En el partido que se trae la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, con la jueza María Inmaculada Iglesias, la instructora ya anota varios goles, tanto es así que los letrados avizoran su jubilación en agosto próximo tras cumplir 70 años. El miércoles se conoció un auto del pasado 17 de marzo por el que la magistrada imputa a González Amador delitos de corrupción en los negocios y administración desleal (relación con la pieza separada de la empresa Quirón Prevención del poderoso grupo sanitario Quirón, proveedor de la Comunidad de Madrid) y le cita a declarar el próximo 10 de abril.
Con todo, el primero de los goles en la portería de la defensa de González Amador tuvo lugar el pasado 24 de febrero, cuando la pareja de Díaz Ayuso solicitó suspender -por enésima vez- su declaración con la excusa de que la Audiencia de Madrid tenía pendiente resolver un recurso de apelación. Fue lo que Díaz Ayuso justificó desde Mérida por el “engrudo” en que estaba metido -por obra del Gobierno, un ataque que redobló en Londres el pasado lunes- que le impedía defenderse.
Pero la magistrada dijo “no”. Denegó la suspensión y González Amador rechazó declarar. Fue lo que Díaz Ayuso justificó desde Mérida por el “engrudo” en que habían metido -el Gobierno, dijo, un ataque que volvió a reiterar en Londres el pasado lunes – a su pareja, lo que le impedía defenderse.
Cuando la Audiencia de Madrid dio la razón, al abrir una pieza separada sobre la relación de González Amador con la empresa Quirón Prevención, a la magistrada el pasado 3 de marzo, la defensa pidió suspender la causa de delito fiscal y ofreció declarar en la de corrupción de los negocios, invirtiendo el orden.
El 17 de marzo, según el auto conocido este miércoles, la magistrada Iglesias ha vuelto a decir “no”; no se suspende el procedimiento de los dos delitos fiscales y las facturas falsas. Y, vino a decir aquello, de que al que no quiere el caldo (delito fiscal) se le dan dos tazas: también tendrá que declarar, el 10 de abril, por corrupción en los negocios. A este ‘score’ se añade su “no” a quitarse del procedimiento a las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid, como pedía la defensa de González Amador.
En este 3 a 0 hay que destacar lo más relevante: el próximo viernes, día 21, prestarán testimonio en el juzgado de instrucción número 19, ante la jueza, las dos inspectoras de Hacienda que elaboraron el informe sobre la investigación de los ejercicios 2020 y 2021, el que dio lugar al expediente, base de la denuncia de la Fiscalía de Madrid ante los juzgados elevada 5 de marzo de 2024.
Para tener una idea de la amplitud y profundidad de ese expediente, baste decir que los representantes legales de González Amador se avinieron en tiempo récord, el 2 de febrero de 2024, a aceptar la comisión de los delitos fiscales (350.951 euros) y manifestaron su disposición a firmar la conformidad con el pago de 520.000 euros (intereses de demora y una sanción del 40% de lo adeudado). En el pacto se aceptaba ocho meses de cárcel (cuatro por cada delito) pero se podía con la conformidad evitar la prisión, siendo menos de 24 meses y carecer González Amador de antecedentes penales).
Por tanto, las inspectoras de Hacienda y su “pedagogía” a la hora de explicar, el viernes próximo, los entresijos de la defraudación en sede judicial es fundamental. Y es la diligencia que la jueza ha mantenido contra el deseo de González Amador de suspender.
Banda concertada
Los testaferros y las empresas fantasmas que se prestaron a la falsificación no están citados nuevamente porque el pasado 24, de acuerdo con la persona que les requirió su “servicios” para camuflar gastos en 2020 y 2021, también se negaron a declarar. Actúan, pues, como una banda concertada. Han sido 15 facturas falsas por valor de 1,7 millones de euros. Se dice pronto. Esta trama buscaba compensar los ingresos de su intermediación a través de la sociedad Maxwell Cremona (algo más de dos millones de euros) en la venta de mascarillas.
La jueza Iglesias ha cuidado los plazos de instrucción, ya que el primer año de diligencias vence este jueves 20 de marzo. Por tanto, la citación de las inspectoras para el viernes 21 exigía prorrogar las diligencias. Y el pasado 7 de marzo, dictó un auto en dicho sentido.
“Está próximo a cumplirse el plazo de instrucción citado [un año]. No obstante, la instrucción no ha finalizado y están pendientes de practicar las declaraciones de las inspectoras de Hacienda autoras del informe que obra en autos y de cuyo resultado puede ser necesario acordar nuevas diligencias para la investigación de los hechos”. Y para ello dispuso acordar la prórroga por seis meses de las diligencias a computar desde este jueves 20 de marzo de 2025.
La jueza, pues, ya advierte de que “puede ser necesario acordar nuevas diligencias” en relación con el fraude fiscal. Algunas de ellas ya han sido solicitadas por el fiscal Diego Lucas Álvarez.
La comparecencia en esa pieza principal en calidad de imputado del abogado experto en temas tributarios Javier Gómez Fidalgo y la de Blanca Gómez Crespo como testigo. “Las alegaciones que hace no son las de un asesor contratado con ocasión de la inspección tributaria, sino la defensa ante la inspección de las autoliquidaciones mendaces de Maxwell de los ejercicios 2020 y 2021 en cuya confección había tenido parte. Por ello y para garantizar su derecho a la defensa, es preciso que sea llamado al proceso en calidad de investigado”. Distinto es el caso de Gómez Crespo para quien el fiscal pide una testifical.
La jueza todavía estará al frente de la causa hasta su jubilación cuatro meses más. Los letrados de González Amador, según fuentes jurídicas, han intentado retrasar el procedimiento con la esperanza de que toda la causa pudiera sufrir una parálisis hasta que la jueza sea sustituida.
Pero ha sido que no.
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