El futuro de Greenpeace en EEUU se tambalea, después de que un jurado popular haya sentenciado que esta organización debe pagar más de 660 de millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a la empresa Energy Transfer (ET) por “incitar” unas protestas contra la construcción de un oleoducto de la compañía que degeneraron en actos de vandalismo.
El jurado declaró a Greenpeace responsable de difamación y otras demandas presentadas por ET, que le había acusado de instigar las protestas de la tribu sioux de Standing Rock en 2016 contra la construcción del oleoducto Dakota Access, en el norte del país. Estas protestas retrasaron el proyecto y elevaron los costes del proyecto.
La empresa energética, con sede en Dallas (Texas), reclamaba 300 millones de dólares (unos 287 millones de euros), una cifra que la propia organización ecologista declaró que amenazaba su propia continuidad. En su demanda, ET incluyó a las entidades Greenpeace International, Greenpeace Inc y a Greenpeace Fund.
La organización había negado durante el juicio las acusaciones de ET, alegando que simplemente apoyó esas protestas y no fue responsable del desarrollo de las mismas.
Movilizaciones contra el proyecto que ha originado la multa a Greenpeace / nbc
El jurado, compuesto por nueve personas, tomó su decisión tras dos días de deliberaciones en un tribunal de Dakota del Norte (Estados Unidos) y después de un juicio que ha durado casi un mes.
Un método cada vez más empleado por las grandes corporaciones
El caso se ha tramitado mediante una Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), un tipo de litigio civil cada vez más utilizado por corporaciones, políticos y otros grupos poderosos contra activistas, opositores o periodistas, entre otros.
Durante las protestas, que tuvieron lugar entre 2016 y 2017, miles de personas acamparon durante meses argumentando que el oleoducto se estaba construyendo en tierras sagradas y que podía suponer un peligro para el suministro de agua.
Según ‘The New York Times’, el cofundador y presidente de Energy Transfer, Kelcy Warren (uno de los mayores donantes en la última campaña presidencial de Donald Trump), aseguró en un vídeo proyectado durante el juicio que los manifestantes crearon «una narrativa totalmente falsa».
Kelcy Warren, presidente y fundador de la empresa, es uno de los principales donantes de Trump / Agencias
Por su parte, uno de los abogados de la empresa, Trey Cox, afirmó durante el juicio que «Greenpeace tomó un asunto local pequeño y desorganizado y lo explotó para cerrar el oleoducto y promover su propia agenda egoísta», recoge el diario neoyorquino.
“La lucha continúa”
Tras conocerse el veredicto, la consejera general de Greenpeace International, Kristin Casper, expresó en un comunicado que la lucha contra las petroleras «no termina aquí».
«Acabamos de empezar con nuestra demanda anti-SLAPP contra los ataques de ET a la libertad de expresión y la protesta pacífica. Veremos (a la empresa) en los tribunales este mes de julio en Amsterdam. No retrocederemos, no nos silenciarán», aseveró.
Greenpeace afirma que no será silenciado / Greenpeace
Mientras, Energy Transfer dijo en un comunicado que esta es una victoria «para los habitantes de todo Dakota del Norte, que tuvieron que vivir el acoso diario» causado por los manifestantes «financiados y entrenados por Greenpeace», así como un triunfo para los estadounidenses «que respetan la ley».
Solidaridad de otras organizaciones
Dirigentes de Greenpeace España y de otros grupos ecologistas han protestado en las últimas horas contra la sentencia dictada por la Justicia de EEUU y han asegurado: «Seguiremos peleando por un mundo verde».
La cuantía de la multa puede implicar la desaparición de la organización ecologista en EEUU, lo que para la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, supone «un momento triste para el activismo y la desobediencia civil». Saldaña ha advertido de que en todo caso la organización seguirá peleando «por un mundo verde y en paz», en el que la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica «estén garantizados» y «con la verdad y la ley» de su lado.
«Lo que se quiere es amedrentar al activismo a nivel mundial»
El director de Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha declarado: «Confieso sinceramente que jamás pensé que esto iba a ocurrir», y se muestra convencido de que «lo que se quiere es amedrentar al activismo a nivel mundial», porque «si pueden parar a Greenpeace, qué no se va a poder parar».
Desde la Fundación Renovables, su portavoz, Juan Fernando Martín, coincide con el análisis de Rodríguez y afirma: «Lo que quieren es meternos miedo también al resto de organizaciones pero lo que vamos a hacer es justo lo contrario, rebelarnos contra esta situación».
Acción de protesta de Greenpeace / Greenpeace
La portavoz de Ecologistas en Acción, Erika González, también ha dado su «apoyo rotundo» porque «se ha producido una criminalización de un derecho básico, que es la protesta» y ha llamado la atención sobre la creciente judicialización de casos similares: una situación «en auge a nivel global» y que «está dibujando un contexto complicado en el que ejercer derechos cada vez entraña más riesgos».
En declaraciones a Efe, el biólogo y en su día presidente y fundador de Greenpeace España, Xavier Pastor, califica los hechos de «injusticia tremenda y escandalosa», porque «lo que hizo la organización ecologista fue incorporarse a unas protestas que quienes realmente las llevaban a cabo eran los indios sioux, pues el oleoducto atravesaba sus tierras y cementerios».
“Puede salirles el tiro por la culata”
Para Pastor, «lo que pretenden la industria y los jueces conservadores nombrados por (Donald) Trump, y la empresa que es una de las que le financian, es dar un escarmiento al movimiento ecologista y otros movimientos ciudadanos para parar cualquier protesta», aunque «les puede salir el tiro por la culata».
En su opinión, la sentencia «puede representar la desaparición de Greenpeace en EEUU pero también puede movilizar a la sociedad como sucedió con el atentado del ‘Rainbow Warrior’ en 1985«, cuando agentes de la inteligencia francesa hundieron el entonces buque insignia de la organización en Auckland (Nueva Zelanda) en una intervención que además causó la muerte a un tripulante, Fernando Pereira.
Lo ocurrido «proyectó a Greenpeace a otra dimensión, mucho más viva de lo que había sido antes» y ahora, «aunque los tiempos no son los mismos, podría pasar algo similar», dice, por lo que ha pedido a los ciudadanos que «no se rindan y sigan protestando por todos los medios, pacíficos desde luego, pero tan enérgicos como sea posible», incluyendo «presión política, protestas ciudadanas en la calle y acción violenta no directa».
