Consumo abre un expediente a Alquiler Seguro por “prácticas abusivas contra inquilinos”. EP.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, pilotado por Pablo Bustinduy, ha anunciado este jueves la apertura de un expediente sancionador a “una gran agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler”. La compañía señalada por la Dirección General de Consumo es Alquiler Seguro, tal y como han revelado las organizaciones que presentaron las denuncias ante el Ministerio, Sindicato de Inquilinas, FACUA y OCU, y que podrían derivar en sanciones millonarias.
Las prácticas fraudulentas que diariamente son desplegadas en España por las principales inmobiliarias son de sobra conocidas por las autoridades, pero no ha sido hasta hace poco que se han tomado cartas en el asunto. El expediente incoado a Alquiler Seguro es parte de la investigación que Bustinduy inicio el pasado mes de octubre y que, tal y como han confirmado desde el departamento, “sigue en marcha respecto a otras inmobiliarias que también podrían haber cometido estas u otras prácticas”.
Las principales prácticas abusivas señaladas por los denunciantes y detectadas por Consumo, y por cualquiera que intente acceder a un alquiler controlado por esta inmobiliaria, son el cobro una “comisión por la gestión del arrendamiento”, la imposición de la “contratación de un seguro” o la obligatoriedad de “contratación de servicios no solicitados por el inquilino”. Todas estas actuaciones son ilegales, tal y como establece la ley 12/2023; es decir; la Ley de Vivienda. Además, “exigir a inquilinos el pago de fianzas desproporcionadas, que asuman garantías adicionales o que tengan que pagar mensualidades adelantadas” también son contrarias a la ley.
La norma “prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato”, recuerda Consumo. Además, destaca que “estas cláusulas o prácticas podrían ser constitutivas de infracciones”, que podrían ser “sancionadas con multas de hasta un millón de euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido”. Con ese proceder, Bustinduy asegura que pretende “proteger los derechos de las personas consumidoras en el acceso a la vivienda”.
Sobre los derechos de los inquilinos, desde Consumo ya se han llevado a cabo acciones informativas con los operadores del mercado sobre potenciales conductas abusivas en los contratos de alquiler. Se tratarían de prácticas que también son contrarias a la normativa vigente como exigir a inquilinos e inquilinas el pago de fianzas desproporcionadas, que asuman garantías adicionales o que tengan que pagar mensualidades adelantadas.
