El Partido Popular ha decidido denunciar ante la justicia el choque de la semana pasada en el Congreso por el trámite legislativo de la ley de desperdicio alimentario. Los conservadores creen que tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como la Mesa del Congreso (donde tienen mayoría PSOE y Sumar) han prevaricado y han actuado de forma arbitraria al vetar enmiendas aprobadas en el Senado, una Cámara en la que el PP tiene mayoría absoluta.
Cuca Gamarra, secretaria general de los conservadores, ha anunciado en Sevilla, durante la inauguración de la 27ª interparlamentaria, que sus servicios jurídicos están preparando cuatro recursos ante el Tribunal Constitucional por esa disconformidad total: dos del Senado por conflicto de competencias contra el Gobierno y el Congreso y otros dos recursos de amparo y de inconstitucional por parte de diputados y senadores.
El origen de este conflicto son enmiendas de los populares, de ERC y Junts que fueron aprobadas por el Senado y que el Gobierno vetó amparándose en el artículo 134.6 de la Constitución que señala que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”. El PP proponía que se rebajara el IVA de los alimentos básicos del 4% al 2%, lo que suponía una merma de los ingresos del Estado de 900 millones de euros; otra de ERC y Junts pretendía prorrogar la vida de plantas de purines para que pudieran seguir cobrando ayudas, por lo que también afectaba a los ingresos del Estado.
La Mesa del Senado, donde tiene mayoría el PP, hizo oídos sordos al veto del Ejecutivo de Pedro Sánchez y permitió que se debatieran. Ya con la ley de vuelta en el Congreso para su aprobación definitiva, la Mesa (mayoría PSOE y Sumar) recibió un escrito del Ejecutivo reclamando que se retiraran esas enmiendas. Fuentes cercanas a la presidencia de la Cámara Baja explicaron que la Mesa analizó el conflicto entre la capacidad legislativa del Senado y la potestad del Gobierno y optaron por eliminar las enmiendas ya que consideraron que la Cámara alta había incumplido la Constitución por permitir su tramitación.
