«Justicia retrasada es justicia denegada» o «nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía», son frases que nunca han perdido su razón de ser en los juzgados de Elche, donde la carga de trabajo de muchos órganos judiciales sigue superando la capacidad para resolverlos, algo que mide el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en sus informes. El último ha colocado a ocho órganos judiciales, prácticamente la mitad (17) por encima de los módulos máximos que marcan desde 2018 cuál debe ser el límite soportable de trabajo, un dato que se actualizó por última vez el pasado mes de diciembre.
En concreto, se trata de los seis juzgados de Primera Instancia y de los dos especializados en Familia. La situación es especialmente grave en los primeros si se tiene en cuenta que el pasado año registraron 16.275 asuntos, lo que dio una media de 2.712 para cada uno, cuando el CGPJ estima en 1.200 el módulo de entrada; es decir, se está duplicando con creces. Siendo también grave la situación, pero sin alcanzar estas cifras, están los dos juzgados de Familia, que registraron 3.262 asuntos en 2024, lo que da una media de 1.631, cuando deberían asumir un máximo de 1.323; es decir, superan en cerca del 20 % el trabajo que el órgano de los jueces considera como límite.
La Ciudad de la Justicia de Elche / Pilar Cortés
Sobrecarga
El asumir más trabajo del que se debiera trae consecuencias, y no solo por el hecho de que la oficina judicial trabaje con sobrecarga, sino que se dilatan los tiempos de espera hasta que se dicta una resolución mucho más allá de lo que sería lógico. No hay tacha a la labor que prestan los funcionarios, letrados de la administración de justicia y magistrados porque se da la circunstancia de que los juzgados de Primera Instancia resolvieron el pasado años muchos más asuntos de los que deberían, prácticamente los mismos que les entraron por registro, siempre según el informe del Poder Judicial. En 2024 fueron 15.733, lo que dio una media de 2.622. Lo mismo pasó con los juzgados de Familia, que resolvieron 3.035 (1.517 cada uno de ellos). Ahora bien, aun trabajando muy por encima de los módulos, el cierre del año arrojó peores cifras de pendencia que el anterior. En 2024 comenzaron con 12.824 asuntos civiles en tramitación (a razón de 2.137) que a comienzos de 2025 son 14.232 (2.372), es decir, más de 200 para cada juzgado.
Lo mismo pasa con los dos órganos especializados en asuntos de juzgados de Familia, que han pasado de tener 850 en trámite a finales de 2023 a los 1.006 de 2024, 78 más.
Una reunión del Observatorio de la Justicia de Elche / Antonio Amorós
Garantía de ejecución
Para los ciudadanos la principal consecuencia no es solo el retraso en obtener una resolución sino una circunstancia añadida como es que la garantía de ejecución que conlleva no se cumple porque no hay capacidad suficiente para cumplirla. Los asuntos entran, por un lado, del juzgado, pero no salen por el otro porque se acumulan en la fase de ejecución, la del cumplimiento de la sentencia. En estos momentos hay en los juzgados de Primera Instancia 16.174 sentencias pendientes de ello. Un problema que ni mucho menos es exclusivo de la Ciudad de la Justicia de Elche.
Un informe presentado a comienzos de año por el Consejo General Procuradores de España estimaba en casi 11.000 millones de euros lo que suponía ese retraso en la ejecución de sentencias en España porque el 60 % de las mismas tienen carácter monetario. Solo una de cada cuatro se paga en los 12 meses siguientes a que se dicte el fallo. Grecia es el único país de la Unión Europea con peor ranking en tiempo medio de ejecución que el nuestro.
Y solo hay que comprobar el informe del Poder Judicial para constatar que el problema va a más. En Elche se registraron en 2024 un total de 3.357 y se resolvieron 2.394, es decir, casi mil menos.
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