La hora de la verdad se aproxima en Brasil. El Supremo Tribunal Federal (STF) decidirá entre el 25 y 26 de marzo si se juzga al expresidente Jair Bolsonaro por liderar una «organización criminal» que intento derrocar a Luiz Inacio Lula da Silva el 8 de enero de 2023. El excapitán del Ejército prometió asistir a las deliberaciones que, según la prensa local, no le auguran un final feliz. El pasado 19 de febrero, el fiscal general, Paulo Gonet, acusó Bolsonaro ante el STF de haber encabezado la conjura sobre la base de las investigaciones concluyentes de la Policía Federal (PF) que también involucran a otras 33 personas, entre ellas al excandidato a vicepresidente en los comicios de 2022, el general Walter Braga Netto, quien cumple prisión preventiva. La ley contempla hasta 40 años de cárcel por los delitos de tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, daño calificado por violencia y amenaza grave contra bienes federales. Los planes de los golpistas contemplaron también el envenenamiento de Lula y el juez del STF, Alexandre de Moraes.
El hombre a quien sus seguidores llaman «Mito» y que gobernó Brasil entre 2019 y el primer día de 2023, ya carga sobre sus espaldas una sanción: la inelegibilidad para cargos electivos hasta 2030 por haber sembrado sospechas sobre la transparencia de los comicios de 2022. La ultraderecha parecía prepararse para la imputación de su líder. La mayoría del STF de Brasil rechazó días atrás los recursos presentados por los abogados del exmandatario. La defensa había cuestionado no solo la parcialidad de De Moraes sino del juez Flavio Dino, quien fue ministro de Justicia de Lula. Uno de sus letrados, Paulo Cunha Bueno, expresó su «indignación» por la postura de las autoridades judiciales y habló de un «proceso penal contaminado». Para el semanario ‘Veja’, el revés que sufrieron los abogados del excapitán «fue otro más en la larga lista de derrotas que se acumulan» en los últimos meses.
El 16 de marzo, el propio excapitán ocupó las calles de Río de Janeiro para proclamar que es un perseguido político. También se consideró condenado de antemano. «¿Con qué fin? ¿Sacarme del escenario político para el año próximo? «. Unas elecciones sin Bolsonaro serían «negar la democracia». El jueves pasado hizo una transmisión en vivo para festejar sus 70 años y cuestionar el juicio que se le avecina y que calificó de «estafa». Hasta el momento, las presiones políticas para que los protagonistas del 8E fueran beneficiados con una amnistía no llegaron a buen puerto. El pesimismo de los bolsonaristas más radicales no está reñido con la agresión virtual. Proliferan en las redes sociales las advertencias al STF. Antes de las audiencias del martes y miércoles próximos, la sede del máximo tribunal ha recibido amenazas telefónicas y a través de los correos electrónicos.
Apoyo del trumpismo
En las vísperas, la PF negó por segunda vez a Bolsonaro la renovación de su permiso para portar armas. La gestión la hizo un ayudante personal del expresidente. El mayor indicio de en breve los brasileños podrían conocer novedades judiciales de peso lo ha ofrecido Eduardo Bolsonaro, quien anunció la semana pasada su decisión de abandonar su lugar en la Cámara de Diputados e instalarse en Estados Unidos. Su propósito es buscar allí «los castigos justos para De Moraes y su Gestapo» y que el juez del STF a «pague por toda la crueldad» ejercida contra «personas inocentes». Para el abogado penalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conocido como Kakay, el viaje de Eduardo Bolsonaro a Estados Unidos es «desestabilizar el poder judicial en Brasil» con ayuda del trumpismo.
Congresistas del Partido Republicano han remitido una carta al presidente Donald Trump en la que se le pide que se sancione al juez De Moraes. Los legisladores Rich McCormick y Maria Elvira Salazar sostienen en su misiva que el juez del STF es tanto «un problema para Brasil» como una «amenaza creciente» para Estados Unidos por las «flagrantes violaciones de los derechos humanos» que perpetra, entre ellas «la censura de opositores políticos y el uso del poder judicial». Según los republicanos, De Moraes «debe responder por sus abusos». La carta parece haber sido escrita por el hijo de Bolsonaro dadas las similitudes de expresiones. «Esto es extremadamente grave», remarcó Kakay. La decisión del diputado de abandonar Brasil sorprendió a los seguidores del excapitán. No se descarta, sin embargo, que retorne para confluir con su padre en una fórmula presidencial. Como se prevé que Jair Bolsonaro seguirá siendo «inelegible», el hijo dilecto pasaría a encabezar la candidatura de la ultraderecha en 2026, si es que ese espacio no encuentra otro abanderado.
La hipótesis del asilo político
Varios analistas se han preguntado cuáles serían los próximos movimientos de «Mito» en caso de ser formalmente imputado por el STF. Bolsonaro ha descartado la posibilidad de un asilo político en la embajada de un país «amigo». Sin embargo, no pasan por estas horas inadvertidas algunas acciones del pasado reciente que podrían haberse realizado como una suerte de globo de ensayo. En febrero de 2024, el expresidente estuvo dos días en la legación de Hungría en Brasilia. La hospitalidad de los representantes diplomáticos de Viktor Orbán provocó sorpresas, entre otras razones por las cuales la estancia de 48 horas tuvo lugar cuatro días después de que la PF retuviera su pasaporte debido a las investigaciones sobre la intentona golpista.
Lula ha reiterado en varias oportunidades que Bolsonaro y los suyos deben sentarse en el banquillo de los acusados por los delitos cometidos contra la institucionalidad. La cita del STF coincide con un momento político delicado de su Gobierno. Un sondeo de Atlas Intel ha dado cuenta de que el presidente perdería en las urnas contra el excapitán retirado en una hipotética competencia en 2026. El líder del Partido de los Trabajadores no logra recuperar la imagen tras la devaluación del real, la moneda brasileña, y el aumento de los precios de los alimentos.
