Si no hay un giro inesperado de los acontecimientos, con una posible intervención de los juzgados que no se debe descartar a estas alturas, la Policía Local del Ayuntamiento de Alicante cambiará de manos en menos de cinco meses. Y es que, como avanzó este diario este pasado miércoles, el gobierno local liderado por Luis Barcala, a través de un decreto de la Concejalía de Recursos Humanos, ha ordenado la jubilación forzosa del principal mando policial desde hace más de tres lustros, de José María Conesa García, que accedió al cargo en 2009, durante el mandato de Sonia Castedo.
De certificarse la salida el próximo verano, parece que solo un juzgado podría frenar la intención del gobierno de Barcala de adelantar la jubilación prevista inicialmente para abril de 2027, el «sillón» que ha ocupado Conesa pasaría a otras manos. ¿A cuáles? Las apuestas se han disparado durante esta semana en el entorno del Ayuntamiento de Alicante, al certificarse vía decreto lo que se rumoreaba desde hacía días en los pasillos de la Casa Consistorial.
De hecho, fue el propio Barcala el que convocó a Conesa a su despacho recientemente para comunicarle su intención de prescindir de sus servicios a mediados de este año, aunque esa decisión no se puso negro sobre blanco (firma incluida) hasta este pasado 12 de marzo, y se hizo en un documento del que tuvo antes conocimiento la cúpula policial, como si se tratase de la salida de cualquier otro miembro del Cuerpo municipal, que el propio afectado.
Las incógnitas sobre el relevo de Conesa son un hecho ante el precario estado del «cuatro de mandos» de la Policía Local, de donde en los últimos meses han salido dos comisarios por jubilación (Eduardo Guijarro y Eduardo García Domenech) y se espera que siga el mismo camino Miguel Box, en julio. De esa misma edad (del año 1960) es también Julio Calero, actualmente concejal de Seguridad y Recursos Humanos, que no debería regresar a su condición de mando policial una vez termine de ejercer su cargo político. Todos ellos, por tanto, quedan excluidos como posibles aspirantes a la Jefatura de la Policía Local.
Para ese cargo, a priori, los focos apuntarían al otro comisario en el escalafón, aunque en este caso todavía como interino (la convocatoria para la consolidación de la plaza acaba de publicarse oficialmente): Raúl Romero, casado con la jefa de Protocolo del Ayuntamiento. Para poder aspirar al puesto, tendría que cumplir dos años en su actual cargo, al que accedió a mediados de 2024.
Por debajo
En el rango inferior se encuentran otros cuatro mandos, aunque solo uno con plaza en propiedad: el intendente Fernando Aldave. Los otros tres (Alejandro Fabra, Francisco Requena y Francisco Vázquez) accedieron vía mejora de empleo. Y sobre este grupo también se dirigen las apuestas para sustituir a Conesa una vez se jubile, con especial intensidad sobre Fabra, marido de la concejala de Servicios Sociales, Begoña León (PP).
Sin embargo, que un intendente interino en la actualidad llegue a ser jefe de la Policía para una vacante que se espera que se produzca en cinco meses se antoja más que complicado por una cuestión de tiempos, salvo que la espera para la consolidación del alto cargo policial se alargue más de lo previsto, según explican fuentes municipales.
Provisionalmente, sí que se da por hecho que será el comisario Raúl Romero el que se quede con la Jefatura de la Policía al menos hasta que se impulse la sustitución definitiva de Conesa, que se da por hecho que será antes de las próximas elecciones, en mayo de 2027. Ese hecho, la cita electoral, se mira como un condicionante a la hora de haber agilizado la jubilación de Conesa, quien según sus cálculos debería dejar el cargo en abril de 2027 y no en agosto de 2025. De ser así, se antojaría imposible poder elegir un sustituto antes de los comicios, que serían los terceros como cabeza de cartel para el popular Barcala.
Tampoco se puede descartar que el gobierno, en un momento dado, si los aspirantes disponibles no cumplen con el perfil deseado o por ganar tiempo, se decante por un «fichaje» externo, por traer a un relevo desde otra Policía municipal, aunque estos movimientos no suelen sentar nada bien en la plantilla.
¿Vía judicial?
Con todo, este proceso de sustitución en la cúpula apunta que no sólo dependerá de los plazos administrativos y de los deseos del gobierno de Barcala, sino también de las decisiones judiciales. Y es que se da por hecho que el todavía jefe de la Policía Local de Alicante dará batalla en los tribunales para estirar su jubilación hasta la fecha que tenía prevista, en abril de 2027, y es que Conesa mantiene que en el próximo agosto no tendrá aún cotizados los 38 años y 3 meses que exige la ley.
En sus casi cuatro años en la Armada se encuentra el punto de fricción, clave en esta polémica. De presentar un contencioso-administrativo tendrá que ser en un plazo máximo de dos meses, ya que parece quedar descartado la interposición previa de un recurso a nivel municipal, al depender su resolución del propio ejecutivo.
Por tanto, todavía quedan por resolver incógnitas en una convivencia marcada por la tensión entre Conesa y Barcala, que tuvo la oposición de 2022 envuelta en acusaciones de nepotismo como su principal capítulo. Tras aquello, el alcalde colocó a uno de los principales rivales del jefe policial en la lista electoral como paso previo (tras el aval de las urnas) a situarle como concejal de Seguridad. Además, le apartó de encabezar otros procesos selectivos e intentó controlarle más de cerca con una reorganización del cuadro de mandos (la conocida «plana mayor») que no fraguó. Con todos esos ingredientes sobre la mesa, la Policía Local de Alicante se encamina a un nuevo tiempo, por ahora aún envuelto en interrogantes.
