Un jurado de Dakota del Norte ha emitido este miércoles un veredicto por el que declara a Greenpeace culpable de provocar cientos de miles de dólares en daños y perjuicios a la empresa de oleoductos Energy Transfer. La organización ambientalista había sido demandada por su papel en las protestas contra el oleoducto Dakota Access hace casi una década y se la acusaba de difamación, invasión, molestias y conspiración civil, entre otros delitos.
Según el New York Times, este fallo supone un golpe significativo para Greenpeace, que ha declarado que una sentencia millonaria podría obligarlo a cerrar sus actividades en Estados Unidos. La organización ha argumentado que su implicación en las manifestaciones fue mínima y que la demanda buscaba reprimir a los críticos de la industria petrolera.
El juicio se ha celebrado en el condado de Morton, cerca del lugar donde se realizaron las protestas en 2016 y 2017. Durante esos meses, miles de manifestantes se congregaron en la Reserva Sioux de Standing Rock (una Reserva india de nativos americanos) para denunciar que el oleoducto atravesaba tierras sagradas y representaba un riesgo para el suministro de agua.
La tribu sioux demandó entonces a Energy Transfer para intentar detener el proyecto y recibió también apoyo de activistas medioambientales y figuras públicas, entre ellas estaban Robert F. Kennedy Jr. y Tulsi Gabbard. Ambos son actualmente miembros del Gabinete de Donald Trump. Kennedy Jr., es el secretario de Sanidad, mientras que Gabbard es la directora de Inteligencia Nacional de EEUU. No obstante, fue Trump quien en 2017 dio luz verde a proyecto, que había sido paralizado por Obama.
Finalmente, las protestas derivaron en algunos actos de vandalismo y violencia, lo que generó tensiones con las comunidades locales.
We’re being sued by Big Oil @EnergyTransfer for $300 million. It’s an abusive lawsuit designed to end Greenpeace’s 50-year legacy of environmental activism. But it’s not just a threat to our existence. Learn more: pic.twitter.com/YrtObvuVKm
— Greenpeace USA (@greenpeaceusa) August 1, 2024
Energy Transfer es una de las principales compañías de oleoductos en Estados Unidos y argumentó que Greenpeace jugó un papel fundamental en la financiación y organización de las manifestaciones.
El abogado de los demandantes, Trey Cox, afirmó que Greenpeace llevó a cabo un plan para detener el proyecto, informó AP News. Según esgrimió Cox en los alegatos iniciales, Greenpeace pagó a «personas externas para que acudieran a las protestas, envió suministros para el bloqueo, organizó o dirigió capacitaciones para los manifestantes e hizo declaraciones falsas» para detener el proyecto.
Thomson Reuters
Asimismo, insistió en que Greenpeace convirtió un «pequeño problema local desorganizado» en una cuestión global para «promover su agenda egoísta». Aportó pruebas que cifraban el valor de los costes provocados en unos 340 millones de dólares y pidió además una indemnización punitiva.
En declaraciones recogidas por el New York Times, el presidente de la empresa, Kelcy Warren, aliado y donante de Trump, afirmó que su compañía se había visto obligada a «defenderse» de lo que consideró una «narrativa falsa» promovida por los manifestantes. La empresa aseguró que las acciones de Greenpeace retrasaron la construcción del oleoducto, aumentaron sus costes y dañaron su reputación, lo que justificaba la millonaria indemnización solicitada.
Greenpeace, por su parte, calificó la demanda como un caso de SLAPP (Demanda Estratégica contra la Participación Pública), término que se refiere a litigios destinados a silenciar la libertad de expresión mediante el riesgo de elevados costes legales. La organización sostuvo que el fallo tiene implicaciones preocupantes para los derechos de protesta y denunció que Dakota del Norte carece de leyes que dificulten este tipo de demandas. Por esa razón, Greenpeace International ha interpuesto una contrademanda a Energy Transfer en Países Bajos, invocando legislación europea contra demandas SLAPP.
