Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan un fraude de 136 millones en el IVA de los hidrocarburos por una organización criminal presuntamente liderada por Claudio Rivas Ruiz-Capillas, socio del también comisionista de las mascarillas, Víctor de Aldama, han podido acreditar «operativas compatibles con el blanqueo de capitales por importe de 59.691.125 euros», según especifica un informe sobre la causa abierta a la sociedad Gaslow, que fue remitido a finales de 2024 al juez Santiago Pedraz.
El fraude consiste en interponer una sociedad instrumental en la mitad de la cadena para que no pague el IVA y, de esta manera, poder vender el producto hasta un 21% más barato. A través de estas cadenas de comercialización, la estructura societaria ha generado un presunto fraude fiscal en 2019 de 30 millones y en 2020 de 106 millones de euros.
Estas cantidades tienen su origen en la mencionada empresa Gaslow (13.144.200 euros); pero también en Nascor (2.749.647 euros); Keep It Save (13.843.696 euros); Anevoc (5.339.411 euros); Ecotar Power (18.555.567 euros); y Serrezoil (6.058.601 euros).
2,7 millones en criptomonedas
De los 59,6 millones, los agentes han detectado el envío de 46.78.334 euros a entramados societarios instrumentales dominados por los investigados. De esta cantidad, han confirmado el destino de 14.661.175 euros.
MADRID (ESPAÑA), 25/02/2025.- Claudio Rivas (d), socio de Aldama / Blanca Millez / EFE
En concreto, los investigados enviaron al extranjero 5.412.227 euros y han retirado en efectivo 3.382.891 euros. Destaca la compra de criptomonedas, por parte de las empresas de la trama, por un valor de 2,2 millones. A esta suma, que fue invertida mediante el entramado empresarial, los agentes han detectado que los investigados adquirieron a su nombre criptomonedas por un importe de 576.324 euros. El total de fondos dedicados a la compra de criptomoneda, por parte de la organización criminal, constituye un montante total de 2.783.508 euros concluye la UCO.
También invirtieron en inmuebles, por 1.908.113 euros, vehículos de alta gama (876.829 euros); y fondos de inversión (848.930 euros).
Aldama y Villafuel
Entre las empresas utilizadas por los integrantes de la trama liderada por Claudio Rivas, y en la que se integró Víctor de Aldama está la empresa Villafuel. El propio juez Santiago Pedraz ha abierto una causa que centra su atención en el fraude con esta segunda firma, que supera los 200 millones de euros.
Otras tres firmas atribuidas a la red corrupta tienen como administradora única a Carmen Pano. Esta investigada admitió en su declaración como testigo en el caso Ábalos que se instruye en el Tribunal Supremo haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, en octubre de 2020 por instrucciones directas de Víctor de Aldama.
A las empresas de Pano implicadas en el fraude de la presunta organización criminal se les responsabiliza por el presunto blanqueo de 2,7 millones, según la UCO. En concreto, a Ornus Import SL se le atribuye el blanqueo de 696.250 euros; Nerium Logistia SL, de 60.000 euros; y Comercio Justo y Solidario SXXI, de 2.023.482 euros.
