Cuando ofreció el primer discurso al Congreso de su segunda presidencia, Donald Trump proclamó orgulloso: «He detenido toda la censura del Gobierno y he devuelto la libertad de expresión a Estados Unidos«. En sus casi ocho semanas de mandato, no obstante, el republicano ha lanzado numerosos y graves ataques a ese derecho recogido en la Primera Enmienda de la Constitución. Y hoy los expertos advierten que la libertad de expresión en EEUU está bajo la amenaza más grave que ha vivido en al menos cinco décadas y que Trump, en una escalada autoritaria, está lanzando una persecución no solo contra la libertad de expresión sino contra cualquier forma de disenso.
Los asaltos han sido numerosos: el Gobierno de Trump ha vetado a la agencia de noticias Associated Press por no adoptar su nomenclatura elegida para el Golfo de México; ha amenazado a congresistas demócratas con investigaciones por criticar a los conservadores; ha purgado de agencias y departamentos y retirado fondos federales a proyectos que incluyen lenguaje o proyectos inclusivos, otra víctima de la cruzada contra lo que denuncia como ‘woke’ o los programas de Diversidad, Igualdad e Inclusión; y ha sancionado a bufetes de abogados que representan a opositores políticos de Trump.
Entre ese tsunami, un caso ha disparado todas las alarmas hasta su máximo nivel: el de Mahmoud Khalil, un palestino de 30 años criado en un campo de refugiados de Siria y residente legal de EEUU que fue detenido el pasado sábado en Nueva York. El arresto se produjo sin orden judicial, Khalil fue trasladado primero a Nueva Jersey y luego a una prisión privada de ICE, la agencia policial de inmigración, en Luisiana; no está acusado de ningún delito pero el Gobierno quiere deportarle, una acción de momento frenada por los tribunales.
El argumento que esgrime la Administración es que, por su papel en las protestas por la guerra de Gaza que se vivieron en la Universidad de Columbia (a la que Trump ha cortado 400 millones en fondos federales acusando al centro de no combatir el antisemitismo ni proteger a los estudiantes judíos pero a la que también presiona para que acabe con programas de diversidad y justicia racial y social), Khalil representa una «amenaza para los intereses de seguridad nacional de EEUU«.
Se amparan en una cláusula de una ley de inmigración de 1952 que estipula que el secretario de Estado, actualmente Marco Rubio, tiene autoridad para deportar a cualquiera si «tiene una base razonable base para creer que podría tener consecuencias adversas serias para la política exterior«.
«El primer arresto de muchos»
El escalofrío se intensificó cuando Trump reaccionó asegurando que el de Khalil sería «el primer arresto de muchos». «Sabemos que hay más estudiantes en Columbia y otras universidades del país que han participado en actividades proterroristas, antisemitas, antiamericanas y el Gobierno de Trump no lo tolerará», escribió en Truth Social. «Encontraremos, detendremos y deportaremos a estos simpatizantes de terroristas de nuestro país, para que no vuelvan nunca». Luego declaró a la prensa: «Debemos sacarlos a todos. Crean problemas. Son agitadores«.
Los problemas y sacudidas del arresto de Khalil se abren en múltiples frentes. Está casado con una ciudadana estadounidense (con la que espera un hijo el mes que viene) tiene la tarjeta verde, o ‘green card’, que le convierte en residente legal, y la Primera Enmienda ampara el derecho tanto de ciudadanos y no ciudadanos de criticar políticas y posiciones del Gobierno.
Además no se han respetado ni el debido proceso legal ni los derechos de Khalil. Las acusaciones en su contra son de extrema vaguedad y no hay estándares objetivos de qué pueden representar las actividades «antiamericanas» de las que habla Trump. Desde el Gobierno se le ha acusado de «liderar actividades alineadas a Hamás» pero no se ha presentado ninguna prueba, y en cambio las hay de que fue un negociador entre los manifestantes y la administración del campus.
Al arresto de Khalil, además, le ha seguido ya este viernes el de una segunda estudiante que participó en las protestas en Columbia. Y se ha reportado que Rubio y su departamento (a los que grupos extremistas proisraelíes como Betar y Canary Mission dicen haber dado listas con nombres e informaciones de miles de manifestantes contra la guerra de Gaza) están usando herramientas de inteligencia artificial para repasar las publicaciones en redes sociales de estudiantes con visado en busca de expresión de simpatías hacia terroristas.
«El canario en la mina»
Diala Shamas, abogada del Centro para Derechos Constitucionales que forma parte del equipo legal de Khalil, avisaba el miércoles tras una vista de que el caso de Khalil y la persecución de quienes han defendido la causa palestina o los derechos de los palestinos son «el canario en la mina». Y no está sola en la alerta.
Muchos expertos temen que la intención de la Administración Trump es perseguir cualquier discurso que considere opuesto a sus intereses u objetivos políticos, lo que puede poner en la diana no solo a quienes acusen de antisemitismo sino a cualquiera que, por ejemplo, cuestione sus acciones en materia de inmigración, contra medidas de protección de medioambiente o cualquier otra política de esta Casa Blanca.
Brian Hauss, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, organización que históricamente ha luchado por mantener el derecho a la libre expresión absoluto aunque sea de neonazis, Ku Klux Klan o discursos de odio, ha asegurado que se está viviendo «un intento directo de castigar la (libre) expresión por el punto de vista que se defiende«. Will Creeley, director de la Foundation para los derechos individuales y la expresión, ha dicho que en este momento «tu derecho de decir algo depende de lo que la Administración piensa de lo que digas, lo que no es libertad de expresión en absoluto». Jeffrey Pyle, un abogado de Boston especializado en la Primera Enmienda, le ha declarado a ‘The Washington Post’: «Trump piensa en la libertad de expresión como lo hace un dictador. Cuando la gente del entorno de Trump habla de libertad de expresión hablan de libre expresión para ellos, pero no para el resto». Y Samuel Moyn, profesor de Derecho en Yale, ha hablado de un «claro paso hacia el fascismo«.
Incluso voces ultraconservadoras como Ann Coulter han apuntado a lo problemático de esta campaña de Trump. «Prácticamente no hay nadie que no quiera deportar pero, a no ser que hayan cometido un delito, ¿no es esto una violación de la Primera Enmienda?«, planteó en X la comentarista, una de las voces más duras de la derecha contra la inmigración.
