El profesorado de las escuelas concertadas y privadas de la Comunitat Valenciana quiere acogerse a las condiciones de la nueva modalidad de jubilación parcial a la que se podrán acceder sus homólogos de la enseñanza pública a partir del 1 de abril. Se trata de una posibilidad existente hasta el año 2012, cuando se eliminó, siempre que el docente cuente con 33 años cotizados.
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE-CV) ha pedido al conseller de Educación, José Antonio Rovira, medidas para que puedan acogerse a esta opción porque, de no permitirlo, será un «nuevo agravio comparativo» frente al personal de las escuelas públicas. Para ello, Educación debería destinar 10 millones de euros anuales, según han estimado desde FSIE-CV, una «cantidad perfectamente asumible para la segunda conselleria» del Consell en cuanto a la partida presupuestaria de la misma.
La entidad ya presentó un borrador del texto el pasado 11 de marzo ante la «ausencia de avances tangibles en la negociación» de este asunto, algo que genera «malestar» entre el personal de las escuelas concertadas y privadas.
A lo largo del encuentro, el conseller Rovira se ha comprometido a iniciar una negociación con la Dirección General de Presupuestos de la Conselleria de Hacienda para conseguir la financiación necesaria para permitir al profesorado con pago delegado acogerse a esta jubilación parcial. En principio, les ha emplazado al mes de mayo para comentar los avances al respecto.
Retraso en los pagos
Otro de los asuntos tratados en el encuentro ha sido el retraso en los pagos a la escuela concertada por parte de Educación. Como informaba Levante-EMV el pasado viernes, la Generalitat Valenciana tenía pendientes las cuotas de los gastos de funcionamiento desde el mes de diciembre, una demora que se solucionó este mismo lunes, cuando Educación efectuó el pago de estas tres cuotas pendientes y, también, de la de este mes de marzo.
Desde FSIE han pedido que «no se repita en lo sucesivo» porque estas cuantías son «esenciales» para el normal funcionamiento de los centros y para garantizar el derecho de los profesionales a recibir «su salario íntegro con la puntualidad debida«. Esta cantidad se usa para abonar las nóminas de los conserjes, por ejemplo. Educación lo ha atribuido a un «error puntual».
