El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 regulará los algoritmos que utilizan las empresas para personalizar precios y publicidad. Lo hará, según explica el Departamento en un comunicado, obligando a que los parámetros que usan estos algoritmos sean transparentes y accesibles para las personas consumidoras.
El titular de la cartera Pablo Bustinduy ha anunciado este viernes que se prohibirá que cualquiera de estos parámetros sea discriminatorio o explote situaciones de urgencia o necesidad. Por otro lado, las compañías no podrán variar los precios que se personalicen de forma automática durante todo el proceso de compra, con el objetivo de evitar que las personas consumidoras sientan la presión de tomar decisiones apresuradas por la incertidumbre de las variaciones.
Desde Consumo se pretende facilitar información útil a las personas consumidoras para que eviten posibles prácticas discriminatorias o engañosas. También se busca una mayor concienciación sobre el uso de datos personales y un mayor control sobre la privacidad. Así lo ha manifestado Bustinduy en el acto ‘Derechos de las personas consumidoras y usuarias en el ámbito digital’ celebrado en el Ministerio con motivo del Día Mundial de las Personas Consumidoras.
¿Qué implica la nueva regulación?
Consumo ilustra con un ejemplo la nueva regulación que pretende poner en marcha a través de un servicio de transporte por coche que fija los precios de forma dinámica, es decir, con precios que varían como es el caso de las compañías Uber, Cabify o Bolt.
En este supuesto, la empresa que ofrece este servicio tendrá que ofrecer una información clara al usuario de cómo se ha formado el precio que se le muestra. Es decir, el usuario podrá conocer en base a qué parámetros se ha fijado ese precio, si ha sido por la distancia hacia el destino, por la hora del viaje, por la frecuencia con la que realiza ese trayecto o por la concurrencia de eventos masivos en la ciudad en la que se encuentre… «Además, se prohibirá que el precio del viaje se fije por razones discriminatorias, como, por ejemplo, que la persona usuaria tenga una discapacidad, o por su perfil racial. El precio tampoco se podrá fijar en base a una situación de emergencia o de necesidad para el usuario, como que le quede poca batería en el móvil, por ejemplo», añade el comunicado de Consumo.
Estas medidas continúan el trabajo realizado por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo durante la DANA del pasado mes de octubre que causó importantes daños en buena parte del país, especialmente en la provincia de Valencia. En esa ocasión, el departamento que lidera Bustinduy prohibió que la personalización de precios derivara en incrementos de precios cuando se producían picos de demanda en contextos de urgencia, riesgo o necesidad.
