La Justicia a veces tarda tanto en resolver los litigios administrativos que se le presentan que al ciudadano de a pie le cuesta seguirle la pista a todos los pasos, avances y retrocesos, que se dan en el tortuoso camino de cualquier proyecto que nace y crece envuelto en la polémica. Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón se ha pronunciado de nuevo sobre la aprobación de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que fue indispensable para alumbrar lo que hoy se conoce como La Torre Outlet, un centro comercial levantado en los suelos de la antigua fábrica de Pikolin en la carretera de Logroño.
Y la sentencia, de nuevo, ratifica que este acuerdo político en el Ayuntamiento de Zaragoza debe declararse nulo de pleno derecho porque fue ilegal su aprobación y, por tanto, su construcción y puesta en marcha. Un traspiés político que quizá ya sabían que se iba a producir los que lo perpetraron, o se lo temían, pero que se produce con esta gran superficie ya construida y funcionando (desde 2020). ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Demolerlo y restituir la legalidad?
La situación que se crea a partir de esta sentencia es la de dejar un centro comercial de esta magnitud –en superficie, empleo y visitantes– en un limbo legal que alguien deberá decir cómo se abandona. Sobre todo por las consecuencias legales que puede tener a partir de ahora cualquier incidencia que se ampare en la inseguridad jurídica que se genera. Pero para entender cómo se ha llegado a este punto quizá hay que recordar por qué se hizo algo así.
En este sentido, lo primero que hay que tener presente es que la creación de un centro comercial como La Torre Outlet en los suelos de una fábrica de colchones como la de Pikolín, que solo permitía esos usos industriales, obedece al cumplimiento de un compromiso político al máximo nivel con el grupo que preside Alfonso Solans. Eran otros tiempos, allá por 2008 y a las puertas de una crisis económica mundial, cuando el Gobierno de Aragón, entonces gobernado por el socialista Marcelino Iglesias, y el Ayuntamiento de Zaragoza, dirigido por Juan Alberto Belloch, tenían que lidiar con el futuro de uno de los buques insignia de la comunidad cuando se planteaba su marcha de la ciudad y la tierra que lo vio nacer. Su proyecto pasaba por una posible deslocalización y la DGA debía hacer todo lo posible por impedirlo.
Esto dio lugar a un convenio que decía así: «El Ayuntamiento de Zaragoza ha llegado a un acuerdo con la empresa familiar aragonesa Pikolín, que preside Alfonso Soláns, para reorganizar urbanísticamente el suelo sobre el que se asienta la emblemática factoría en la carretera de Logroño. En sus actuales instalaciones –que afectan a casi 100.000 metros cuadrados–, el consistorio permitirá que se levanten edificios de oficinas y hoteles, aunque no viviendas. La empresa, por su parte, piensa trasladarse en el plazo de dos años a su nueva ubicación que, según su presidente, se conocerá en los próximos meses, aunque las opciones más barajadas la sitúan en Plaza o en el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR)».
De la carretera de Logroño a Plaza
Finalmente fue Plaza y poco a poco se fue vaciando de actividad esa hectárea de terreno en la carretera de Logroño que tardaría varios años en diseñar su futuro uso. Lo hizo anunciando, a través de Iberebro, la marca inmobiliaria del Grupo Pikolin, la construcción de un centro comercial. Y la tramitación caía en un momento en el que era Zaragoza en Común (ZeC) quien gobernaba en el ayuntamiento y dirigía el urbanismo.
Su posición política estaba radicalmente en contra, y la ley ponía en sus manos las herramientas necesarias para impedirlo. Fundamentalmente por una cuestión clave: el uso principal en esos suelos solo podía ser el que ya tenían, el industrial, y coloquialmente explicaban que allí se podrían vender tornillos pero no ropa o comida, y mucho menos actividades de ocio. Y este era precisamente el uso predominante que se pretendía, como se había acordado años atrás.
Así que tuvo que ser una mayoría en el pleno formada por PP, PSOE y Ciudadanos la que tumbara todos los impedimentos políticos y legales. Amparándose en ideas fuerza como el beneficio para toda la ciudad que suponía implantar un centro comercial dedicado al outlet de marcas conocidas, que además iba a mover miles de visitantes a diario, sobre todo los fines de semana, y que la movilidad hasta allí (la oferta ha sido muy escasa siempre) se solucionaría con más buses y la construcción de un nuevo apeadero en la línea de Cercanías que se llegó a cifrar en más de 6 millones de euros.
El miedo del comercio de barrio
Quizá el problema de este debate legal sobre si la ley permitía una recalificación a la carta de esta envergadura, con evidentes aprovechamientos para una propiedad privada al revalorizar el suelo de un uso industrial o otro comercial, fue que la discusión política, y el rechazo vecinal, se centró más en el daño que sus detractores aseguraban que iba a causar al pequeño comercio de la ciudad la apertura de otra gran superficie más que en la legalidad de esa operación urbanística. Una defensa a ultranza del comercio de barrio que se apoyaba un futurible, cuando el auténtico punto débil de esa operación estaba en si la ley dejaba ejecutar ese traje a medida en el consistorio.
Esto último se dejó en manos de los tribunales, se llevó a la vía judicial a través de un conjunto de entidades vecinales y sociales que han salido victoriosas, al menos en todos los pronunciamientos que se han dado hasta hoy, y con sentencias muy contundentes en contra del ayuntamiento. De aquel en el que, en 2016, la alianza PP-PSOE-Cs era capaz de gobernar desde la oposición para este tipo de cuestiones, y el de 2019, con Jorge Azcón como alcalde, que insistía en la legalización de este centro comercial por la vía de la modificación del Plan General a posteriori y con este centro comercial a punto de inaugurarse. Al menos ZeC sí consiguió arañar 1,6 millones de euros para la ciudad, que fue el pago que Iberebro tuvo que hacer en compensación por una revalorización que multiplicaba por mucho el valor de esos suelos.
Así que la Justicia vuelve a poner todo y a todos en su sitio, casi dos décadas después de aquel acuerdo para evitar la marcha de Pikolin y nueve años después de aquella recalificación inicial, y con una sentencia que no es firme y que el Gobierno actual, del PP, va a recurrir (salvo sorpresa mayúscula) dando otra patada hacia adelante en dirección al Supremo. Más años de espera para otro pronunciamiento que ya gestionarán otros. Y, mientras tanto, con el centro comercial ya en manos de otros, ya que en julio de 2024 se vendió el complejo al fondo de inversión británico Round Shield por un valor que no ha trascendido. ¿Qué se puede hacer ahora con La Torre Outlet para restaurar la legalidad?
