Desde hace una estimable cantidad de tiempo, la jubilación parcial de los funcionarios, que permite a los trabajadores separarse de sus labores de manera progresiva una vez llegados a los 60 años, ha sido discutida en el seno de lo público sin mucho avance.
Dado que el Ejecutivo no ha sido capaz de formalizar una política satisfactoria en estos términos, la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) han enviado una carta al ministro de Función Pública, Óscar López, para agilizar los procedimientos.
Con el objetivo de que se haga realidad «lo antes posible«, las organizaciones sindicales están exigiendo al Gobierno que se realicen los cambios legislativos pertinentes para que los empleados públicos puedan adherirse a la jubilación parcial.
Simultáneamente, han indicado la «gran inquietud» que les supone la dejadez alusiva al tema, en el marco de la falta de progresos sensibles ya que todavía se basan en el derecho a la jubilación parcial de dichos trabajadores con contrato de relevo, en el EBEP, en la Ley de Seguridad Social o en la Ley 53/1984.
«No solo beneficia a quienes se cogen a esta modalidad de jubilación, sino que también permite la incorporación de nuevas personas profesionales que aporten frescura y dinamismo a nuestras instituciones, especialmente necesarias en el contexto de la digitalización», expresan las organizaciones sindicales.
Además, han comunicado que la lentitud en torno al asunto podría repercutir de manera negativa sobre el servicio y, por ende, sobre los ciudadanos, recalcando la importancia de que los empleados tengan una transición hacia la jubilación «más suave«.
«La regulación inmediata de la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario, así como la convocatoria de la mesa general de negociación de las AA.PP. para su desarrollo», finalmente exigen desde UGT y CCOO.
