La tasa turística implantada por el Ayuntamiento de Mogán ha estado en vigor 36 horas. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado la solicitud de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FETH) y ha suspendido de forma cautelar el cobro de 0,15 euros al día a todas las personas que se hospeden en un establecimiento alojativo del municipio que aborde el recurso de la patronal.
Tras conocer la decisión, la alcaldesa, Onalia Bueno explicó en un comunicado que «en todo momento» el gobierno municipal que preside ha sido «consciente» de que esta situación podría ocurrir, por lo que una vez sea notificado comparecerá ante el juez para defender la ordenanza, aprobada definitivamente en Pleno el 28 de febrero y que entró en vigor el pasado martes día 11 de marzo, y lograr que la suspensión decaiga.
En auto hecho público este miércoles, la sala decreta la aplicación de las medidas cautelarísimas solicitadas por la patronal -por lo que por ahora decae la primera tasa turística de origen municipal de España– «pese a ciertas importantes deficiencias» que aprecia en el documento de petición, pero al mismo tiempo señala que «el peso de los argumentos expuestos en orden de justificar la especial urgencia concurrente en el caso inclina decididamente la balanza al lado de la promotora» del recurso.
Así, en su solicitud la FETH sostiene que la aplicación de denominada oficialmente como Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicios y Realización de Actividades Derivadas de la Acción Turística y la Obligación de sostenibilidad «a un amplísimo número de afectados» por parte del gobierno de Onalia Bueno implica establecer «por norma infralegal una carga improcedente y desproporcionada».
Es precisamente ese motivo, argumentan los empresarios, por lo que la puesta en marcha de un tributo de estas características debería regularse por ley y disponer de una «justificación más detallada». Además, señalan que para ellos supone un esfuerzo y un gasto extra. «Se está exigiendo un esfuerzo desmedido y una compleja tarea de información y documentación de muy difícil de muy difícil cumplimiento, lo que atenta contra el principio de proporcionalidad y de minimización de costes indirectos en el establecimiento y exigencia de obligaciones formales de dimensión constitucional y reconocimiento legal», recoge el documento.
La FETH también advierte de la pérdida de competividad que los establecimientos turísticos de Mogán, al considerar que la imposición de este tributo tendrá «perniciosos efectos» para los empresarios en comparación con los establecimientos de municipios como San Bartolomé de Tirajana, con los cuales compite. Además, añaden que en caso de estimarse el recursos y que la tasa caiga definitivamente, los empresarios no podrán recuperar las cantidades cobradas a los turistas y transferidas al Ayuntamiento.
Con todo, para la FETH, la nueva norma municipal incorpora «un sinfín de novedades y obligaciones, tanto formales como materiales, que genera una carga a los obligados tributarios cuya compljidad y su amplio ámbito de aplicación territorial subjetivo deviene completamente inasumible». Su suspensión evitará, por ahora, que los empresarios tengan que cobrar 0,15 euros por las 29.368 plazas plazas alojativas que hay en la localidad distribuidas en 35 hoteles, 67 complejos de apartamentos y más de 2.800 viviendas vacacionales y transferirlo después, cada seis meses, a las arcas municipales.
Guardar lo cobrado
Desde la FETH, su vicepresidente, Fernando Estany, manifestó este miércoles la satisfacción de la patronal por que la sala haya aceptado su petición de suspensión cauletar de la tasa y explicó que los establecimientos guardarán el dinero ya cobrado a los clientes para, en casa de que el recurso final dé la razón a los empresarios, hacer las devoluciones, aunque explicó que como todavía la cantidad no representa un importe excesivo hay complejos que están planteando la posibilidad de devolver ya el dinero a los clientes que están alojados y asumir luego ese gasto si la sala da la razón el Ayuntamiento y la tasa vuelve a entrar en vigor.
Algunos empresarios se plantean devolver el dinero cobrado y, si la tasa vuelve a entrar en vigor, asumir el gasto
Por su parte, desde la oposición en el Ayuntamiento de Mogán, los grupos de Nuweva Canarias (NC) y PSOE celebraron este miércoles la decisión judicial después de llevar meses advirtiendo en los plenos de que la norma no tenía encaje legal al considerar que no tenía un hecho imposible claro y que por eso era un impuesto «disfrazado de tasa».
El portavoz de NC, Juan Manuel Gabella, la decisión judicial «viene a confirmar toda la argumentación que llevamos esgrimiendo desde el momento de la aprobación inicial de la tasa». Se refiere a perjuicios al sector turístico, la falta de planificación y por parte de los obligados tributarios para poder preparar la maquinaria administrativa y del efecto que «puede tener en los contratos suscritos con los turoperadores».
A su vez, advertía sobre la imposibilidad de recuperar el dinero abonado en concepto de esta tasa si el proceso judicial falla en contra del Ayuntamiento. Por todo, considera que la tasa es «ciencia ficción administrativa» que infringe varias leyes. «La decisión caprichosa de Onalia Bueno deja en entredicho su acción, que no ha sido objeto de ningún pensamiento crítico y no ha escuchado a la oposición».
Por último, para el portavoz del PSOE, Artemi Artiles, «era de esperar». «Ya adelantamos en los plenos que había muchas dudas jurídicas; el hecho imposible que se quiere cobrar no se ajusta a una tasa sino a un impuesto», señala, por eso también critica que el Gobierno regional no vea en un impuesto autonómico una alternativa para luchar contra los efectos del turismo y opte por el aumento del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).
