El magistrado de la Sala de lo Penal Leopoldo Puente, que investiga al exministro José Luis Ábalos en la causa por la supuesta contratación irregular de mascarillas y material sanitario en el ministerio de Transportes durante la pandemia, ha decidido ahondar en los contratos profesionales concertados entre Jésica Rodríguez con las empresas públicas Ineco y Tragsatec, así como los viajes oficiales en los que la testigo pudo acompañar al entonces ministro, confome habían solicitado las acusaciones populares con la oposición del ahora diputado del grupo mixto y del que era su asesor Koldo García.
En concreto, el instructor de esta causa se dirige a INECO y a TRAGSATEC para que en el plazo máximo de 15 días le remitan información y documentación sobre el modo en que fue publicada la vacante, que fue después cubierta por Jessica Rodríguez García (con expresión de la fecha y el canal de publicación de la oferta de trabajo), habida cuenta de que ésta señaló que fue una tercera persona quien se dirigió a ella para que presentara en una determinada página web su curriculum.
También quiere saber el número de concursantes que optaron a la adjudicación de dicha plaza, aunque precisa que, de momento, no es necesario que se concrete el perfil profesional de los candidatos concurrentes.
El magistrado requiere a estas empresas públicas que relaten en qué consistió el proceso selectivo, precisando si hubo alguna entrevista con los candidatos, en particular con Jessica Rodríguez. En caso de que la hubiera habido, añade el magistrado, “deberá precisarse por la empresa quien fue la persona o personas que entrevistó a los candidatos y en particular a doña Jessica”.
Igualmente, solicita el contrato de trabajo finalmente suscrito con Jessica Rodríguez, precisándose la fecha de incorporación y cese en la empresa. A su vez, demanda información a estas empresas para que, si quiera sucintamente, expliquen “en qué consistían las actividades profesionales encomendadas a doña Jessica Rodríguez y quién era la persona que le encargaba los concretos trabajos a desarrollar y a la que de forma directa rindiera cuenta”.
Por último, el magistrado requiere a INECO para que aporte la documentación interna recabada sobre esta contratación y que la compañía se comprometió a enviar en un escrito dirigido a la Fiscalía.
