Fumata blanca. El Gobierno prevé llevar este martes un decreto-ley para activar la distribución a las comunidades autónomas de los menores migrantes que acoge Canarias. Según fuentes de la negociación, se hará a través de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. Está previsto que tras la reunión del Consejo de Ministros comparezca el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, según fuentes de Moncloa.
El acuerdo para la delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración allanó el desbloqueo de la distribución territorial de menores migrantes llegados a las costas canarias y ha permitido apurar las negociaciones. No a través de un reparto puntual para aliviar la situación de Canarias, el plan B que se puso sobre la mesa ante la falta de apoyos parlamentarios y el rechazo del PP, sino a través de una modificación del artículo 35 de la ley de extranjería. Esto es, para hacer estructural y obligatoria la acogida de menores migrantes en situaciones de presión asistencial como la actual.
La reforma de la ley de extranjería, como prefiere el Gobierno, ofrece más garantías jurídicas y busca una solución estructural. La competencia sobre los menores es de las comunidades autónomas, por lo que podría surgir un conflicto competencial si el reparto se realiza de forma obligatoria. De hecho, aunque a nivel parlamentario obtenga luz verde, su correcto desarrollo dependerá de los populares, pues gobiernan en una mayoría de comunidades autónomas.
Los criterios elaborados por el ministerio de Juventud e Infancia benefician a Euskadi y Cataluña, al tenerse en cuenta en el número de plazas de acogida el esfuerzo realizado previamente de forma voluntaria. Ambas comunidades están a la cabeza, junto a Navarra, por lo que serían las que menos plazas crearían de cara a la acogida de los 4.500 menores que han desbordado la capacidad de Canarias.
Cataluña tiene en acogida a 1.065 menores migrantes, lo que supone el 24% del total, Euskadi 498 y Navarra 85. Sin embargo, en el Gobierno aseguran que no se quedarán fuera del reparto, como critican los populares.
Amenaza de recursos
Si este acuerdo allana el apoyo de los posconvergentes para desbloquear el reparto de menores migrantes, aleja todavía más el entendimiento con el PP. Los populares, a pesar de gobernar en coalición con Fernando Clavijo en Canarias, ya arremetieron contra esta solución calificándola de “mezquina”. En las comunidades autónomas gobernadas por el PP también salieron en tromba a posicionarse en contra al considerar que se excluye a Euskadi y Cataluña.
Ante la amenaza de una lluvia de recursos por parte de las comunidades autónomas del PP, en el Ejecutivo siguen defendiendo que la vía con mayor seguridad jurídica es la de una reforma de la ley de extranjería, en su artículo 35. La competencia sobre los menores es de las comunidades autónomas, por lo que podría surgir un conflicto competencial si el reparto se realiza de forma obligatoria.
