesionales llevan chalecos antitrauma o antipinchazo, para reforzar su seguridad durante las intervenciones que deban realizar.

Muy importante es el uso de pulseras con botón antipánico, que sirve para que en cuanto los educadores vean un conflicto puedan pedir ayuda. Sin embargo, los trabajadores se quejan de que no hay para todos y que a veces no funcionan. Algo que se niega desde la Consejería, ya que su “correcto funcionamiento se revisa cada semana”.

A partir de ahora se va a añadir al sistema de videovigilancia las funciones de grabado tanto de imagen como de voz. Así, las cámaras, además de transmitir en directo lo que sucede en el centro para que el equipo de seguridad lo visualice en tiempo real, van a recoger de manera permanente dichas imágenes y sonidos.

Ahora también llegará la figura adicional, del Auxiliar de Control Educativo, que llega para reforzar sobremanera la seguridad del centro, ya que va a estar presente, de forma permanente, en los espacios en los que los menores desarrollan sus actividades y van a tener capacidad de control y contención de los menores, siempre bajo la supervisión de los educadores.

¿Qué ocurre cuando hay una agresión física?

En primer lugar hay que apuntar a que para que sea una agresión física tiene que cumplir las normas que marca el protocolo, explica a este medio, Ana María de la Salle, directora del Centro de Menores Zambrana. “La mutua es la que determina desde un médico el tipo de agresión, la gravedad y ya determinan si es objeto de baja. Ese es un protocolo que aparece en cualquier empresa”, apunta.

Los datos ofrecidos por la Junta dicen que hubo 16 agresiones físicas en los primeros meses del 2024, y en lo que va de 2025 han sido 4, la última ocurrió la semana pasada. Pero en este listado no están incluidas las agresiones verbales, que según los sindicatos, son muchas las que tienen que recibir, y eso se acusa en la salud mental.

Si se produce una “incidencia o conflicto”, así es la terminología del centro, conlleva la apertura de un expediente disciplinario por parte del centro. En ese momento se produce la separación del grupo y el envío de un informe al Juzgado y la Fiscalía de Menores para que determina si hay indicios de naturaleza penal.

Asimismo, los propios técnicos del Zambrana están en la obligación de informar a estas instancias judiciales, de manera periódica, sobre las actividades, salidas, visitas, vacaciones, comportamiento, trabajo en los talleres y seguimiento escolar de los internos. El año pasado, la Consejería remitió tanto al Juzgado a la Fiscalía un total de 5.175 informes.

¿Qué ocurre si un menor es reincidente? En este caso no puede ser expulsado del centro, lo que se hace es la apertura de un expediente donde se informa de todo y será la Fiscalía la que valore la situación por si el menor tiene que ser trasladado a un centro más adecuado.

Pese a todos estos datos, la vicepresidenta y consejera de Familia, Isabel Blanco, asegura que la Junta adopta todas estas medidas para que el Zambrana siga siendo un centro de referencia a nivel nacional, y lo hace poniendo números sobre la mesa.

Por ejemplo, la ratio de profesionales de atención directa es muy superior a la de otros centros similares, apunta, Por ejemplo, en el ámbito de la atención directa por turnos hay un trabajador por cada 2,8 menores, mientras que la media de estas instalaciones en España se sitúa en uno por cada 3,7 jóvenes. En cuanto a la totalidad de la plantilla, si en otros centros gestionados por la entidad Meridianos hay 0,85 profesionales por menor, en el Zambrana hay 1,25.

El nuevo contrato de vigilancia y seguridad del Centro de Menores Zambrana aumentará 800.000 euros, al pasar de los 2,8 millones del actual a los 3,6 millones del que saldrá, de forma inminente, para los próximos dos años.

Los sindicatos no piensan así

La Federación de Enseñanza de CCOO Castilla y León y la sección sindical de CCOO en Zambrana ya ha calificado de “insuficientes” las medidas incluso acusa de «mentir» a la consejera de Familia respecto a las condiciones de los trabajadores del centro de menores bajo la gestión de la empresa ADIS Meridianos.

Ellos piden auditorías inmediatas en los centros de menores competencia de la Junta; la reversión de las externalizaciones de los servicios sociales, la suspensión de las licitaciones a la baja o la puesta en marcha de protocolos específicos de actuación ante denuncias.

Además solicitan una reunión con la Consejería ya que solo “tienen la versión de la empresa”. CCOO denuncia que «muchos trabajadores siguen sin disfrutar las vacaciones pendientes del año 2024 y los asuntos propios y la empresa continúa denegándolos».

Asimismo, CCOO no tolera que la Junta culpabilice a las personas trabajadoras de no comunicar las ausencias al puesto de trabajo. “No podemos más que sorprendernos con que la Consejera no se pare a analizar el porqué de, con unas ratios sobre el papel por encima de la media nacional, el volumen de bajas o incapacidades temporales por contingencias comunes que menciona, es actualmente del 20% del total del personal de atención directa”.

Sea como sea, está claro que el día a día es el centro Zambrana es complicado.