El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva con la que pide a su secretaria de Educación, la empresaria Linda McMahon, empezar a desmantelar la agencia. Trump no podrá cerrar del todo el departamento, como había prometido, porque eso requiere de una mayoría en el Congreso que solo podría conseguir con los votos de los demócratas, cosa que no parece posible, pero por el momento pretende reducir esta rama del Estado a su mínima expresión -si los jueces no se lo impiden-.
La obsesión del magnate con el Departamento de Educación viene de lejos, pero ha aumentado en los últimos años. Cuando la pandemia del coronavirus obligó a los niños estadounidenses a recibir las clases online a la vez que muchos de sus padres trabajaban desde casa, algunos se fijaron por primera vez en lo que se enseñaba en clase. Y muchos de los que no les gustó lo que vieron presionaron para conseguir tener más voz a la hora de decidir qué contenidos reciben sus hijos, lo que convirtió la educación en un tema central de la campaña del republicano.
Trump ha aprovechado ese movimiento para insistir en la idea de eliminar el Departamento de Educación, que concibe como una cartera dedicada a formar a niños en «ideologías antiamericanas», como califica las cuestiones de raza y de género, y en «odiar» a su país. El contenido de los libros y las clases que reciben los alumnos es ya hoy competencia de los estados, pero el presidente lleva meses repitiendo que es culpa de este Departamento que los colegios estén llenos de profesores «que odian a nuestros niños», y que quiere sustituir por profesionales «que abracen valores patrióticos y que apoyen el modo de vida americano».
Una y otra vez, el magnate ha repetido que los estándares académicos han caído a lo largo de los últimos años y que la agenda «woke» impuesta por la izquierda tiene la culpa, y, en concreto, el Departamento de Educación. En su opinión, si toda la educación del país la gestionasen los estados, el nivel académico de los niños subiría, y por eso -dijo en campaña- estaba «desesperado» por eliminarlo. «Drenaremos el pantano de la educación gubernamental y pararemos el abuso contra los contribuyentes para adoctrinar a los jóvenes estadounidenses con todo tipo de cosas que no queréis que nuestros jóvenes escuchen», dijo el entonces candidato presidencial en un evento de campaña en Wisconsin el pasado septiembre.
Este argumento lo liga con el coste que el Departamento supone, sin mencionar ni explicar que, si su intención es mantener los mismos o mejores servicios públicos para los niños y sus colegios, este recorte de gasto estatal se convertiría en un aumento del coste para los estados que ahora debería asumirlo. Pero eso no lo menciona en su argumentario.
Trump ya intentó hace cinco años borrar de un plumazo el presupuesto de dicho Departamento: aprobó una orden que proponía recortarlo en 5.600 millones de dólares, que implicaba la desaparición de 29 programas en total, que incluían programas de extraescolares y actividades de verano para niños vulnerables. La medida no pasó el corte del Congreso, con lo que no vio la luz, algo que podría repetirse en esta ocasión.
Los críticos consideran la iniciativa peligrosa porque la agencia se encarga de programas que garantizan la educación de niños con bajos recursos y con discapacidades, y la inmediatez con la que Trump busca llevar a cabo su desmantelamiento difícilmente permitiría transferir estas competencias a los estados. La idea del presidente es que cada estado gestione todas las competencias de este ámbito, algo en lo que choca con las Federaciones Estadounidenses de Profesores, el segundo mayor sindicato del sector en todo el país.
«Los americanos han votado, estado tras estado, a favor de proteger la educación pública y la financiación de los servicios públicos, y han elegido a los miembros de los consejos educativos que ven la educación pública como un camino hacia las oportunidades», ha dicho su presidente, Randi Weingarten, en un comunicado. «Donald Trump y los republicanos representantes han dicho que quieren eliminar el Departamento de Educación, que supervisa programas que invierten en colegios con bajos recursos y que ayudan a financiar la educación de alumnos con discapacidades. Pero si escuchasen a lo que dicen los votantes, trabajarían para fortalecer los colegios públicos, no para desmantelarlos».
El ataque a la Universidad de Columbia
Pero la educación primaria y secundaria no es la única que la Administración Trump tiene en el punto de mira. La semana pasada, el Gobierno amenazó a la Universidad de Columbia con retirarle 400 millones de dólares anuales en becas y contratos si no cumple una serie de requisitos relacionados con sus admisiones y otras normas, incluido cómo gestiona las expulsiones de alumnos que por ejemplo organicen manifestaciones propalestinas. Son presiones que podrían afectar a un sinfín de otras universidades en todo el país que también reciben fondos públicos.
La universidad de Columbia ha decidido ceder al ultimátum de Trump, y esa decisión está siendo seguida de cerca por otras instituciones educativas. Al igual que otros organismos que reciben fondos de Estados Unidos como el Banco Mundial, muchas de ellas están revisando sus documentos públicos para eliminar menciones a cuestiones de igualdad y género, de cambio climático o de otros temas que no son bien recibidos por la nueva Administración.
En muchos casos, el Gobierno no solo ha obligado a retirar las palabras «diversidad», «igualdad» y «equidad» de sus propios documentos sino que ha exigido lo mismo a instituciones que financia, y en ese sentido hay varias que están llevando a cabo ese ejercicio de autocensura de forma preventiva. En esa línea, algunos profesores se están preguntando si las clases de historia corren peligro, porque el Gobierno ha expresado su rechazo ante currículums que mencionan la esclavitud «de forma demasiado negativa», entre otros conceptos.
