La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha presentado este lunes en rueda de prensa los estudios de la primera fase Spending Review 2022-2026 sobre mutualismo administrativo e instrumentos financieros. El informe sobre Muface, largamente esperado, propone incorporar, de forma progresiva, y a medio plazo, a los nuevos mutualistas al Sistema Nacional de Salud -recordó que la sanidad pública ya la eligen un 70% de funcionarios– y permitir la adscripción voluntaria. «Mejoraría la eficiencia del sistema», señaló Herrero. Además, constata que el modelo constituye una «excepción singular» entre los países de nuestro entorno. Propone, por eso, reformas estructurales para transformar la actual adscripción obligatoria.
La AIReF ha publicado el estudio sobre el mutualismo administrativo en el que evalúa la eficacia y eficiencia del sistema en España. Se han analizado 400 millones de microdatos anonimizados e incorpora las conclusiones de una encuesta realizada a 16.000 mutualistas. En el trabajo se combina información administrativa, actividad hospitalaria, consumo de fármacos… «El caso español es singular», señaló Cristina Herrero que se refirió a países con sistemas sanitarios universales.
Aludió a un análisis comparativo con países con sistemas sanitarios universales financiados mediante impuestos. Y señaló que mientras países como Italia y Turquía integraron sus regímenes especiales de funcionarios durante la constitución de sus sistemas nacionales de salud y otros, como Grecia y Portugal, lo hicieron en el marco de reformas estructurales en periodos de crisis económicas, España mantiene un sistema diferenciado que, según Herrero, precisa reformas.
Las reformas
Así, explicó que transformar la actual adscripción obligatoria de los funcionarios en régimen voluntario permitiría racionalizar el sistema y generar ahorros a los propios mutualistas y a las arcas públicas. Además, la progresiva incorporación de los nuevos mutualistas al SNS, que advirtió Herrero debería reforzarse antes de ese trasvase, ayudaría a superar ineficiencias. Para ello, propuso consultar a los propios funcionarios mientras dure el próximo concierto, de 2025 a 2027, sobre qué preferirían.
«Estamos viendo que los nuevos mutualistas eligen ya mayoritariamente la provisión pública y el porcentaje es todavía mayor en el personal docente», ha señalado la presidenta de la AIReF quien insistió que no se trataría de una incorporación inmediata, que estaría condicionada al refuerzo del SNS y que, además, como determinante habría que evaluar las listas de espera.
La actual segregación del colectivo mutualista (1,6 millones en la modalidad privada) de la población general del SNS (47,8 millones de beneficiarios) «limita algunas de las ventajas inherentes en términos de economías de escala de los modelos de aseguramiento de riesgo compartido y provisión directa», considera la AIReF.
Entre las principales conclusiones del estudio, en términos de eficacia, aunque en el promedio del periodo analizado el 24% de los funcionarios optaron por el sistema público, el porcentaje se dispara hasta el 70% entre quienes tuvieron ingresos hospitalarios por enfermedades graves. La tendencia se acentúa en pacientes que necesitan tratamientos oncológicos, como quimioterapia o servicios de nefrología y diálisis.
Las consultas
Según el estudio, más del 66% de las hospitalizaciones más graves son atendidas en centros públicos, porcentaje que se eleva hasta el 90% cuando el mutualista es menor de 40 años. La entidad también ha constatado una mayor accesibilidad a algunos servicios sanitarios entre los mutualistas que eligieron a la sanidad privada, registrándose tasas de consultas que, en ocasiones, cuadruplican las del Sistema Nacional de Salud.
Y si se habla de equidad, advierte que la adscripción obligatoria al mutualismo «limita el acceso a las características de la provisión pública universal que tienen el resto de ciudadanos, especialmente los que optan por la modalidad privada«. Además, en el ámbito de la eficiencia, se identifican «importantes posibles ganancias» en la sanidad privada, sobre todo si se habla de gasto farmacéutico.
La AIReF ha comprobado que los centros privados facturan a las mutualidades medicamentos hospitalarios «a precios externos a precios significativamente más elevados» que el de adquisición en la sanidad pública y se llega en algunos casos a sextuplicar el coste de esos fármacos. Además, se observan disparidades en el uso de genéricos (40% en la modalidad pública frente al 32% en la privada).
Consejo de Muface
El estudio -que se presenta en vísperas de una reunión del Consejo General de Muface que se celebra este miércoles- fue un encargo del Ejecutivo, en 2022 y, en los plazos previstos, a finales de año, fue remitido al Ministerio de Hacienda. La larga crisis de Muface -ahora ya resuelta con ASISA y Adeslas como las aseguradoras que atenderán a los funcionarios- debería llevar a una reflexión sobre el modelo. Lo ha dicho en distintas ocasiones el ministro de Función Pública, Óscar López.
Para eso, el documento de la AIReF será indispensable. En otras tantas ocasiones, su departamento ha recalcado que precisamente la información del informe será muy válida como material que permita formular propuesta de medidas que mejoren ese modelo. El estudio fue remitido al Ministerio de Hacienda con fecha 19 de diciembre, según consta en el acta de la reunión del Comité Directivo de la entidad que preside Cristina Herrero Sánchez.
