La Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona ha archivado la investigación contra 11 agentes de la Guardia Civil investigados por torturas a Jordi Ros, detenido en la Operación Judas el 23 de septiembre de 2019, en aplicación de la ley de amnistía. El procedimiento ya había sido archivado por el Juzgado de Instrucción 2 de Sabadell por la carencia de indicios de delito. Esta decisión que fue recurrid por la defensa de Alerta Solidaria. Ahora, la Audiencia descarta entrar a valorar si hay o no indicios de delito en la actuación de la Guardia Civil, puesto que entiende que los hechos entran en el ámbito de aplicación de la amnistía y, por lo tanto, hay que resolver esta cuestión de forma preferente.
El recurso de apelación que ahora resuelto sostenía que sí que existían indicios de delito y destacaba que el juzgado no había cumplido con la anterior resolución de la Sección Tercera de la Audiencia que lo obligaba a investigar todos los hechos, ya que no han llegado a no han declarado ni los agentes querellados. El juzgado suspendió los interrogatorios cinco días antes de la fecha prevista. En este mismo recurso, y como que había sido pedido por parte de la defensa de los agentes, se instaba al tribunal que resolviera la cuestión de la amnistía, que había sido esquivada por el juzgado de Sabadell. Alerta Solidaria consideraba que no abordar en este momento esa cuestión no era más que un subterfugio, un fraude de ley, que habría permitido al juzgado instructor acordar el olvido penal una vez hubiera recibido de nuevo la revocación del sobreseimiento provisional por parte de la Audiencia.
La querella
En la querella, Jordi Ros alegaba que se registraron su domicilio, el de sus padres y el de su hermano sin la presencia de su abogado, con quien no pudo contactar hasta 33 horas después de la detención, ya en Madrid. Durante el traslado al centro médico de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), donde la Guardia Civil tiene su sede principal en Cataluña, los agentes, según él, lo presionaron para que se autoinculpara, diciéndole que si no lo hacía detendrían a su pareja al llegar al aeropuerto del Prat, ya que sabían que venía de viaje. También lo amenazaron con hacer daño a su hermano y a su familia.
Durante el trayecto en coche hasta Tres Cantos, estuvo con el tronco inclinado hacia adelante, le impidieron dormir y le hicieron preguntas continuamente. Además, le colocaron un antifaz. Ya en Tres Cantos, le dieron una botella de agua que le provocó mareos, pérdidas de memoria y de la noción del tiempo y el espacio, así como de sus capacidades en general. Esto le hizo sospechar que le introdujeron alguna sustancia en la bebida. Antes de entrevistarse con su abogada de oficio en Madrid, un agente le recordó que «el pacto» para no hacer daño a su hermano, padres o pareja pasaba por aceptar a la abogada de oficio y declarar todo lo que supuestamente habían descubierto durante la investigación.
