El Gobierno tiene pocas expectativas depositadas en la colaboración del PP ante el reparto entre autonomías de los menores migrantes no acompañados llegados en los últimos tiempos a Canarias y Ceuta. Un día después de que los socialistas alcanzaran un pacto con Junts para derivar al resto de territorios a buena parte de este vulnerable colectivo, la Moncloa anticipa que las comunidades conservadoras no pondrán nada fácil la distribución, después de haber rechazado negociar durante meses con el Gobierno central y quejarse ahora de que lo acordado beneficia a Catalunya frente a Madrid.
“Las comunidades del PP van a hacer un frente común”, anticipa un ministro del núcleo duro de Pedro Sánchez. Los colaboradores más estrechos del presidente evitan ponerse en el escenario en el que estos territorios se declaran en rebeldía y rechazan aplicar la ley, pero sí creen que acudirán a los tribunales para intentar detener o al menos retrasar su aplicación. El órgano encargado de dirimir este conflicto sería en principio el Tribunal Constitucional, pero puede que no solo el PP toque a su puerta. El presidente de Castilla-la Mancha, el socialista Emiliano García-Page, muy crítico con Sánchez y su diálogo con las formaciones independentistas, anunció este miércoles que también estudia el recurso, si bien dejó claro que cumpliría con el reparto.
En el Ejecutivo subestiman la batalla legal. Consideran que el decreto está blindado. Al reformarse la ley de extranjería, que era la vía recomendada por los servicios jurídicos, se evita un posible conflicto competencial, sostiene la Moncloa. Esta es la vía por la que siempre apostó el Gobierno para tener una mayor seguridad jurídica, además de para poner sobre la mesa una solución estructural y no puntual. Otro de los seguros que se establece en la reforma para evitar un conflicto competencial es que las comunidades autónomas tendrán capacidad para adecuar la norma en la conferencia sectorial del ramo. Eso sí, para ello se precisará de unanimidad.
“Esto se debería hacer bien, con tranquilidad y mucha discreción. No convertirlo en un espectáculo. Vamos camino de normalizar de que un canal de YouTube haga un directo cuando los chavales bajen del avión. ¿Se va a declarar insumisa una comunidad del PP? Ellos sabrán”, explican fuentes de la Moncloa, que subrayan que los territorios más interesados en el reparto son Canarias y Ceuta, ambos gobernados por los conservadores.
La vía judicial de Ayuso
Los populares gobiernan en 11 de las 17 comunidades, además de en Ceuta y Melilla, uno de los argumentos del partido de Alberto Núñez Feijóo para quejarse de que el sistema de reparto se haya hecho sin su concurso. La dirección nacional aseguró el martes, por boca del portavoz parlamentario, Miguel Tellado, que los ejecutivos que presiden cumplirán la ley, aunque el diputado defendió que cada autonomía pueda recurrir contra una iniciativa que considera que responde al “chantaje del independentismo”.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, fue la primera en avisar de que acudirá a la vía judicial para frenar este real-decreto, algo que también sugirió Jorge Azcón, presidente de Aragón. El acuerdo PSOE-Junts, sin embargo, sí que ha sido aplaudido por algunos dirigentes del PP: los que viven en Canarias. El coordinador general del PP en el archipiélago y diputado autonómico, Jacob Qadri, celebró el “necesario” pacto para que “de una vez por todas» se vaya a producir el reparto de 4.400 menores migrantes no acompañados (4.000 de Canarias y 400 de Ceuta) entre las autonomías. “Lo llevamos pidiendo a gritos desde hace mucho tiempo, porque la situación en el archipiélago es totalmente insostenible», dijo.
Pese al temor del Gobierno, en el PP no se da por automático en estos momentos ese frente común contra el reparto de los menores extranjeros. Fuentes de la dirección insisten en la necesidad de que haya “dinero suficiente” para atender a los niños. Los recursos judiciales contra la iniciativa, continúan, los presentarán los ejecutivos “que así lo consideren oportuno” porque las circunstancias sociales “son diferentes” en cada territorio. Al mismo tiempo, son muy distintas las necesidades políticas y de apoyos parlamentarios de las 11 autonomías, como se ha visto esta misma semana con Carlos Mazón, que ha abrazado los postulados de Vox contra la inmigración para aprobar los Presupuestos de 2025. También están pendientes del partido de ultraderecha para sacar adelante las cuentas Azcón, Fernando López Miras (Murcia), María Guardiola (Extremadura) y Marga Prohens (Baleares).
Los puentes con Puigdemont
El decreto aprobado el martes por el Consejo de Ministros tiene que ser convalidado por el Congreso en el plazo de un mes. Los socialistas dan por hecho que saldrá adelante, una vez logrado el apoyo de Junts, que el verano pasado se unió al PP y Vox para tumbar una modificación legal casi idéntica a la actual. La única incógnita es si el decreto acabará tramitándose como proyecto de ley, para que pueda incorporar enmiendas de los grupos. El Ejecutivo abre la puerta a dar este paso.
El partido de Carles Puigdemont, mientras tanto, saca pecho estos días de que de los alrededor de 4.400 menores que hay que distribuir por todo el Estado, a Catalunya llegarán entre 20 y 30 y a Madrid 700. La Moncloa evita entrar por el momento en la batalla de las cifras, pero sí deja claro que Catalunya, como Euskadi, ya alberga a un gran número de integrantes de este colectivo y tiene además muchas más plazas destinadas a acogerlos, por lo que resulta “lógico” que esta vez asuma un “menor esfuerzo” que la autonomía gobernada por Díaz Ayuso.
El Ejecutivo se felicita del nuevo pacto con Junts, que viene a sumarse al de hace dos semanas para delegar a la Generalitat las competencias de migración. Ambas negociaciones han ido de la mano durante los últimos meses. “La relación con Junts fluye y eso no es malo”, destaca la Moncloa. “Se están comportando de forma mucho más leal que el PP”, compara un miembro del Gobierno.
Esta reconstrucción de los puentes, sin embargo, no alcanza al proyecto más importante de todos: los Presupuestos Generales del Estado para este año, cuya aprobación permitiría blindar este convulso mandato de Sánchez. “Acuerdos llaman a acuerdos”, dice un ministro. Pero las posibilidades de sacar adelante las cuentas públicas se estiman cada vez menores en el círculo del presidente. No solo por Junts. También por la posición de otros aliados parlamentarios, como ERC y Podemos.
