Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias de la Generalitat valenciana, ha asegurado en un escrito remitido a la jueza de la dana que el 112 “no envió comunicación alguna al Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi)” pese a las más de 19.000 llamadas recibidas ese día. “No hubo comunicación ni de estos mensajes ni ninguna otra al Cecopi”, insiste Argüeso, quien recalca ese hecho “pese a que el director del Centro de Coordinación de Emergencias, de quien depende orgánicamente, formaba parte del Cecopi”. El abogado de Argüeso, José María Bueno Manzanares, que representa a Manos Limpias en otras causas, ya mostró hace días dudas sobre la competencia de la magistrada en este caso.
Quejas de la instrucción
El recurso presentado en el Juzgado de Catarroja no duda en señalar como “totalmente impertinentes e inútiles” las medidas de investigación acordadas por la magistrada. “A día de hoy seguimos sin acceso a una copia de la causa y por tanto estamos actuando en absoluta indefensión”, prosigue la defensa de Argüeso, quien está citado a declarar como imputado el próximo 11 de abril. El abogado que le representa insiste en que desconocen “a ciencia cierta los hechos que se le imputan”.
El primer Cecopi del día 30 con la presencia ya de los organismos del Estado. / L-EMV
Alegaciones de la defensa
En las alegaciones a las que ha tenido acceso Levante-EMV el letrado que representa a Argüeso se opone a que se incluyan en la instrucción judicial las cerca de 20.000 llamadas al 112 comunicando incidencias, peticiones de auxilio o de “personas totalmente angustiadas por las situaciones que estaban viviendo”. “La experiencia que tiene en macrocausas el letrado que suscribe le hace presuponer que acabarán filtrándose y dadas las características que todos podemos presuponer, van a generar auténtica alarma social, además del daño que puedan generar a las víctimas de la pasada dana”, remarca.
Material valioso para periodistas
Bueno Manzanares ya anticipa que no servirán para esclarecer los hechos investigados y que lo que la titular del Juzgado de Catarroja debería hacer es “investigar previamente si alguno de estos mensajes fue comunicado al Cecopi”. “La realidad es que no hubo comunicación ni de estos mensajes ni ninguna otra al Cecopi”, insiste para concluir: “Aún tratándose de material indudablemente valioso para historiadores, periodistas, etc, no pueden arrojar luz alguna a los hechos investigados”. Lo cierto es que la jueza desestimó incorporar ese material a no ser que se cuente con el consentimiento expreso de quien aparece en las llamadas o algún familiar de las víctimas.
Bernabé y Mompó citados como testigos
En una providencia notificada el lunes a las partes, la magistrada también fija el 14 de abril para tomar declaración como testigos a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y el 29 del mismo mes para hacer lo propio con dos técnicos.
