Una jueza federal vetó este jueves temporalmente a Elon Musk y al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) -del que el magnate está al frente- el acceso a la información personal de los estadounidenses en los sistemas de la administración de la Seguridad Social.
La magistrada Ellen Lipton Hollander, del Tribunal de Distrito de Maryland, solicitó a los empleados del DOGE eliminar cualquier información personal identificable que tengan y que no haya sido anonimizada.
La jueza también les prohibió instalar software en dispositivos de la Seguridad Social y les ordenó eliminar cualquier soporte tecnológico que hubieran instalado desde el inicio de la segunda Administración de Donald Trump el pasado 20 de enero.
La orden está relacionada con la concesión a diez personas afiliadas al DOGE del acceso sin restricciones a dichos registros de millones de estadounidenses.
La información contenida en esos registros incluye números de la Seguridad Social, historial médico y de salud mental personal, información fiscal y del permiso de conducir, datos de cuentas bancarias, historial de ingresos, domicilios particulares y laborales, registros de nacimiento y matrimonio y de inmigración y/o naturalización, entre otros.
Los demandantes fueron la Federación Estadounidense de Profesores (AFT, por sus siglas en inglés), la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condados y Municipales (AFL-CIO) y la Alianza para Jubilados Estadounidenses (ARA).
En opinión de los peticionarios, personal sin la formación adecuada había tenido acceso a datos altamente sensibles.
La magistrada considera que la población estadounidense bien podría aplaudir y apoyar la misión del Ejecutivo de erradicar el fraude y el despilfarro en las agencias federales -en la medida en que este exista-, pero se pregunta con qué métodos.
«El equipo del DOGE está esencialmente involucrado en una expedición de pesca en la Seguridad Social en busca de una epidemia de fraude, basándose en poco más que una sospecha. Ha iniciado la búsqueda de la proverbial aguja en el pajar, sin tener ningún conocimiento concreto de que la aguja esté realmente», dijo la jueza.
Lipton Hollander consideró que es probable que los demandantes tengan éxito en su argumentación de que la acción emprendida es «arbitraria y caprichosa» y por ello emitió una orden de restricción temporal.
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