Israel arde. Y Binyamín Netanyahu no deja de avivar el fuego. El primer ministro israelí ha devuelto a su país a la guerra siguiendo, de nuevo, sus propios cálculos políticos. En el camino, se ha enemistado con cualquiera que se atreva a recordarle los límites del sistema democrático. La oposición va al alza en todo el país: el malestar viene de las calles pero también de los tribunales y los servicios secretos. A las puertas de aprobar sus presupuestos, gracias a la reconciliación con sus aliados ultraderechistas por el retorno a la violencia contra Gaza, Netanyahu maniobra para asegurarse el cargo.
El pasado martes ya había concentraciones planeadas en Israel para protestar contra los planes del primer ministro para destituir al jefe de la agencia de inteligencia doméstica Shin Bet, Ronen Bar. Netanyahu alegó la falta de confianza entre ellos, pero muchos ven este despido como otro intento más de socavar la independencia de la agencia después de que su informe sobre los fallos que llevaron al ataque del 7 de octubre señalaran la política indulgente del primer ministro respecto a Hamás de la última década. Durante la guerra contra Gaza, Netanyahu se ha enfrentado repetidamente con los principales responsables de seguridad israelí que han criticado su gestión del conflicto.
Caso Qatargate
Además, la decisión de destituir a Bar llegó justo después que el Shin Bet publicara las investigaciones contra varios asesores de Netanyahu en el caso Qatargate. Uno de ellos había presuntamente filtrado un documento secreto a un medio extranjero, y a otros se les acusa de haber trabajado para personas vinculadas a este Estado árabe cercano a Hamás. Meses antes, el primer ministro ya había despedido a dos responsables de seguridad con los que a menudo estaban e desacuerdo: el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el jefe del Estado mayor, Herzi Halevi. Varios exmiembros del Shin Bet temen que, tras la salida de Bar, Netanyahu nombre a un sucesor en función de sus consideraciones políticas, como ya hizo con la cartera de Defensa, ahora ocupada por su fiel aliado, Israel Katz.
Pero, más allá de la oposición pública en las calles, el líder israelí se ha topado con la obstrucción de la fiscal general Gali Baharav-Miara. Garante de la legalidad, Baharav-Miara ha advertido a Netanyahu que la destitución de Bar, la frente de la agencia desde 2021, podrían suponerle un conflicto de intereses. Además, el Tribunal Supremo ha congelado el despido hasta que pueda organizarse una sesión para atenderse las peticiones de cese. Los miembros de la coalición de Gobierno no sólo han exigido el despido de Bar por un menoscabo de su posición –el jefe del Shin Bet ha alegado que no abandonará su cargo hasta que vuelvan todos los rehenes de Gaza–, sino también el de Baharav-Miara. Y el ministro de Justicia, Yariv Levin, ha pedido celebrar un voto de no confianza contra la fiscal general.
Sin base legal
Todos los ex fiscales generales de Israel que aún están vivos advirtieron el pasado jueves en una opinión legal que el plan del Ejecutivo de destituir a Baharav-Miara socavaría gravemente el Estado de derecho en el país. Alegan que no hay base legal para despedirla y que los desacuerdos entre el Gobierno y la fiscal general reflejan principalmente la falta de voluntad del Gabinete para actuar conforme a la ley. Ante este tenso contexto político, la sociedad israelí ha salido en masa a las plazas para denunciar los intentos de Netanyahu de socavar el sistema democrático, como ya hizo durante el intento de reforma judicial que movilizó al pueblo israelí durante meses antes del ataque del 7 de octubre.
A su vez, critican el retorno de la guerra en Gaza. «Esta decisión pone deliberadamente en peligro a los rehenes, como han testificado repetidamente los supervivientes del cautiverio; ¿acaso han sido olvidados?«, se pregunta el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas en un comunicado. Los parientes de los cautivos exigen al Gobierno que cumpla el acuerdo para el retorno de todos ellos. Aún quedan 59 rehenes en Gaza, más de la mitad de los cuales se cree que están muertos. También han mandado un mensaje a las autoridades militares. «Tienen la obligación moral de salvar a los rehenes, algunos de los cuales son sus subordinados que fueron secuestrados durante su servicio; esto recae sobre sus hombros», han sentenciado.
Presupuestos
Netanyahu, sin embargo, parece hacer oídos sordos a las críticas de su pueblo. Con la reanudación de la violencia contra Gaza, ha conseguido recuperar a su aliado de extrema derecha, el colono Itamar Ben Gvir. El líder de Poder Judío abandonó la coalición cuando se firmó el acuerdo de alto el fuego al que se oponía firmemente. Ahora que Israel ha roto la tregua, Ben Gvir ha vuelto a ocupar su cargo de ministro de Seguridad Nacional, y los israelíes ya lo han empezado a notar. En la protesta que tuvo lugar el jueves a las puertas del Parlamento israelí, la policía, bajo el mando de Ben Gvir, respondió con brutalidad haciendo uso de cañones de agua para dispersar a la multitud.
Con su nombramiento, el primer ministro probablemente logre aprobar los presupuestos antes del límite de tiempo del próximo 31 de marzo. Después de que sus aliados ultraortodoxos anunciaran que le negarían el apoyo si no garantizaba la exención militar de su comunidad, Netanyahu no podía arriesgarse a ver su Gobierno colapsar. Por eso, necesitaba desesperadamente el apoyo de Ben Gvir. De momento, le ha costado las protestas más masivas de los últimos meses en el país y alrededor de medio millar de vidas gazatíes arrasadas en apenas tres días. Cualquier cosa antes que ir a las urnas.
