Canarias se pasó más de 15 meses insistiendo en modificar el artículo 35 de ley de extranjería mediante un real decreto ley, pero el Estado siempre defendió que esa vía no daba la suficiente seguridad jurídica. ¿Qué ha cambiado ahora para que acepten esta fórmula?
No ha cambiado nada. Lo que ha pasado es que, en aquel momento, el Gobierno no tenía los apoyos necesarios para validar el decreto y estaba buscando excusas y dilaciones. Ahora, desde que se tienen garantizados los apoyos suficientes para que el decreto se puede convalidar en las Cortes Generales, se tira para adelante. Nosotros siempre sostuvimos que la validez del decreto ley es exactamente igual que la validez de una proposición de ley. Este canal no tiene debilidades jurídicas, porque existe una situación de emergencia que justifica la inmediatez de un decreto ley. Una vez que se resolvieron las negociaciones del Partido Socialista con Junts per Catalunya todo se allanó y, al final, tenemos un decreto ley aprobado y que entró en vigor el jueves. Ha sido un camino duro y largo, pero estamos contentos y agradecidos con todos los agentes que han participado activamente en conseguirlo, entre ellos los medios de comunicación. Ahora nos encontramos en un nuevo escenario, porque empieza el proceso para aplicar el decreto.
Acusan al Gobierno de España de haber jugado con los porcentajes de los criterios de reparto para beneficiar a Cataluña y así conseguir el apoyo de Junts. ¿Se ha ‘cocinado’ la fórmula de reparto de cara a buscar un acuerdo?
No. Lo que hay que ver es la foto final. El partido no empieza ahora y no hay ninguna comunidad que parta de cero. Había que valorar el esfuerzo previo y había que tener en cuenta el número de menores que tiene cara región. Si no se tuviera en cuenta ese esfuerzo previo, nos tendríamos que quedar con los más de 5.800 niños que hay en el sistema de acogida de Canarias y, a partir de ahí, empezar a repartir. Esto no tendría ninguna lógica. El problema es que la política en Madrid está muy contaminada y, como todo está tan enrarecido, cualquier cosa que se haga se va a utilizar. Los criterios establecidos para el reparto son objetivos y la inmensa mayoría han sido aprobados por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Los parámetros solo se han enriquecido y pulido en base al trabajo de una científica, con el objetivo de garantizar el interés superior del menor y facilitar su integración y su atención.
¿Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular llevarán la reforma de la ley de extranjería al Tribunal Constitucional o terminarán por acatarla?
No lo sé. Probablemente algunas acudirán a los tribunales. De lo que estoy seguro es de que todas las comunidades autónomas estudiarán la posibilidad de llevar el decreto al Constitucional, pero sus servicios jurídicos tendrán que analizar antes la viabilidad de que esto prospere. Lo deseable sería que ninguna lo hiciese y nos pusiésemos todos a trabajar para ver cómo lo aplicamos de la mejor manera posible. Si se diese el caso, yo ya he anticipado que Canarias se personará y plantará cara.
Si los diputados canarios del PP en el Congreso votan contra el decreto, ¿pedirá responsabilidades al líder de los populares en las Islas y vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez?
No. Manolo Domínguez, como presidente del Partido Popular de Canarias y como vicepresidente del Gobierno, ha estado implicado en esta estrategia en todo momento y ha librado una batalla muy dura dentro de su partido. Ha sido muy complicado. Canarias, afortunadamente, es un oasis que se mantiene al margen de la crispación y del enfrentamiento continuo que se vive en Madrid. Este modo canario de hacer política da valor y hay que respetarlo. Comprendo que hay partidos que tienen obediencia estatal y yo por eso soy nacionalista, pero nos encantaría que el Partido Popular reflexionase y pudiese dar libertad de voto a sus diputados canarios en este asunto.
¿Se ha utilizado políticamente a la infancia migrante en el proceso de negociación de la reforma?
