El PP ha solicitado a la Comisión Europea que analice la contratación en la Diputación de Badajoz de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por un presunto trato de favor en el empleo público y violación de los principios de igualdad e imparcialidad en la Administración. Así lo ha confirmado este viernes la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo en una nota de prensa.
En una pregunta parlamentaria, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del EPP, Dolors Montserrat, ha planteado la necesidad de examinar la posible creación de un puesto ad hoc para David Sánchez Pérez-Castejón en el Área de Cultura de la Diputación de Badajoz. El músico, conocido por el sobrenombre de David Azagra, estuvo contratado entre 2017 y febrero de 2025. La jueza que le investiga volverá a interrogarle por supuesta prevaricación y tráfico de influencias.
Los agentes de la Guardia Civil han detectado hasta un total de 329 comunicaciones que el exasesor de Moncloa Luis Carrero mantuvo con David Sánchez entre 2022 y 2024. Carrero también fue contratado por la Diputación de Badajoz en 2023, poco después de haber sido cesado en su cargo como asesor de Presidencia del Gobierno. Existe un correo electrónico de junio de 2022 en el que éste se ofrece a sí mismo como colaborador del hermano del presidente para el Área de Cultura.
La petición del PP subraya que los artículos 9 y 10 del Tratado de la Unión Europea, y el artículo 61 del Reglamento Financiero de la UE, que establecen los principios de igualdad, imparcialidad en la Administración pública y prevención de conflictos de interés. Los de Feijóo preguntan al ente comunitario que si «beneficiar directamente al hermano del presidente es una violación del principio de imparcialidad administrativa», qué medidas piensa adoptar la Comisión para «garantizar que el Gobierno de España respete el principio de igualdad de acceso al empleo público».
«El presidente Sánchez nos demuestra cada día, escándalo a escándalo, que pisotea constantemente las reglas de buen gobierno y los valores democráticos que nos definen como europeos. El trato de favor es inaceptable en la Administración pública. La Comisión invierte muchos recursos y tiempo en la lucha contra el tráfico de influencias y la corrupción y este caso es un ejemplo muy claro de lo que no hay que hacer», ha valorado Monserrat, exministra de Sanidad y vicepresidenta portavoz del Grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo.
Montserrat, según se detalla en la nota del PP, ha preguntado también a la Comisión si va a solicitar información al Gobierno para determinar si la normativa española cumple los estándares europeos de imparcialidad en el acceso al empleo público o ha habido una vulneración del principio de transparencia en la gestión de recursos humanos en la Administración.
