La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato mayoritario entre las administraciones públicas, convocó en la pasada jornada una movilización a nivel nacional frente al Ministerio de Hacienda en Madrid. En la convocatoria, a la que acudieron centenares de funcionarios, demandaron la reactivación de la negociación colectiva, que desde diciembre lleva paralizada, para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos. Desde diciembre “no ha habido ninguna convocatoria. Hoy, el ministro de Función Pública Óscar López, tenía que acudir al pleno, que entiendo que era obligatorio pero después podría haberse comunicado con nosotros… Nada. Seguimos pendientes”, señalan fuentes del sindicato consultadas por El Independiente.
Desde la constitución del Gobierno en 2023, la mesa de Administraciones Públicas solo se ha convocado en una ocasión. La falta de compromiso por parte del Gobierno acumula las demandas sindicales. Ante la falta de un acuerdo formal sobre la subida salarial para 2025, el sindicato reclama que los incrementos retributivos se produzcan de forma automática todos los años. «Estamos en la segunda quincena del mes de marzo y no sabemos qué va a pasar con nuestros salarios», reclamó el presidente del CSIF, Miguel Borra, durante la manifestación.
En el pasado Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI se contemplaba el sueldo de los funcionarios para el período entre 2022 y 2024. Durante este período se elevaron los salarios un 3,5% en 2022, un 2,5% en 2023, un 2% para 2024 y hubo otras dos subidas del 0,5% para compensar la inflación. Sin embargo, el acuerdo ha expirado y, ni cuentan con un nuevo acuerdo, ni se ha cumplido la subida salarial del 0,5% correspondiente a 2024.
En el marco de ese acuerdo plurianual, el sindicato sería favorable a usar una fórmula retributiva como del anterior acuerdo de 2022-2024, con una parte fija y otra variable, asociada a factores como el IPC, para garantizar que los empleados públicos no pierden poder adquisitivo. «No hay motivos para que no se lleve al Consejo de Ministros una subida que ya ha sido autorizada y que cumple con todos los requisitos que se habían pactado», reclamó el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo.
En el mes de febrero, la inflación se sitúo en el 3%. Desde CSIF critican que mientras los precios suben, los funcionarios siguen perdiendo poder adquisitivo. “En total, hemos perdido un 9% desde 2022 y si nos remontamos a la quita que hizo de nuestros salarios el Gobierno socialista de Zapatero, llevamos acumulado más de un 20%. Así, nuestro primer planteamiento tiene que ser recuperar ese poder adquisitivo que hemos perdido en estos años», incidió el presidente del sindicato.
Desde CSIF lamentan «que el Gobierno sitúe una vez más la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos en el último lugar de sus prioridades». A lo que añaden que se sienten «abandonados» por el Gobierno al mostrarse incapaces de «sacar adelante unos presupuestos generales porque no tiene socios fiables». Ante ello, señalan que responderán ampliando las movilizaciones hasta que se reabra la mesa de negociación.
En este sentido, el Área Pública de CCOO, que agrupa a las tres federaciones con empleados públicos (Servicios a la Ciudadanía, Sanidad y Sectores Sociosanitarios y Enseñanza) anunció el pasado martes la convocatoria de una concentración de delegados el próximo 8 de abril frente al Ministerio de Hacienda. A colación de las demandas de CSIF, también exigirán al Gobierno que presente una oferta de subida salarial a los empleados públicos para 2025. «El Gobierno, o toma nota, o tendrá una primavera caliente», ha advertido Borra.
La reducción de la jornada a las 35 horas es «de justicia»
Otra de sus demandas es la reducción de la jornada laboral a las 35 horas. Este diario ha querido averiguar por qué lo plantean si, recientemente, se ha aprobado en el Congreso la reducción a las 37,5 horas para los empleados de la empresa privada. Fuentes consultadas del sindicato respondieron que: “la jornada de 35 horas es una reivindicación histórica. Consideramos que hay profesiones en las que nos parece de justicia, como en educación o sanidad, y en muchos ámbitos es una aspiración legítima. Celebramos la reducción a las 37,5 horas que se ha aprobado en el Congreso, pero nosotros pedimos 35”, concluyeron.
Eliminar la tasa de reposición, pese a que se aplica al 120%
También piden el cobro del 100% de las pagas extra, la equiparación salarial para todos los empleados de la administración pública y una nueva Oferta Pública de Empleo. El 60% de la plantilla estatal se jubilará en los próximos 10 años. Esta circunstancia pone en peligro la sostenibilidad del sistema y para solventarlo, el sindicato señala que se debe eliminar la tasa de reposición.
Esta tasa representa el número de funcionarios nuevos que se pueden contratar para sustituir a los que se jubilan, se van o dejan el puesto en las administraciones públicas. Cuando la tasa no es del 100% es porque se utiliza como medida para gestionar el gasto público y ajustar el número de empleados de cada sector. Sin embargo, esto no ha pasado en 2024.
Con los presupuestos de 2023 prorrogados para 2024, la tasa de reposición en sectores prioritarios como educación, sanidad o fuerzas de seguridad se situó en el 120%. De esta forma, no solo se repusieron los puestos de trabajo si no que se creó empleo. Sin embargo, la tasa presenta limitaciones y problemas. Uno de ellos es el aumento de la temporalidad. Las oposiciones tardan mucho tiempo en convocarse y también pueden tardar años en resolverse. Además, durante los años de la crisis de 2008, la tasa de reposición fue casi del 0% por lo que existe un déficit de funcionarios que todavía no se ha recuperado. Sin embargo, esas plazas se han tenido que ir cubriendo y el método ha sido la contratación de interinos temporales. Según señalan desde CSIF en las administraciones públicas hay «una temporalidad del 28%».
La tasa de reposición al tener límite no suple esta diferencia y con ello, se incrementa la temporalidad. Visto lo cual, el Gobierno contemplaba su eliminación en los Presupuestos Generales del Estado de 2025. De esta forma, las Ofertas de Empleo Público dejarían de estar limitadas y las administraciones podrían convocar tantas plazas como quisiesen. Sin embargo, el bloqueo de los presupuestos ha frenado su eliminación. Mientras, el sindicato mantiene entre sus demandas la supresión de la tasa, «esencial para terminar con la lacra que supone la temporalidad» incidió el presidente de CSIF.
Problemas con la jubilación anticipada
Otra de sus reivindicaciones es la mejora de las condiciones de jubilación en el Régimen General y la regulación inmediata para que los funcionarios y estatutarios puedan acogerse a la jubilación parcial. En un comunicado que publicaba la semana pasada el sindicato, expusieron que varias administraciones, tanto autonómicas como locales, no iban a aplicar la jubilación parcial por la falta de criterios.
Concretamente, por una interpretación restrictiva a la hora de compatibilizar esta modalidad de contrato con la regulación y las garantías de acceso al empleo público. Ante esta problemática, el CSIF reclama a la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, una instrucción antes del 1 de abril que responda a las “dudas” surgidas con los criterios de aplicación sobre la la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo.
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