La Audiencia de Alicante sentó este jueves a un acusado que intentó cobrar más de 55.000 euros procedentes de deducciones con declaraciones del Impuesto de Valor Añadido falsificadas. El hombre constituyó hasta cuatro sociedades diferentes durante el último trimestre de 2014 sin ninguna actividad con el fin de cobrar la devolución solicitada del IVA. El acusado se ha conformado con una pena de seis meses de prisión, más una multa de 600 euros. La pena se le ha suspendido durante un periodo de dos años.
El acusado contaba con dos condenas anteriores por receptación y estafa, aunque se remontaban a 2012 y 2018 respectivamente. Según el escrito de acusación, se dedicaba a la creación de sociedades instrumentales sin actividad mercantil real con la única y exclusiva finalidad de obtener devoluciones indebidas del IVA.
Modus operandi
El modus operandi consistía en constituir en el último trimestre de cada año fiscal un gran número de sociedades instrumentales que presentaban por vía telemática solicitando devoluciones de IVA por importes no muy elevados solicitando la devolución. Normalmente entre 11.000 y 15.000 euros por cada empresa.
El domicilio fiscal es falso, por lo que resulta ilocalizable la persona física, mientras que el que figura como administrador para que justifique documentalmente la devolución pedida no suele atender los requerimientos. Estas empresas fantasma no cuentan con activo alguno, salvo una cuenta bancaria abierta para recibir el dinero de la devolución.
El acusado constituyó hasta cuatro sociedades distintas en el mismo mes en cuatro notarías distintas y que tenían ingresarse en cuentas bancarias de Santa Pola, San Vicente del Raspeig y Abanilla. Sin embargo, las cantidades no llegaron a ingresarse porque Hacienda detectó las irregularidades. El acusado era el administrador único de cada una de las cuatro sociedades, siendo además el socio único y el autorizado en exclusiva en la cuenta bancaria. La Fiscalía le acusaba de delitos de estafa y falsificación de documentos públicos.
La Audiencia cerró una conformidad que se cerró entre la defensa y la Agencia Tributaria, en la que el acusado se declaró culpable.
