Numerosos jubilados alicantinos están recibiendo en las últimas semanas una sorpresa bastante desagradable. Se trata de una carta de requerimiento de la Agencia Tributaria en la que les insta a presentar lo antes posible la declaración de la renta que deberían haber realizado el año pasado. Una situación que, para la mayoría de ellos, supone toda una novedad, ya que hasta la fecha nunca habían tenido esta obligación.
«El problema es que la mayoría de los jubilados no llega al mínimo exigido para presentar la declaración, por lo que no suelen preocuparse por este tema. Pero, con las subidas de los últimos años, algunos han empezado a superar ese límite y ni siquiera lo saben», explica el presidente de la Comisión de Fiscal del Colegio de Economistas de Alicante, Antonio Pérez Rovira, que ya se ha encontrado con varios casos en su propio despacho.
En este sentido, cabe recordar que solo en los últimos cuatro años el incremento de las pensiones contributivas se acerca al 20 %, al estar indexado a la inflación. De hecho, solo en el año 2023 el Gobierno aprobó una subida del 8,5% para compensar el encarecimiento de los precios que se produjo como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Una medida que permitió a este colectivo mantener su poder adquisitivo, pero que, a cambio, ahora conlleva a algunos de ellos esta nueva obligación.
Una exigencia que empieza a alcanzar a muchos jubilados, entre otras cosas, porque, como recuerda Pérez Rovira, «hace muchísimos años que no se actualiza esa cifra de 22.000 euros para estar obligado a declarar». En concreto, desde el ejercicio de 2002, cuando subió desde los 21.035 del año anterior.
Uno de los puntos de atención ciudadana durante la campaña de la renta. / Jose Navarro
¿Qué ocurre con las personas a las que les llegan estas cartas? Según explica el experto, la Agencia Tributaria lo que hace es requerir a los pensionistas que presenten la declaración que, en los casos en los que se está encontrando en su despacho, suelen salir a pagar. De momento aún se desconoce si Hacienda irá más allá, pero en estos casos la legislación prevé que también se pueda imponer una sanción a los afectados de hasta el 50 % de la cuota que se ha dejado de abonar a tiempo, aunque la cifra se puede rebajar hasta el 26 % si hay conformidad en el pago.
En cualquier caso, un motivo más que suficiente para que cualquier pensionista eche cuentas y compruebe si entra dentro de los parámetros de cara a la campaña de la renta que ahora empieza, para evitar verse en esta situación el próximo año.
Los parados se libran
Además de quienes superan los 22.000 euros de ingresos de un solo pagador, o los 15.876 euros, si se tiene un segundo pagador, también están obligados a presentar la declaración de la renta todos los trabajadores autónomos, además de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. El Gobierno también pretendía extender esta obligación a los perceptores del subsidio del paro, aunque, de momento, esta medida no se ha aprobado.