Jorge Fernández Díaz (Valladolid, 1950) lo tenía clarísimo cuando Mariano Rajoy le nombró ministro del Interior a la hora de escoger al primer policía con poder operativo en la Policía Nacional. Eugenio Pino Sánchez (Madrid, 1952) sería su apuesta segura. Había sido el responsable número uno de la policía antidisturbios durante los gobiernos de José María Aznar. Más precisamente: jefe de las Unidades de Intervención Policial (UIP) entre 1997 y 2005. El 12 de enero de 2012, vamos, sin pérdida de tiempo, Fernández Díaz le hizo director adjunto operativo (bajo el ahora tétrico acrónimo de DAO) de la Policía Nacional. Fue Pino quien ayudó al ministro a orientarse en la futura ley de seguridad ciudadana o ley mordaza y quien, además, recomendó a un hombre suyo, inspector jefe anteriormente subordinado, para esa actividad.
Pero para Fernández Díaz el orden, la preservación del orden interno, pasó a ser, después de sacar adelante lo que pretendía ser su legado más importante -la ley mordaza-, la guerra sucia contra los adversarios del Partido Popular. Internos y externos. Y su baza para ello, evidentemente, no podía ser otra que la persona en la que había confiado desde ese 12 de enero de 2012. Mejor dicho: prácticamente desde su toma de posesión como ministro, el 22 de diciembre de 2011.
Porque Pino había salido de la Unidad de Intervención Policial (UIP) un año después de la derrota del PP en 2004 y había recalado como analista en la Comisaría General de Información. Allí le resultó muy útil el trabajo de la policía judicial y de los servicios de información.
Este pasado lunes, día 17 de marzo, el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional tomó declaración en calidad de testigos, en la causa de la guerra ilegal del Gobierno de Mariano Rajoy contra el partido Podemos, a dos exviceministros de Energía Eléctrica del Gobierno venezolano.
Uno de ellos, Javier Ochoa Alvarado, declaró que se reunió “dos veces” -en enero y febrero de 2016- con Eugenio Pino en el despacho del DAO en la Policía. y que este le pidió información sobre la formación de Iglesias. El otro, Nervis Villalobos, confirmó que en sus contactos con policías españoles estos siempre traían a colación a Podemos y la presunta financiación vía Venezuela.
Todos los intentos de presentar estas gestiones como actividades “parapoliciales”, o «paralelas», vamos al margen de la policía, chocan con la realidad, porque tanto respecto del adversario Podemos, como al adversario Luis Bárcenas, por su posible información comprometedora para Rajoy, y finalmente el adversario llamado independentismo catalán, vía Operación Catalunya, las actividades siempre las hacían los comisarios e inspectores con poder, en combinación con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el propio ministro del Interior, Fernández Díaz. Este jurará bajo tortura que estos hechos no han existido, como le dijo a Villarejo, pero es que no hace falta: sus huellas -y su voz- están por todos lados.
Los documentos de Luis Bárcenas
Eugenio Pino se ocupó a través de los comisarios Enrique García Castaño y José Manuel Villarejo, entre muchos otros altos cargos, de capturar los presuntos documentos comprometedores del extesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, entre finales de 2012 y 2016. Por eso, en efecto, tanto Fernández Díaz, Martínez, y los demás comisarios e inspectores se sentarán en el banquillo del juicio oral de Kitchen cuando la Audiencia Nacional ponga fecha para ello.
Pino ha sido enjuiciado -con sentencia firme- por haber participado en una operación lateral llevada cabo en el periodo en que la Operación Catalunya era prioridad para Pino y Fernández Díaz. Se trata del robo de los datos reservados extraídos en un dispositivo o sistema de almacenamiento informático por autores desconocidos, en una intervención que no contó con autorización judicial, y que Pino ordenó incorporar a un pendrive y entregar a la Unidad policial encargada de la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que investigaba a la familia Pujol. Un año de cárcel por revelación de secreto. Sin entrar en prisión, claro.
Esta condena supone, hasta ahora, una especie de accidente “a lo Capone” para Pino. El gánster de Chicago, jefe del sindicato del crimen, nunca pagó por sus múltiples asesinatos y masacres, pero, fue condenado en 1931 por 23 cargos, entre ellos evasión de impuestos, juego ilegal, prácticas ilegales durante la prohibición. Permaneció ocho años en prisión.
Mariano Rajoy apuntó en la comisión de investigación de la Operación Catalunya, que hay 100.000 policías en el Cuerpo Nacional de Policía y cómo era posible pretender que él, como presidente de Gobierno, supiera lo que hacía cada policía. Problema: Pino no era policía del montón; García Castaño, tampoco, así como no lo era Villarejo. Tampoco lo eran los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano.
Fuentes Gago viajó a Nueva York en abril de 2016 para reunirse con un ministro venezolano Rafael Isea para obtener información contra Podemos, en nombre del ministro Fernández Díaz y de Mariano Rajoy. Fue también Fuentes Gago quien viajó en avión privado a Suiza para conocer datos sobre la falsa cuenta de Xavier Trías, entonces alcalde de Barcelona.
Una inspectora que ha desvelado las operaciones Venus y Bolívar ha sido citada próximamente para declarar sobre su viaje a Nueva York para investigar en abril de 2016 a Podemos.
Pino llegó a ocuparse de todos los detalles en las múltiples operaciones. Desde lo que cobraba como colaboradora de la policía Vicky Álvarez– antigua compañera de colegio de Jorge Moragas, director de gabinete de Rajoy– por sus denuncias contra su exligue Jordi Pujol Ferrusola, ante la Audiencia Nacional, hasta de los hallazgos en un taller de restauración propiedad de Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, en la madrileña calle del general Díaz Porlier, por parte del comisario Enrique García Castaño. O del informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA).
“El presidente lo sabe”, le señaló Fernández Díaz a Daniel de Alfonso, jefe de la Oficina Antifraude al cabo de dos reuniones sobre la guerra sucia de la Operación Catalunya del 2 y 16 de octubre de 2014. Fernández Díaz quería decir que Rajoy estaba al corriente de sus encuentros con De Alfonso. Esas reuniones fueron grabadas en el mismo despacho de Interior, el Ministerio de la Guerra Sucia.
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