La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha señalado que el Ayuntamiento de Móstoles troceó contratos menores para «eludir así los requisitos» de control de los mismos. El organismo llega a esta conclusión tras analizar las adjudicaciones menores que investiga el Juzgado de instrucción número 5 de la ciudad madrileña.
En la causa se investigan decenas de contratos menores, que se adjudican a dedo, dados por la anterior corporación del PSOE. Bajo la lupa hay contratos para reformar colegios, para comprar material deportivo y para tareas de comunicación.
Según Hacienda, «los ocho contratos menores adjudicados a distintas empresas» para arreglar centros educativos tuvieron un «fraccionamiento» para «eludir así los requisitos de publicidad». La IGAE señala que tenían el «mismo objeto», por lo que tendrían que haberse licitado de manera conjunta. Los contratos menores son aquellos por menor valor de 50.000 euros para las obras y 15.000 para los servicios.
Si el Ayuntamiento de Móstoles hubiese licitado como contrato regular las obras, tendría que haber sacado a concurso la adjudicación, dando publicidad al mismo y permitiendo que se presentasen más empresas. Al trocearlos, pudo darlos a dedo a las compañías que quisiese.
Sobre los contratos en comunicación y páginas webs, Hacienda dice que «se han realizado incumpliendo la prohibición de fraccionamiento (…) eludiendo los principios de publicidad y concurrencia e incumpliendo los procedimientos de adjudicación previstos en la normativa contractual».
Los investigadores se centran en las adjudicaciones a dos empresarios, Alberto G. y Daviz Z. Entre 2015 y 2019, recibieron más de 100 contratos por vaqlor de 680.000 euros.
Los contratos de la causa
La causa empezó por la denuncia de dos antiguos trabajadores del Ayuntamiento de Móstoles que desempeñaban cargos en Hacienda. Según los informes de la UCO en poder de El Independiente, el Ayuntamiento de Móstoles adjudicó en el verano de 2016 ocho contratos menores a cinco empresas por casi 350.000 euros para remodelar ocho colegios.
En el apartado deportivo, se señalan cuatro contratos menores por valor de 48.623 euros a las empresas Maxport y Gamosport 1977. En octubre de 2018, ambas sociedades compartían local comercial. Entre 2016 y 2018, la segunda sólo pagó 245 euros a su único trabajador. La primera le abonó 3.049 euros en dos años. El objetivo de emplear dos compañías, sugiere la Guardia Civil, era saltarse las restricciones que establece la ley.
En cuanto a la comunicación, los mayores beneficiados fueron dos empresarios, Alberto G. M. y David Z. V. El primero, a través de la empresa Monsul Comunicación y Publicidad, obtuvo 51 contratos por valor de 185.716 euros. Otra de sus compañías, Clepsidra, ganó tres contratos por 11.685 euros entre 2017 y 2018, relata la UCO. Eso por parte del Consistorio madrileño. La empresa pública dio a Monsul dos contratos por 39.000 euros en 2017, y otro a él como persona física por algo más de 18.000.
David Z. V., por su parte, se llevó 25 contratos troceados entre enero de 2015 y abril de 2018. La empresa adjudicataria era Comunicación y Edición Mostoleña Independiente, y el objeto era meter publicidad en el periódico Móstoles al Día. En total, 195.052 euros, según la investigación.
Además de la supuesta relación entre la alcaldesa Noelia Posse y David Z. V., varios testigos han relatado a la UCO el interés del exconcejal de Presidencia, Roberto Sánchez, en hacer llegar contratos al mencionado Alberto G. M. y su entorno. Al parecer, mantendrían cierta amistad desde el paso del político por el Ayuntamiento de Getafe en una etapa anterior. Incluso compartiron sede social de algunas empresas.
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