El Gobierno ha concedido a Junts un reparto de menores migrantes no acompañados que beneficia a Cataluña y perjudica a comunidades autónomas como Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Galicia. Estas cuatro, las más relevantes de las gobernadas por el PP, serán las que más menas reciban. La catalana, en cambio, será la que menos.
Para calcular cuántos menores migrantes no acompañados se repartirán por cada territorio, el Gobierno ha modificado el modelo pactado por todas las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de 2022.
Los cambios introducidos por el Gobierno en el real decreto aprobado este martes permiten que haya comunidades autónomas como Cataluña o País Vasco que reciban muchos menos menas de los que hubieran tenido que acoger con el modelo anterior. Así, el Gobierno se asegura que tanto PNV como Junts acaben validando la medida.
EL ESPAÑOL ha calculado el próximo reparto de los 4.000 menas de Canarias y 400 de Ceuta atendiendo a los criterios de 2022 y los ha comparado con el reparto que derivará del pacto entre el Gobierno y Junts, según las proyecciones que manejan las comunidades autónomas.
El modelo de 2022 ponderaba que el 25% de los menores migrantes a reubicar se haría en relación con la población total de cada comunidad autónoma, el 12,5% según la renta per cápita, el 12,5% según la tasa de paro, un 45% teniendo en cuenta a las que tengan menos migrantes acogidos en función de su población (esfuerzo) y el 5% restante según la dispersión poblacional.
Según esos criterios (que están desarrollados en el Plan de respuesta ante crisis migratoria para menores migrantes 2022-2023), la Comunidad Valenciana sería la cuarta comunidad que más menores debería acoger (334), Madrid y Andalucía empatarían en el quinto puesto (332 cada una) y Galicia sería la decimotercera (175). Cataluña, por su parte, sería la sexta (debería recibir 299).
Sin embargo, el nuevo criterio coloca a las cuatro comunidades del PP en los cuatro primeros puestos y a la catalana en el último. Por otro lado, Melilla estaba en 2022 excluida del reparto, mientras que ahora recibirá más que Cataluña.
El real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros eleva al 50% del total de menores a reubicar el criterio de la población. Sube levemente al 13% el de la renta per cápita y al 15% el de la tasa de paro y deja en un 2% el de la dispersión de la población.
Además, si el esfuerzo antes repartía el 45%, ahora pasa a repartir el 6%. Como es un criterio que tiene en cuenta los menas por cada 100.000 habitantes, la reducción beneficia claramente a Cataluña. Con las reglas de 2022, Cataluña habría recibido 271 de los 4.400 menores sólo atendiendo a este criterio que ahora apenas es tenido en cuenta.
Por otro lado, se ha introducido un nuevo criterio que podría beneficiar más a Cataluña. El 10% del total se repartirá según el sistema de plazas por cada comunidad. Aunque aún no se sabe exactamente cuántas plazas tiene cada comunidad, es uno de los parámetros donde Cataluña siempre despunta.
El real decreto también incluye dos nuevos principio para descargar el peso sobre Melilla y Baleares, haciendo que cada una esté exenta de recibir parte del 2% de los menores a repartir. Aunque se intenta aliviar a Melilla, la ciudad autónoma recibirá 34 menores no acompañados, más que los 26 de Cataluña. Con los criterios anteriores, Melilla no habría recibido ni uno.
Pacto gestado en diciembre
En julio del año pasado, todas las comunidades del PP aceptaron el último reparto de menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias y de Ceuta, incluso al coste de que Vox rompiera seis acuerdos de Gobierno en las comunidades autónomas. Entonces, se siguió el criterio de reparto de 2022.
Pero ahora el criterio se ha cambiado porque se pactó previamente con el PNV y con Junts, nacionalistas e independentistas, para que País Vasco y Cataluña fueran de las regiones más favorecidas.
La noche clave fue la del pasado 5 de diciembre. Aquel día se rompieron las negociaciones entre el Gobierno y el PP para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. La reunión se había celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno canario en Madrid, en la calle Fernanflor, junto al Congreso de los Diputados.
«El Gobierno vino sin papeles y el PP no quiso negociar», salió mascullando Fernando Clavijo, presidente de Canarias. Y ahí mismo se prometió buscar una solución «por su lado», dejando de lado al PP, con quien gobierna las islas.
Pero en una semana, Clavijo ya tenía un acuerdo [consulte el documento en PDF] con el lehendakari Imanol Pradales, y había acordado el apoyo de Carles Puigdemont a su nueva idea: un real decreto que «impusiera la solidaridad» a las CCAA peninsulares para reubicar a 4.400 menas, y un nuevo criterio de reparto que favoreciera a País Vasco y Cataluña.
