Las inspectoras que firman el expediente abierto por la Agencia Tributaria que determinó la denuncia por fraude y falsedad documental contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, han ratificado ante la jueza las conclusiones de su informe, que determinaron dos presuntos delitos por las cantidades que el empresario dejó de pagar por el impuesto de sociedades en dos ejercicios diferentes.
Así lo señalan a este periódico fuentes presentes en la diligencia celebrada este viernes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que detallan que la comparecencia de la primera de ellas, que era la instructora ha sido larga dada la extensión del documento, que ha expuesto, para después someterse a numerosas preguntas de todas las partes. Se han analizado dos documentos diferentes cuyas conclusiones coincidían, según las mismas fuentes.
La investigación realizada por jueza de Madrid Inmaculada Iglesias, que acaba de obtener permiso del Consejo General del Poder Judicial para jubilarse anticipadamente el próximo mes de agosto, apunta a dos presuntos delitos de defraudación tributaria y otro de falsedad en documento mercantil en relación con la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente SL.
Al novio de Ayuso atribuye indiciariamente un fraude de 350.951 euros en relación con el impuesto de sociedades de 2020 y 2021 a través de un entramado de facturaciones falsas y sociedades interpuestas. El intento del abogado del empresario por llegar a un acuerdo por este asunto que evitara llegar a juicio propició la apertura de una causa en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, acusado de revelar datos confidenciales sobre esta propuesta que perjudican a la presunción de inocencia del empresario.
Según la denuncia de la Fiscalía de Madrid, González Amador presentó «de forma consciente y voluntaria» autoliquidaciones del Impuesto de Sociedades por los periodos impositivos comprendidos en el año 2020 y 2021 «no veraces». A través de este «comportamiento fraudulento», se dejó de ingresar en el erario público 155.000 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2020 y de 195.951,41 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2021.
La acción penal se presentó Se dirige contra Maxwell Cremona y otras siete sociedades así como contra González Amador y otros cuatro empresarios de su entorno: Maximiliano Eduardo Niederer, David Herrera, Agustín y José Miguel Carrillo. La conducta defraudatoria consistiría, según la Fiscalía, en reflejar en la declaración del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona «unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades (…) que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades».
Nuevos delitos
En otra pieza separada, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid investiga a González Amador por delitos de corrupción entre particulares y administración desleal. En esta pieza, para la que ha fijado la declaración de la pareja de Díaz Ayuso el próximo 10 de abril, se trata de esclarecer si el empresario utilizó una sociedad interpuesta para ocultar ingresos procedentes de Quirón.
La investigación a González Amador por presunta corrupción en los negocios se centra en Masterman & Whitaker Medical Supplie And Health Process Engineering S.L., una empresa pantalla según la Fiscalía que éste compró en diciembre de 2020 a la mujer del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, cuando todavía se llamaba Círculo Belleza. Se trataba de una dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética que fue adquirida por 499.836,92 euros y que, según la inspección Tributaria, no tenía inmuebles o empleados — su activo material se limitaba a un ordenador portátil y tres aparatos de depilación y remodelación corporal– y el empresario cambió su nombre por el de Masterman.
