El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobará este miércoles un informe sobre la profunda reforma que el Gobierno quiere acometer en el actual sistema de oposiciones de acceso a la carrera de jueces y fiscales. El pleno debatirá un documento que avala parte de la norma, pero advierte de algunos peligros que encarna la ley relacionados con la independencia judicial si se rebaja el listón de cómo se elige a los funcionarios, según explican distintas fuentes jurídicas.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de enero una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial «para la ampliación y fortalecimiento de la carrera judicial y fiscal» que modifica el actual modelo de oposición introduciendo una prueba escrita y el anonimato de los aspirantes; además, el texto prevé incrementar el número de jueces por dos vías distintas: reforzando el llamado ‘cuarto turno’, que es el acceso de juristas de reconocido prestigio y regularizando la situación de jueces sustitutos, que son personas que llevan años ejerciendo como jueces de forma temporal pero sin tener oposición.
Aquí está uno de los puntos más problemáticos para el Poder Judicial porque advierten de que van a entrar en la plantilla unos 750 jueces y fiscales de golpe sin haber pasado el mismo examen que el resto de los togados. La norma explica que se trata de una situación excepcional y de que a los jueces sustitutos que no se les consolide la plaza –actualmente casi mil, según fuentes jurídicas– se les indemnizará.
El informe del CGPJ, que ha sido aprobado ya por unanimidad en la Comisión de Estudios e Informes del Consejo, se ha redactado para agrupar en el mismo contenido tanto al sector progresista como al conservador, si bien según a quién se pregunte la interpretación es más o menos intensa.
El texto admite que el sistema de elección que propone el Gobierno es válido, pero añade que si no se hace una prueba lo suficientemente rigurosa cabe el riesgo de perder la independencia judicial. Se deben seguir manteniendo los mecanismos de valoración de método y capacidad para que no haya una devaluación de la calidad del conocimiento de los nuevos togados.
Algunas fuentes explican que este proceso de estabilización de empleo temporal, es decir, la entrada de los jueces sustitutos a ser jueces de pleno derecho puede ir en contra del artículo 19 del Tratado de la Unión Europea que dice que «los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión». Esto en la jurisprudencia reciente se ha leído como que una vez garantizado un sistema no puede haber una regresión en las garantías de independencia que han sido consolidadas.
Por ello, entienden que abrir la puerta a los jueces que no han pasado un examen que requiere ser un exhaustivo conocedor de la legislación española al completo, hace que estos togados puedan ser menos independientes. Otras fuentes, en cambio, aseguran que sería «una barbaridad» pensar que jueces que llevan 20 o 30 años poniendo sentencias como sustitutos no son aptos o capaces de seguir desarrollando este trabajo de forma regulada.
La reforma planteada desde el Ministerio de Presidencia y Justicia que dirige Félix Bolaños va a modificar igualmente la composición de las salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. Actualmente, los jueces votan a todos sus miembros por lo que, por norma general, la asociación mayoritaria –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)– es la que logra buena parte de las plazas. En las últimas elecciones de noviembre la APM obtuvo un 52% del total de las sillas. La nueva norma plantea que cada juez ahora solo pueda elegir a un representante, lo que dará lugar a una multiplicidad de minorías dentro de las salas gubernamentales.
Quejas de las asociaciones judiciales
Este informe redactado por el Poder Judicial es consultivo, pero no vinculante por lo que el Gobierno podrá seguir adelante con la que algunos llaman la «ley más importante para el futuro judicial» de todo el Gobierno de Pedro Sánchez. Las distintas asociaciones judiciales también han mostrado sus discrepancias, a excepción, de la progresista Juezas y jueces por la Democracia.
La presidenta de la APM, María Jesús del Barco, habló en su momento de «un ataque frontal contra las instituciones judiciales» y señaló que era «mentira» y «demagogia» creer que esta norma fuera a fortalecer la pluralidad dentro de la carrera. Para el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, la ley traía luces, como el sistema de becas, y sombras como la «desconfianza» que trasluce sobre cómo está redactado el texto. «Entendemos que no resulta constitucionalmente viable llevar a cabo un proceso de estabilización de jueces sustitutos y fiscales interinos que obvie el nivel de exigencia actualmente existente en los métodos actuales de ingreso a la carrera judicial», dijo.
El portavoz de la asociación más progresista, Edmundo Rodríguez, se centró más en la claridad que en la oscuridad de la reforma legal y explicó que, a su juicio, era «necesario» tomar este tipo de medidas para la «consolidación de la judicatura interina».
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