Sí, es evidente. Además, vemos que es algo que hace Donald Trump y que hace la ultraderecha alemana o la ultraderecha italiana. Cuando se desconoce el fenómeno migratorio, no se estudia y no se profundiza en él, se generan sentimientos de miedo y ese miedo está siendo utilizado por al ultraderecha para arañar un puñado de votos. Creo que este planteamiento es cortoplacista, además de indecente. Estoy convencido de que ninguno de ellos ha visto bajar a un niño de una patera, porque si lo hubiesen visto no tendría corazón para decir lo que dicen.
¿Canarias se ha visto envuelta en la batalla política nacional?
Sí. Sin lugar a dudas, Canarias ha sido utilizada en el follón político de Madrid. El 23 de julio [día en el que fracasó en el Congreso de los Diputados la votación de la toma en consideración de la proposición de ley para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería] yo decía que entre todos la mataron y ella sola se murió. Te ves metido en un batiburrillo político que no tiene que ver contigo. Yo lo que siempre he defendido es que la migración no es un problema político, es un drama humanitario y como personas decentes tenemos que dar respuesta.
¿Fue un error firmar con Alberto Núñez Feijóo el Plan de acción contra el descontrol migratorio?
Si nos quedamos con el final, que es que hemos conseguido un decreto, no fue un error. Creo que en el camino, fruto de la desesperación y de la búsqueda de apoyo, hicimos lo que teníamos que hacer. Aquella firma trataba de buscar los votos necesarios para poder convalidar un decreto ley, aunque al final no fue posible. Lo que se firmó en septiembre es perfectamente válido a día de hoy y no va en contra de nada, porque el 90% del contenido de aquel acuerdo era el mismo del pacto migratorio que se firmó la legislatura pasada en el Senado. Yo no soy de arrepentirme de hacer cosas, aunque seguro que podía haberlo hecho mejor.
Su relación con Feijóo ha sido muy cordial desde hace años. ¿Se han dejado de entender?
Nos seguimos entendiendo. Yo no tengo enemigos políticos, tengo adversarios. Pero para arreglar los problemas de Canarias me siento con quién sea y donde sea, porque me va en la responsabilidad y en mi condición de nacionalista. Yo creo que Canarias es una pieza de un tablero mayor para el Partido Popular. Si Canarias tuviera seis o siete diputados en el Congreso, sería diferente. Por eso es tan importante tener peso en Madrid.
Una de las condiciones que pone, precisamente, el PP para apoyar la redistribución es que las comunidades cuenten con financiación suficiente para afrontar los gastos derivados de la atención de los menores. Teniendo en cuenta lo que ha gastado Canarias en estos años, ¿es suficiente la partida presupuestaria prevista de 100 millones de euros?
Eso primero se tiene que ver, pero todas las partidas son ampliables. Si después de la distribución que se irá haciendo a lo largo de 2025, se necesita más crédito, pues se pondrá. Hay una parte muy importante del decreto que indica que una vez superada la capacidad ordinaria de la comunidad autónoma la atención la financiará íntegramente el Estado.
Cuándo espera que empiecen a salir los primeros niños de los centros de Canarias.
Las comunidades autónomas tienen hasta el 31 de marzo para presentar las plazas que tienen y su grado de ocupación. Creo que para principios de junio podrán empezar a salir los primeros niños de los centros. Pero los que vayan llegando a partir del 31 de marzo deben salir de Canarias en 15 días. Esa era la clave. No solo redistribuir a los que ya están aquí, sino ir derivando a los que van llegando. Lo que ocurría con los acuerdos puntuales es que salían 200 niños, pero en una semana teníamos otros 300 más.
La idea es reubicar en otras comunidades a los niños que todavía no tienen arraigo en Canarias…
Podríamos decir que hay tres grupos. Por un lado, están los que tienen entre 16 y 17 años, que de esos el 99% se quieren ir de Canarias; por otro, los que son susceptibles de tener asilo político, que son los malienses y que son responsabilidad del Estado; y, por último, los chiquitines, que están integrados, escolarizados o, incluso, viviendo con familias canarias. El proceso es muy garantista con los derechos del menor y se les va a escuchar, cosa que hasta ahora no se ha podido hacer debido al volumen de niños con el que trabajamos. Se les preguntará a dónde quieren ir y se tendrán en cuenta las redes familiares que pueden tener fuera de las Islas.
