El coche de la juez que instruye el ‘caso Barbate’ sobre el asesinato de dos guardias civiles en la localidad de Cádiz en manos de narcotraficantes el pasado año ha sido vandalizado. Las cuatro ruedas de su vehículo fueron pinchadas, alguien había arrojado pintura sobre el capó blanco y el símbolo trasero de la marca del fabricante había sido sustraído.
La juez lleva la tutela desde el pasado 9 de febrero de la investigación por la muerte de los guardias civiles Miguel ángel González y David Pérez que fueron arrollados por una narcolancha en el Puerto de Barbate. En estas pesquisas se detuvo primero a ‘Kiko el Cabra’ y a una serie de narcotraficantes de la zona, pero luego el Instituto Armado rectificó al darse cuenta de que la lancha que ellos conducían esa noche no era compatible con la del suceso.
La magistrada tuvo que dejarlos en libertad y, finalmente, Karim El Baqqali, el verdadero piloto de la goma que esa noche terminó con la vida de los guardias que habían acudido a disuadir a los capos, se entregó hace unos meses. Tanto él como otros dos individuos que iban en la narcolancha permanecen en prisión provisional a la espera de cerrar los flecos de la investigación.
El incidente del coche ocurrió el pasado 8 de marzo, cuando éste estaba aparcado por fuera de su domicilio particular. El vehículo apareció lleno de pintura y la jueza, que es sustituta y está adscrita al Juzgado precisamente para poder avanzar con esta causa, presentó una denuncia esta misma mañana en el cuartel de la Benemérita con las fotografías de lo ocurrido.
Los autores aún no han sido identificados, según ha informado la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), pero ella ha tenido que avanzar el dinero de los desperfectos. “Estos sucesos causan una profunda inquietud en la judicatura”, ha denunciado, Sergio Oliva, portavoz de la asociación.
Además, el portavoz de AJFV recuerda que su asociación reclama que la Audiencia Nacional “asuma la competencia sobre este tipo de delitos relacionados con el narcotráfico, independientemente del ámbito en el que se desplieguen los efectos de los mismos. Esta distribución competencial evitaría, en definitiva, la tentación de tratar de condicionar a los miembros de la carrera judicial en la investigación y enjuiciamiento de estos delitos».
