El Gobierno ha pasado de intentar ocultar partidas propias de defensa en otros departamentos, por el tradicional rechazo político y social, a reivindicarlas como tales. E incluso, a ampliar el concepto de “inversión en seguridad” para que se computen asuntos relacionados con la ciberseguridad o la IA. La razón no es otra que el compromiso con Bruselas de llegar lo antes posible al 2% del PIB en gasto en defensa para contribuir al plan de rearme cifrado en 800.000 millones de euros. Para suavizar el esfuerzo inversor correspondiente a España y su impacto en las arcas públicas, Pedro Sánchez presiona en la UE por un enfoque transversal de la política de defensa que no se limite solo al componente armamentístico. De hecho, durante su ronda de contactos con los líderes parlamentarios el pasado jueves en Moncloa, reconoció a uno de sus interlocutores que el gasto “real” en defensa actualmente estaría “más cerca del 2%” del PIB que del 1,28% oficial.
Otro de los líderes que se sentaron con el jefe del Ejecutivo, crítico con el aumento del gasto en defensa, apunta a un informe del Centre Delàs para coincidir en que el gasto es superior al 1,28% actualmente contabilizado, pues se limita al presupuesto propio del ministerio que dirige Margarita Robles. Concretamente, sería del 1,9% si se agregan a este departamento “los costes de personal paramilitar de la Guardia Civil; los créditos en I+D militar que surgen desde el Ministerio de Industria; las misiones militares en el exterior y algunos créditos extraordinarios que se producen durante el año; y, por último, los intereses de la deuda correspondientes al total del gasto militar”.
Por ahora, el compromiso se centra en llegar al 2% “lo antes posible”, en lugar de hacerlo de forma escalonada hasta finales de esta década, como se calendarizó en la cumbre de la OTAN en Madrid de 2022. Con todo, más allá de los acuerdos en la UE, se mira a lo que se pueda pactar en el seno de la Alianza Atlántica. Su secretario general, Mark Rutte, apuesta por aumentar al 3% del PIB.
El propio jefe del Ejecutivo, durante su comparecencia en Moncloa para dar cuenta de la ronda de contactos con los grupos, apuntó que la clave será la próxima cumbre de la OTAN el próximo mes de junio en La Haya. «Ahí es donde se va a sustanciar también cuál va a ser el grado de compromiso y de cumplimiento de ese 2%”, anticipó para añadir que “estamos todavía pendientes de una serie de datos y de criterios, además de un acuerdo que tenemos que alcanzar con el resto de aliados”.
Sánchez no anticipó cantidades, pero deslizó dudas sobre que el 1,28% del PIB de gasto en defensa esta sea la cifra real de gasto. «Tenemos que saber exactamente cuál es la cifra del año 2024, que todavía no se sabe”, argumentó para excusarse de que sin este dato no es posible cuantificar todavía “el esfuerzo que va a implicar al conjunto de la sociedad española” cumplir con los compromisos marcados.
El objetivo pasa por hacer aflorar partidas de defensa en otros departamentos, tras años intentando hacer lo contrario, además de ampliar el concepto de “inversión en seguridad” a cuestiones como la transformación digital o hasta la cooperación y la lucha contra la inmigración ilegal o antiterrorista. Para esto último, España defiende que dentro del plan de rearme se tengan en cuenta las amenazas no solo del flanco este, sino también las del flanco sur por la situación en el Sahel.
De la cooperación a la lucha antiterrorista
“Las amenazas que tiene España, como el sur de Europa, son con matices diferentes a las que tiene el este de Europa. Tienen que ver con los ciberataques o los ataques híbridos. Tienen que ver con la lucha contra el terrorismo, tiene que ver con la Protección Civil y la amenaza cierta y real del impacto que tiene la emergencia climática en el Mediterráneo y, por tanto, en la Península Ibérica. Tiene que ver también con algunos aspectos de defensa que tenemos que lógicamente cubrir y que no estaban cubiertos cuando llegamos a la administración allá por el año 2018”, defendía el jefe del Ejecutivo en su última comparecencia. De incorporarse todas estas cuestiones, se suavizaría el esfuerzo inversor, además de aprovecharse como palanca para un impulso “tecnológico e industrial” de España.
Una “oportunidad”, como lo quieren presentar desde el Gobierno, poniendo como ejemplo el impacto de los fondos europeos de recuperación tras el covid en la transformación energética. Por ello, el jefe del Ejecutivo pelea en Bruselas para que los 150.000 propuestos en préstamos se conviertan en transferencias, aun tratando de romper el bloqueo de los países frugales convenciéndolos de que también serán beneficiados.
El “estratégico” ministerio de Transformación Digital
“Pueden pensar algunos países del norte de Europa que esto es en interés de España o del sur de Europa. Y no es verdad. Nosotros pedimos esas transferencias precisamente para estos países, como nosotros pedimos esas transferencias cuando llegó la emergencia sanitaria y solicitamos esa solidaridad, por parte de los países europeos y de la Comisión Europea. Sustancialmente es para estos países el debate sobre las transferencias y sobre los préstamos”, explicó Sánchez a las puertas del Consejo de Europeo donde se presentará el nuevo Libro Blanco de Defensa de la UE con, entre otras cuestiones, orientaciones sobre los mecanismos de financiación para los próximos cinco años.
Más allá de las áreas de inversión estrictamente armamentísticas (drones, antidrones, defensas antiaéreas o munición), está previsto incluir un capítulo sobre “Inteligencia Artificial (IA), tecnologías cuánticas, ciberguerra y guerra electrónica”. A este campo busca agarrarse España. No en vano, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, remarcaba tras la ronda de contactos con los grupos en una entrevista en ‘RNE’ que su departamento reforzará su carácter “estratégico”. Remarcaba así que dentro del plan de rearme habrá una apuesta por la transformación digital y la ciberseguridad, con el impulso de tecnologías propias y la soberanía en esta materia para que la UE no dependa de los otros dos bloques.
