BBVA Research ha situado el déficit público español en el 3,3% del PIB en 2024, lo que supone una reducción de dos décimas en comparación a 2023. Descontando el incremento suscitado por el gasto de la DANA, el resultado final se hubiese encontrado en el 3,1%. Sin embargo, se sigue manteniendo alejado de su compromiso con Bruselas por el que lo fijaba al 3% anual.
Pese a la buena evolución de la economía española y el ajuste fiscal acometido, BBVA Research alerta de que el plan fiscal español no será suficiente a largo plazo. Para 2025 se plantea un incremento del gasto asociado al rearme en defensa, la condonación de la deuda autonómica y el envejecimiento, con un sistema de pensiones que cada año incrementa el número de participantes y su pensión media. Estos riesgos, además, se enfrentan a un clima de incertidumbre geopolítica que afectan al ámbito económico, comercial y monetario. Por lo que la reducción de 0,3 puntos del déficit español no compensará los incrementos de gasto que se avecinan.
Ajuste fiscal para reducir ese 0,3%
Según destaca la entidad «La mejora cíclica de la actividad y el menor coste de la
financiación compensarán parcialmente el incremento de las pensiones y el fin de los
gravámenes temporales sobre las entidades de crédito y las energéticas. Sin embargo, España deberá asumir un esfuerzo adicional de consolidación entre 0,4 y 0,5 puntos del PIB». Para ello, las medidas tributarias aprobadas en noviembre de 2024 aportarán tres décimas de dicho ajuste.
El Plan Fiscal presentado en noviembre se configura en torno a la limitación del gasto público, la confianza en la mejora de la actividad económica y cuatro impuestos nuevos. Los cuatro impuestos que planteó el Ejecutivo eran: el Impuesto complementario a grupos multinacionales (establecido en un 15%), el Gravamen sobre entidades de crédito y establecimientos financieros, la subida del impuesto especial sobre el tabaco y un nuevo impuesto sobre los vapeadores. Con estas nuevas medidas tributarias, Hacienda recaudaría 4.050 millones de euros.
La confianza en la mejora de la actividad económica, el Gobierno lo traslada a un aumento en el empleo así como al aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). De esta forma, crecerían en consecuencia las cotizaciones de la Seguridad Social, la recaudación del IRPF y la demanda nacional. La tasa de paro a cierre de 2024 se sitúo en el 10,6% y las estimaciones del Banco de España prevén que se sitúe en el 9,5% en 2027, por lo que parece que el Gobierno podría confiar en su estimación. Además han previsto aumentar la supervisión de Hacienda en el fraude fiscal, lo que supondría un incremento de 1.000 millones de euros.
El total del impacto de estas medidas generaría la recaudación del 0,3% del PIB, por lo que España podría comprometerse a cumplir el gasto con Bruselas. Asimismo, el gasto extraordinario ejercido por la Administración Central por la DANA representó un aumento considerable del déficit. Con la retirada de estas ayudas para 2026 se reduciría otro 0,3% el déficit, lo que consolidaría la senda fiscal marcada.
2025 plantea nuevos retos fiscales añadidos
No obstante, desde BBVA Research señalan que aunque se cumplan estas condiciones, se siguen presentando retos extra en materia de política fiscal para 2025. Entre ellos, la falta de consensos en los Presupuestos Generales Estatales, la condonación de la deuda de las Comunidades Autónomas y la necesidad creciente del gasto en defensa.
En lo referente al rearme, que supondrá un aumento del gasto de entre un 0,7% y un 1,5% anual del PIB, el reciente acuerdo europeo apuesta por la activación de las cláusulas de escape del PEC. De esta forma, los estados de la eurozona se podrán endeudar sin miedo a una penalización, lo que facilitará el cumplimiento fiscal. Por otra parte, la condonación de la deuda autonómica representará una carga añadida al Estado del 5,2% del PIB si todas las regiones se acogen a la medida. Y aunque suponga un descenso medio del 20% en la deuda total de las administraciones autonómicas, el nivel de endeudamiento seguirá manteniéndose alto y no resolverá el problema principal de gasto, ya que ahora será el Estado el que deba pagar dicha deuda. Además, esta medida no solventará el problema de los desequilibrios estructurales que mantienen las autonomías.
En este contexto, España afronta un 2025 marcado por la necesidad de equilibrar sus cuentas en un escenario de incertidumbre económica y política. Si bien el ajuste fiscal planteado permitirá acercarse al objetivo de déficit, los desafíos estructurales del gasto —desde el rearme hasta las pensiones o la condonación autonómica— exigen medidas de consolidación a más largo plazo. Confiar únicamente en la mejora de la actividad y en un mayor control del fraude fiscal podría no ser suficiente si la economía se desacelera o si los riesgos comerciales y geopolíticos se intensifican. España ha ganado tiempo con Bruselas, pero su desafío fiscal sigue abierto.
