El Gobierno lleva semanas esquivando las presiones -tanto desde el ámbito político como del económico- para alargar la vida de las centrales nucleares y revisar el calendario pactado por las eléctricas, que contempla clausuras escalonadas desde 2027 y hasta 2035. A la presión se suma directamente la patronal CEOE con un alegato para prolongar la vida de los reactores ya operativos en España para asegurar el suministro de electricidad a las empresas y hacerlo con una tecnología sin emisiones de efecto invernadero para avanzar en la transición ecológica.
“Más tecnología y menos ideología”, ha subrayado el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, en el arranque de unas jornadas sobre el papel de la energía nuclear en la transición energética en la sede central de la asociación empresarial. “La energía nuclear es una de las claves, es un aspecto fundamental, para conseguir la transición”, ha defendido, destacando que la energía nuclear da firmeza en la producción de electricidad frente a la intermitencia de las renovables, porque la UE ya la considera equiparable a otras energías verdes, y porque“se ha demostrado como segura y eficiente”.
CEOE se moja en el debate nuclear poniéndose abiertamente de lado de los que defienden mantener en funcionamiento los reactores. Patronales de catorce países europeos, encabezadas por la francesa Medez, crearon el mes pasado una gran alianza empresarial continental a favor de la energía nuclear. Una alianza en la que la española CEOE no participa como socio de pleno derecho, pero participada como observadora.
Garamendi ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez y a todos los partidos políticos un pacto de Estado tanto para prolongar la vida de las centrales más allá de las fechas de cierre previstas y también sobre la sostenibilidad económica de las compañías nucleares y sobre la fiscalidad que soportan porque “se ha cargado de muchísimos impuestos a las nucleares”, en línea con las quejas al respecto de las grandes eléctrcias. “Quiere ver cómo el Gobienro y todos los partidos generan un gran pacto sobre la energía nuclear”, ha sentenciado el presidente de CEOE.
Las nucleares, en la pelea política
El cierre de las nucleares ha entrado de lleno en la batalla política. El PP ha decidido lanzarse abiertamente a la batalla política para ampliar la vida de las centrales nucleares. Los populares sacaron adelante una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de Vox y UPN y las abstenciones de Junts y ERC instando al Gobierno a retrasar los cierres de todos los reactores, programados de manera escalonada para entre 2027 y 2035. Es sólo una petición, una propuesta, sin efectos jurídicos. Pero ahora el PP pretende dar un paso más e impulsar una proposición de ley para intentar forzar un cambio regulatorio real y prolongar el funcionamiento de las centrales más allá de las fechas de cierre previstas, como adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
El Gobierno ha estado sorteando la pronuclear de los últimos meses esgrimiendo que las fechas de cierre de los reactores no la decide el Ejecutivo, que pedir autorización para alargar la vida de los reactores corresponde exclusivamente a las compañías eléctricas propietarias (fundamentalmente Endesa e Iberdrola, y con participaciones minoritarias en algunas centrales también Naturgy y EDP) y que las empresas no habían trasladado ninguna solicitud al respecto.
Las grandes eléctricas pactaron en 2019 entre ellas y con Enresa, la empresa pública encargada de desmantelar las centrales y de gestionar los residuos radiactivos, un calendario de cierre progresivo de todos los reactores. El acuerdo con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP -las eléctricas propietarias de las plantas- establece una clausura escalonada de las plantas que arrancaría en 2027 (con Almaraz) y culminaría con el último el cierre en 2035 (con Trillo). Un pacto que servía entonces para apagar el enfrentamiento entre las propias compañías eléctricas sobre cuándo cerrar en las centrales y cuánto invertir en ellas para mantenerlas en funcionamiento.
Iberdrola y Endesa reclamaron hace un par de semanas, de manera más o menos explícita, establecer un diálogo directo con el Gobierno para debatir sobre la conveniencia de alargar la vida de las centrales nucleares y aplazar las clausuras programadas, y también para acordar nuevas condiciones sobre las cargas fiscales que soportan las plantas y que, según las compañías, hace inviable la rentabilidad futura de las instalaciones. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, sostiene ahora que ese diálogo reclamado por Iberdrola y Endesa siempre ha existido y que es permanente, y que en esas conversaciones constantes las compañías eléctricas siguen sin reclamar al Gobierno un cambio en las fecha de cierre previstas.
