Pedro Sánchez llegó a la Moncloa el 1 de junio de 2018. Desde entonces, en las Cortes Generales -Congreso y Senado- se han debatido una veintena de iniciativas sobre la ocupación de viviendas. El PSOE siempre ha votado ‘no‘. Hasta este martes, cuando los socialistas, por primera vez en casi siete años, apoyaron la proposición de ley de Junts para desalojar ocupas en 48 horas. La norma de los posconvergentes, cuyo objetivo principal ya defendieron los socialistas en 2022 con disimulo, abre ahora la puerta a modificar la Ley de Vivienda que aprobó el Gobierno en 2023 para limitar los casos de vulnerabilidad en ocupaciones.
«El ordenamiento jurídico español cuenta con mecanismos suficientes para enfrentar la mal denominada ocupación ilegal de viviendas», aseveró el pasado martes el diputado del PSOE Guillermo Hita en un complejo discurso en el que trató de desmarcarse del «miedo» que tratan de propagar las formaciones de derechas a la par que justificaba su apoyo a la iniciativa de Junts admitiendo que el «marco jurídico es susceptible de mejora«. Así, votaron a favor de la norma, pese a que su voto no era necesario ante el respaldo ya expresado por PP y Vox, PNV, UPN y Coalición Canaria.
No obstante, Hita hizo una puntualización, cualquier cambio debe realizarse «sin menoscabo de la protección de los colectivos especialmente vulnerables«. Y la norma de los posconvergentes, justo, limita las situaciones de vulnerabilidad recogidas en la propia Ley de Vivienda del Gobierno. En concreto, se pretende eliminar la necesidad de comprobar la vulnerabilidad de los ocupantes de un inmueble cuando estos no tengan ningún contrato o título legítimo antes de desalojarlos. La intención, según Junts, es diferenciar de aquellos casos en los que la ocupación se produce por el impago de la renta.
Esta modificación supondría un ataque a uno de los principales pilares de la Ley de Vivienda, que ralentizaba los procesos de desalojo ante la obligación de que los grandes tenedores de vivienda tuvieran que comprobar si los ocupantes estaban en situación de vulnerabilidad. Además, en la misma línea, la proposición de ley de Junts modifica la actual prohibición, pactada entre el Gobierno y EH Bildu, para suspender los desahucios y lanzamientos a familias vulnerables hasta finales de 2025.
Misma propuesta, tres años después
El grueso de la norma de Junts pretende establecer «medidas cautelares» para desalojar a los okupas en un plazo de 48 horas cuando se trate del «allanamiento» o la «usurpación» de un inmueble. Los posconvergentes alegan que las vías actuales «no están siendo suficientemente eficaces ni suficientemente rápidas«. Así, plantean que el denunciante podrán solicitar estas medidas al acreditar la titularidad del inmueble y que, después, los ocupantes dispondrán de 48 horas para aportar un «título de posesión legítima». De lo contrario, se procederá a su desalojo.
Pese a la habitual actitud del PSOE de rechazar cualquier iniciativa antiokupación, esta medida la defendieron los socialistas en septiembre de 2022, cuando registraron una enmienda al proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia. En aquel momento, los socialistas ya abogaron por una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) que establecía exactamente el mismo procedimiento defendido ahora por Junts. Sin embargo, esa modificación nunca se llegó a votar debido al adelanto electoral de julio de 2023.
El vaivén de los socialistas con este tipo de iniciativas no acaba ahí. Hace unos meses, el PNV impulsó una iniciativa para que los delitos de allanamiento y usurpación fueran por el procedimiento del juicio rápido, lo que supone resolver los casos en 30 días. La propuesta salió adelante gracias a un error de EH Bildu y ERC en una votación, pero el PSOE se mantuvo coherente con el sentido de su voto en los últimos años y rechazó esta modificación.
A excepción de la enmienda del PNV, la de Junts ha sido la primera iniciativa que se debate desde que Sánchez está en la Moncloa relativa a ocupación que haya sido impulsada por algún socio del bloque de investidura. Hasta el momento, los socialistas se han opuesto a 12 textos del PP, tres de Vox, uno de Ciudadanos y otro de UPN.
