A principios de mes, los agentes de aduanas de Estados Unidos impidieron la entrada al país a un científico francés que trabaja para el Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Según el Ministerio de Educación Superior francés, en la frontera los agentes encontraron mensajes en su teléfono en los que expresaba su “opinión personal” sobre las políticas de Donald Trump en el terreno de la ciencia, y eso fue suficiente para denegarle el paso. El ministro del ramo, Philippe Baptiste, ha calificado la noticia de preocupante. “La libertad de opinión, la investigación libre y la libertad académica son valores que continuaremos llevando por bandera con orgullo”, dijo en un comunicado.
El Gobierno estadounidense ha negado que se le rechazase la entrada por sus opiniones políticas y ha dicho que se encontró información confidencial en su ordenador que pertenecía al Laboratorio Nacional de Los Álamos (Nuevo México) que se había llevado sin permiso y que intentaba ocultar. Pero el caso del científico francés no ha sido el único: a lo largo de las últimas semanas se ha producido un goteo de personas que han sido o bien bloqueadas en el aeropuerto, o detenidas en Estados Unidos o deportadas del país por sus opiniones políticas y aun teniendo, en todos los casos, sus papeles en regla. O quizás por eso.
Un participante en las manifestaciones propalestinas de la Universidad de Columbia (Nueva York) que tenía permiso de residencia (green card). Un investigador de la Universidad de Georgetown con un visado académico en regla. Una médico y profesora de la Universidad de Brown en la misma situación. Todos ellos han sido detenidos y deportados, o directamente deportados, o están en proceso de deportación.
La Administración de Trump está redoblando sus esfuerzos para detener y deportar a inmigrantes que residen legalmente en Estados Unidos pero están en contra de sus políticas o de la línea ideológica del Gobierno, haciendo saltar las alarmas en los países de origen de los detenidos y desatando un enorme debate sobre la legalidad de las medidas y la libertad de expresión.
En consecuencia, países como Canadá, Alemania, Reino Unido, Finlandia y Francia han actualizado sus recomendaciones de viaje para los turistas, advirtiendo de casos en los que europeos (y canadienses) han sido detenidos y deportados cuando viajaban a Estados Unidos. La medida parece buscar enviar un mensaje a los inmigrantes con papeles de todo Estados Unidos que no han incumplido ninguna ley, pero sí tienen opiniones contrarias a las del Gobierno.
En cambio, la Administración dice que solo lo hace para proteger a sus ciudadanos. “La Administración Trump está reforzando sus leyes migratorias, algo que la administración anterior fracasó en hacer”, ha dicho una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin. “Aquellos que violen esas leyes serán procesados, detenidos y expulsados”, ha añadido.
Los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU pueden registrar los móviles, ordenadores y otros dispositivos electrónicos de cualquier viajero, incluidos los de nacionalidad extranjera. Pero esos registros son raros, según la agencia, y solo se llevan a cabo a menos del 0,01% de los visitantes internacionales. Sin embargo, el país cuenta con una base datos con el objetivo de identificar posibles “riesgos” entre los visitantes al país, que podría estar utilizando.
Uno de los casos más sonados de los últimos días ha sido el de la doctora Rasha Alawieh, una especialista en trasplantes de riñones que reside en Estados Unidos y no pudo volver a entrar cuando regresaba de una visita a su familia en el Líbano. La Administración deportó a Alawieh a pesar de que tenía un visado en regla, pero después una orden judicial bloqueó el proceso de expulsión. Las autoridades federales han alegado que la profesora universitaria tenía en su teléfono móvil “fotos y vídeos de importantes integrantes de Hizbulá” y que asistió al funeral del líder del grupo en febrero, algo que no supone un delito en EEUU.
En el caso del activista propalestino Mahmoud Khalil, la policía de inmigración de EEUU lo detuvo en Nueva York y lo trasladó a una cárcel de Louisiana después de que Trump declarase que su arresto formaba parte de una campaña de deportación de estudiantes internacionales que han participado en protestas a favor de Palestina. Estados Unidos ahora considera que los manifestantes propalestinos son antisemitas y simpatizantes de Hamás, y por eso el presidente ha prometido que el arresto de Khalil será “el primero de muchos”. Khalil tiene permiso de residencia en Estados Unidos (una green card, con la que sobre el papel solo puedes ser expulsado del país si eres condenado por un juez) y además está casado con una estadounidense.