A ambas autonomías se les reconocería su «mayor esfuerzo de acogida» y la condición de frontera norte. El pacto lo llevaron Clavijo y Pradales a la Conferencia de Presidentes de un día después, en Santander, recibiendo el rechazo de todos los barones del PP.
Pero en enero, el líder del PP canario y vicepresidente de Clavijo, Manolo Domínguez, batalló para que la llamada Declaración de Asturias [consulte el documento en PDF] de Alberto Núñez Feijóo con sus 14 autonomías recogiera un párrafo para la esperanza:
«Es imprescindible acometer con urgencia las reformas que figuran en el acuerdo firmado el 10 de septiembre de 2024 por el presidente nacional del PP con el Gobierno de Canarias y […] ante la magnitud de la emergencia en Islas Canarias y Ceuta, el Ejecutivo central asuma la atención y financiación directa de los menores no acompañados en estas situaciones críticas».
Pero ya era tarde. Clavijo había convencido a Moncloa, con el señuelo de que tenía «los votos asegurados» para el decreto en el Congreso.
«Obligan a montar guetos»
Ahora, las comunidades del PP, todas, rechazan «el decretazo de menas» del Gobierno. Fuentes de los Ejecutivos gallego y andaluz aseguran entender la maniobra de Canarias e, incluso, algún dirigente regional popular llega a «alegrarse» por su compañero ceutí, «ejemplo de lealtad constitucional».
Pero, por ejemplo, Madrid, Murcia y Aragón ya han anunciado que recurrirán «con todo» un reparto que califican de «xenófobo, discriminatorio y atentatorio contra la igualdad territorial y de los españoles», en palabras de Jorge Azcón.
Otras regiones, como Galicia, Baleares y Castilla y León, se remiten a sus servicios jurídicos, que «ya están estudiando si podemos y cómo hacerlo», según explica un portavoz de Alfonso Fernández Mañueco.
Pero en lo que coinciden casi todas las CCAA es en que es «inaceptable» que el cambio de criterios esté hecho «a la inversa». Es decir, explican que se parte de la idea de beneficiar a vascos y a catalanes para establecer después los criterios que aseguren los votos a la convalidación del decreto.
«Nos obligan a montar un gueto», lamentan fuentes del Gobierno gallego. «Nosotros no tenemos a los menores separados ni por procedencia, ni por sexo, ni por religión, ni nada… es así desde tiempos de Manuel Fraga, y nos funciona muy bien», continúa un portavoz de la conselleria de Política Social.
«Tutelamos unos 700 menores en 80 recursos, pisos o casitas repartidas por nuestras aldeas y concellos«, añade este portavoz del Gobierno de Alfonso Rueda, «y si nos mandan 300 más de golpe, no podemos asumirlo».
Algo parecido a lo que alega el Gobierno de Marga Prohens en Baleares. «Estamos al 950%, con 364 menores migrantes acogidos, a fecha de 5 de marzo, por las 40 plazas residenciales previstas… ese reparto impuesto es inviable», aseguran desde su entorno.
Madrid, la región más perjudicada por el nuevo modelo, advierte que desde 2019 ha acogido «10.618 menores inmigrantes no acompañados por la nefasta política migratoria de Pedro Sánchez«.
Según el entorno de Isabel Díaz Ayuso, en términos relativos, Cataluña atendió el último año «a 33 menores por cada 100.000 habitantes», según los datos que maneja de 2.643 para los 8 millones de catalanes. «Y Madrid, a 34,8 por cada 100.000 habitantes, es decir, 2.442 menores frente a nuestros 7 millones de habitantes».
Andalucía ha creado en los últimos años 645 plazas para menores extranjeros no acompañados, «porque con los gobiernos socialistas no había una sola».
El Gobierno de Juanma Moreno, por ejemplo, presentó un requerimiento el pasado enero al Gobierno, porque en los traslados de migrantes habituales del Ministerio del Interior, «el Gobierno ha colado, desde octubre de 2023, al menos 605 menores como si fueran adultos, y de momento nos han costado más de 17 millones de euros que hemos puesto de nuestro presupuesto, a pulmón».
Y el Ejecutivo de Cantabria, el menos beligerante al menos de palabra, anunciaba este martes que acogerá menas «según sus posibilidades» y sólo «si hay financiación hasta su emancipación a los 18 años». El Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga reclamó al central «lealtad institucional, información y colaboración».
