Las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado «van a desarrollar las mismas funciones; no hay división de fronteras, ni cesiòn de control, que seguirá en manos de la Policía y la Guardia Civil», ha insistido este lunes Mercedes González, directora general del instituto armado, en una comparecencia ante la comisión de Interior del Senado.
González ha salido así al paso de acusaciones del Grupo Popular que, como la pasada semana en el Congreso, denuncian que el Gobierno quiere sacar a la Guardia Civil de Catalunya en aplicación de acuerdos entre el PSOE y Junts. O, lo que es lo mismo, «por siete miseros votos».
Son palabras de la senadora vasca del PP Mari Mar Blanco. La hermana de Miguel Ángel Blanco, víctima emblemática de ETA, ha desarrollado el papel de interpelante poniendo énfasis en dos asuntos: uno más operativo, como el auge del narcotráfico en el sur; el otro, más político, que ha centralizado el debate, sobre la propuesta para la delegación de competencias en materia de migración a la Generalitat.
Para Mari Mar Blanco, permitir la intervención de los Mossos d’Esquadra en tareas de devolución de inmigrantes con entrada prohibida o propuestas de expulsión es «entregar a un cuerpo autonómico competencias exclusivas del Estado en inmigración y fronteras». Blanco ha recordado declaraciones de dirigentes socialistas afirmando en un pasado no lejano que no era constitucional el traspaso, para señalar que «los españoles ya sabemos cómo funciona el sanchismo: convierte en mentira todo lo que promete».
Oprobio
Sobre todo ha lamentado Blanco los efectos del pacto PSOE-Junts como «una humillación para las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado». El discurso de Mari Mar Blanco, de hecho, ha pivotado sobre la figura del agravio. La ausencia de una total equiparación salarial de los guardias con los mossos es «una falta de respeto a la Guardia Civil», y la de momento frustrada reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana «un insulto para la Guardia Civil».
A los tres conceptos conexos, humillación, falta de respeto e insulto, ha respondido Mercedes González con dos argumentos: por un lado, el trabajo de seguridad en Euskadi, donde, antes que en Catalunya, se abrió a la Ertzaintza la labor en infraestructuras críticas de transporte: «En el País Vasco, la Guardia civil continúa con las mismas funciones de custodia y resguardo fiscal en puertos y aeropuertos».
Por otro lado, ha contestado González con cifras, sacándole al PP el reproche de los recortes. «Ustedes se indignan muchísimo, pero cuando gobiernan se dedican a desmantelar las plantillas y a no priorizar inversiones ni en infraestructuras ni en salarios de los guardias civiles», ha dicho a los populares.
Según las cifras que maneja la directora de la Benemérita, en Catalunya, en el año 2011, tras salir de la Moncloa José Luis Rodríguez-Zapatero, había 3.529 guardias operando en Catalunya. Tras los años de su sucesor, Mariano Rajoy, 3.190, «o sea, perdió 339 efectivos. ¿Es no es un ataque a la Guardia Civil?».
«Hoy en Catalunya hay 144 efectivos más de los que ustedes dejaron», ha señalado González a Blanco. De la misma forma, en el País Vasco, en 2011 había 3.083 guardias civiles y 2016 acabó con 2.334. «Setecientos cincuenta efectivos menos -ha reseñado González-. ¿Eso no es desmantelar la Guardia Civil?»
También ha recordado Mercedes González que fue el gobierno de José María Aznar, en función de sus pactos con Jordi Pujol, el que traspasó la competencia de Tráfico a los Mossos y acordó esa misma cesión a la policía foral de Navarra. «¿Eso no era un pacto vergonzante con las autonomías?», ha preguntado la directora de la Guardia Civil a los populares, y ha concluido: «Con Aznar se perdieron competencias, y con Rajoy se perdieron efectivos».