¿Puede EEUU arrestar a residentes por sus opiniones políticas?
La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege la libertad de expresión en términos casi absolutos, pero no está claro si la Constitución estadounidense abarca también a quienes no son ciudadanos del país. En varias ocasiones, el Tribunal Supremo ha dicho que la Primera Enmienda aplica a los no ciudadanos en casos de sanciones penales y civiles. Pero las deportaciones no tienen por qué entrar en ese paraguas, y es al Gobierno a quien le corresponde decidir qué extranjeros entran y salen del país, lo que incluye deportarlos, posiblemente, pese a lo que diga la Constitución.
El New York Times recuerda que en 1952 el Supremo decidió que el Gobierno de EEUU podía deportar a inmigrantes por ser parte del Partido Comunista sin que eso violase el derecho a la libertad de expresión, y en consecuencia los agentes de inmigración solían preguntar si eran comunistas a quienes entrevistaban para darles la ciudadanía. Desde entonces, el Alto tribunal no ha vuelto a posicionarse, pero sí lo han hecho juzgados de menor nivel, que han fallado en sentidos opuestos. De su lado, el Gobierno invoca un estatuto de 1952 que le permite deportar a inmigrantes aunque tengan la residencia (green card) si tienen opiniones contrarias o que obstaculizan la política exterior estadounidense. Y ahí enmarca las detenciones de la semana pasada.
Sin embargo, los detenidos o deportados no están acusados de financiar a organizaciones terroristas ni de ayudarlas de ninguna otra manera, solo de defenderlas en su discurso en redes sociales, o mensajes privados. Entonces, ¿qué derechos tienen los no ciudadanos? En teoría, tienen derecho a un proceso justo, pero la Administración Trump está saltándoselo en muchos casos invocando ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que hasta el momento solo solo se había usado en el contexto de una guerra. Con esa ley en la mano, Trump deportó la semana pasada a cientos de migrantes venezolanos a El Salvador que no habían pasado por delante de un juez ni acusados formalmente de nada. El Gobierno dice que eran miembros de una poderosa banda criminal venezolana, el Tren de Aragua.
Para los críticos, esta estrategia de la Administración es una manera de conseguir que los inmigrantes de todo tipo -de profesores visitantes a periodistas extranjeros o profesionales de diferentes sectores o áreas- se autocensuren por miedo a ser deportados o rechazados cuando intenten entrar en el país. La organización sin ánimo de lucro American Civil Liberties Union (ACLU) ha alertado de que estas medidas dejan a los inmigrantes sin derecho, en la práctica, a la libertad de expresión.
“Si tenéis redes sociales, aseguraos de que no están llenas de comentarios sobre Oriente Próximo”
“Si tenéis redes sociales, aseguraos de que no están llenas de comentarios sobre Oriente Próximo. Nadie puede protegeros, estos son tiempos peligrosos”, dijo el profesor adjunto de la Universidad de Columbia, Stuart Karle, a los estudiantes después de que agentes de inmigración arrestasen a un activista propalestino del campus. La Universidad ha recomendado que los estudiantes que no sean ciudadanos estadounidenses eviten publicar sobre Gaza, Ucrania y las protestas en el campus, a riesgo de perder su historial académico e incluso su libertad.
El campus de Columbia, en Nueva York, se convirtió el año pasado en el centro de las protestas contra la guerra en Gaza, con alumnos acampando en sus jardines para pedir que uni abandonase apoyo a Israel, como programas junto con la Universidad de Tel Aviv. El movimiento inspiró a los alumnos de universidades y colegios de todo Estados Unidos, que hicieron lo mismo para pedir el fin de la guerra.
Como medida de presión, la Administración Trump retiró la semana pasada 400 millones de dólares en becas y contratos para Columbia por lo que calificó como “el fracaso” de la universidad a la hora de combatir “el antisemitismo”. La Casa Blanca dijo a los periodistas que la universidad se ha negado a ayudar a la administración a identificar a alumnos “relacionados con actividades pro Hamás”. Después, envió a la institución una lista con todo lo que debían cambiar si querían recuperar ese dinero.
Otras universidades, como la de Pensilvania, han pasado por lo mismo. El Gobierno lleva semanas tratando de asemejar a los manifestantes propalestina con Hamás, aunque no haya pruebas. “Esperamos de todos los colegios y universidades que cumplan con las políticas de esta administración”, han dejado claro.
