El magistrado federal estadounidense James Boasberg, que ha detenido las expulsiones inmediatas de presuntos delincuentes venezolanos a la prisión de máxima seguridad construida por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha señalado que los argumentos presentados por la Casa Blanca hasta ahora son «lamentablemente insuficientes». Además, ha solicitado a la Administración Trump que clarifique, antes del próximo martes, si finalmente considerará esta cuestión como secreto de Estado para evitar una comparecencia.
Hasta ahora, el juez James Boasberg solo ha recibido una respuesta del director local del departamento de Operaciones de Control y Deportación (OCD) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Miguel Vergara, quien simplemente ha transmitido al tribunal las deliberaciones sobre la posible clasificación de la información como secreta.
«Se trata de una cuestión muy seria», parafrasea a Vergara el documento judicial, «que requiere una cuidadosa consideración de la seguridad nacional y las relaciones exteriores, y no puede llevarse a cabo adecuadamente en tan solo 24 horas».
Vergara es el director local de la OCD en Harlingen, Texas, desde donde salieron los vuelos a El Salvador con más de 250 presuntos miembros de bandas criminales como el Tren de Aragua y las maras salvadoreñas. Estos vuelos se llevaron a cabo bajo una controvertida y obsoleta ley de seguridad nacional, redactada en el siglo XVIII, que omite los procedimientos regulares de deportación y expulsión. Esta legislación ha sido suspendida por el juez Boasberg durante al menos 14 días.
El juez está investigando si la Administración Trump actuó en desafío directo al autorizar los vuelos mientras se ultimaba su suspensión, mientras que la Casa Blanca ha defendido que los aviones despegaron durante las deliberaciones judiciales y antes de que se emitiera la decisión final sobre la suspensión.
En su dictamen de este pasado jueves, recogido por el portal de noticias Político, el magistrado señalaba que el director local de la OCD no es la persona indicada para informar al tribunal sobre tales deliberaciones y exige a la Administración Trump que le entregue hoy mismo «una declaración jurada de una persona con participación directa en las discusiones sobre la invocación del privilegio de secreto de estado».
Además, el magistrado ha ordenado a la Casa Blanca que le comunique antes del próximo martes si finalmente declararán o no el privilegio del secreto de estado, así como que justifiquen su argumento de que no estaban desafiando su autoridad al autorizar los vuelos que despegaron el pasado 15 de marzo.
Trump afirma que todos los expulsados son criminales
Este viernes, durante una rueda de prensa, Trump ha afirmado que todos los deportados a El Salvador tienen antecedentes criminales y están asociados a los grupos mencionados, en respuesta a las críticas de abogados que defienden la inocencia de algunos de los detenidos.
Uno de los casos destacados es el de Jerce Reyes Barrios, un futbolista profesional venezolano y entrenador de fútbol infantil de 36 años, quien según su abogada, Linette Tobin, no tiene antecedentes penales ni conexiones con pandillas. Tobin sostiene que las autoridades han interpretado erróneamente un tatuaje de su cliente como un símbolo de las bandas, cuando en realidad es un tributo al escudo del Real Madrid, el equipo favorito de Barrios, según declaraciones a la cadena estadounidense ABC. La abogada explicó que, tras presentar estas pruebas, Barrios fue trasladado a una prisión de máxima seguridad y tiene programada una audiencia especial para el 17 de abril.
En el Despacho Oval, Trump ha manifestado que los deportados forman un «grupo de malas personas» y «unos asesinos», asegurando que sus identidades fueron sometidas a un exhaustivo examen. «Me han dicho que han sido objeto de una investigación profunda de sus antecedentes», ha comentado el presidente, quien ha aprovechado para arremeter contra el juez Boasberg.
«Este juez no ha estado en la Casa Blanca, ni ha obtenido 80 millones de votos. No podemos permitir que sucedan cosas así», dijo Trump, poco después de advertir en su plataforma Truth Social que «ningún juez de un tribunal de distrito, ni ningún juez de ningún tipo, puede asumir las funciones del presidente de Estados Unidos».