¿Canarias tiene previsto algún plan específico para tener preparados los expedientes de los niños y agilizar los traslados?
Nosotros hemos hecho un esfuerzo y, a finales de año, ampliamos la plantilla con más de una veintena de plazas. La idea es que esos funcionarios pudieran gestionar y poner al día los expedientes de los niños. Pero las derivaciones no solo dependen de nosotros, también dependen de la Fiscalía y de los recursos que tenga la Fiscalía para hacer los trámites. El objetivo es poder aliviar los centros para atender a los menores lo mejor posible y que la situación de hacinamiento se diluya lo antes posible. Yo creo que a finales de año la situación de los centros de acogida de las Islas será radicalmente diferente.
La mayoría de las comunidades no están trabajando en la ampliación de plazas de sus sistemas de acogida y habrá que esperar a que tengan los espacios preparados antes de empezar a enviar a los niños. ¿Las autonomías declararán la emergencia migratoria para poder abrir los centros con celeridad o lo harán a través de concursos para dilatar el proceso de recepción?
El Gobierno de España ahora es fundamental. El Ministerio de Infancia es quien debe velar por esa conversación con las comunidades y por la habilitación de las plazas. Es el Estado el que tiene que velar por el cumplimiento del decreto, porque realmente lo que se está generando es el sistema nacional de acogida a menores extranjeros no acompañados. Y, si no se cumple el decreto, es el Estado el que debe tomar medidas.
¿El Gobierno de Canarias se ha planteado una reestructuración del organigrama de la Consejería de Bienestar Social para incluir algún departamento especializado en la atención de menores migrantes?
El refuerzo de personal que hemos hecho ha sido casi como crear una unidad. A priori no se ha planteado una reestructuración de la Consejería pero, si la aplicación del decreto se alarga mucho, habría que valorarlo.
¿Canarias se plantea compartir ejemplos como los de Artenara o Moya con otros pequeños municipios de la Península para exportar casos de éxito y que se animen a acoger menores migrantes?
Nosotros hemos transmitido a los presidentes autonómicos y en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que estamos encantados de poder ir explicar nuestras experiencias de éxito en muchos municipios canarios. Pero estoy convencido de que cuando estos niños vayan llegando a sus nuevos centros de acogida y se vayan integrando en los institutos, en los colegios y en los parques, los otros niños los van a arropar, porque es lo que ha ocurrido aquí y porque es algo inherente al ser humano. El problema es que estamos viendo política de la mala y se está utilizando la migración para generar miedo.
¿Cómo le sienta escuchar la falta de solidaridad y de empatía por parte de algunos presidentes autonómicos?
Mal. Me sienta muy mal. Me sentaron especialmente mal las declaraciones de Carlos Mazón [presidente de la Comunidad Valenciana]. En mi despacho tengo dos cuadritos con dibujos que hicieron los niños de Valencia en agradecimiento a los bomberos voluntarios de Protección Civil de Canarias que fueron a ayudar cuando la dama. Nosotros hemos esta ahí y hemos mandado recursos… Además, sus declaraciones se produjeron el mismo día en el que renunciamos al 2% de los fondos Feder [Fondo Europeo de Desarrollo Regional], que son casi 15 millones de euros, para que ese dinero que tenía que venir a Canarias vaya a la reconstrucción de Valencia. Estoy seguro de que las palabras de Mazón no reflejan el sentir del pueblo valenciano, que está agradecido con Canarias y que quiere colaborar con este fenómeno migratorio. No entiendo a Mazón y lo que dijo me sentó francamente mal.
Y las de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que primero rechazó el reparto pero después afirmó que cumplirá con la ley, “aunque no le guste”.
Ella habrá reflexionado y habrá hablado con los servicios jurídicos, que le habrán advertido que no puede dejar de cumplir la ley.
¿Qué le parece la delegación a Cataluña de competencias en materia migratoria?
Es un acuerdo político entre el PSOE y Cataluña y desconozco cómo lo articularán. Pero yo soy nacionalista y, si ellos llegan a acuerdos con el Estado, no normal es que se cumplan.
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